Dieta ortodoxa con platos a elección del Gobierno

El favorable resultado de las gestiones de Sergio Massa y su equipo durante su viaje a Washington coloca al ministro de Economía ante una situación cuando menos fuera de lo común. Consiguió lo que iba a buscar, pero cualquier desacuerdo ya estaba descartado de antemano. Al asumir había ratificado su intención de cumplir con las metas anuales acordadas a fin de marzo con el Fondo Monetario para asegurarse los dos desembolsos que restan hasta diciembre. También las de 2023, año electoral, que implican otra vuelta de ajuste fiscal para reducir el déficit primario (sin intereses de la deuda) a 1,9% del PBI.

Al fin y al cabo, el modesto objetivo de ambas partes es evitar que la economía explote antes de las elecciones presidenciales del año próximo. En esto concuerdan tanto Cristina Kirchner como el staff del FMI, aunque se hayan invertido los roles. La Vicepresidenta dejó de hablar en público de los problemas económicos desde la intempestiva renuncia de Martín Guzmán mientras Kristalina Georgieva acaba de calificar como “devastadora” la altísima inflación argentina, principalmente para los más pobres.

No exagera. Las subas de 7,4% en julio, 7% en agosto y el piso de 6,5% que ya se proyecta para septiembre, evidencian que el promedio mensual se duplicó en nueve meses (enero había arrancado con 3,5%). De ahí que el índice de precios al consumidor va rumbo a cerrar diciembre con un alza de 100% interanual, que hará más complicado bajarlo el próximo año.

A diferencia de las tortuosas negociaciones de otras décadas, el Fondo no quiere aparecer esta vez como el villano de la película, ni empujar a la Argentina al precipicio. Su estrategia no es subir las exigencias, sino mantener vigente el acuerdo a base de mayores reservas netas en la caja del Banco Central, menor déficit fiscal y emisión de pesos para financiarlo.

Ante la ausencia de un plan, es lo más parecido a una hoja de ruta de tránsito lento hacia un incierto reordenamiento macroeconómico y con desvíos provisorios por senderos en mal estado. Massa aceptó estas condiciones con el pragmatismo y la rapidez de quien pregunta dónde hay que firmar. Poco que ver con el estilo académico de Guzmán.

La aceptación que tuvo este giro político puede sintetizarse con la elocuente frase de un conocedor de la entretela de las decisiones de la Casa Blanca. “Guzmán hubiese muerto por una foto con Janet Yelen”, sostuvo Héctor Torres, exrepresentante argentino en el FMI, en declaraciones radiales, al referirse al encuentro fuera de agenda que Massa mantuvo con la secretaria del Tesoro estadounidense, de quien depende el voto mayoritario de ese país en el board del organismo. También lo consideró como el “ala occidental” del Gobierno por sus contactos en los EE.UU. Aun así, no es seguro que vaya a conseguir el intercambio automático de información sobre cuentas bancarias no declaradas, ya que la Argentina no se ha caracterizado por resguardar el secreto fiscal.

El Fondo no cambió su menú ortodoxo para poner a dieta los excesos macroeconómicos, pero los platos quedaron a elección del Gobierno –al igual que la forma de prepararlos o combinarlos–, mientras cumpla el acuerdo. Sin embargo, esta modalidad no asegura previsibilidad ni consistencia de las medidas adoptadas o por adoptarse.

De hecho, antes de viajar a Washington, Massa había puesto en marcha la segmentación de subsidios a la energía, cuyo impacto presente y futuro sobre las facturas sigue siendo incierto; el recorte de partidas no ejecutadas de gasto público, sin orden de prioridades y el dólar soja a $200 como una “promo” de sólo 25 días. No obstante, el BCRA debió destinar una tercera parte del mayor ingreso de divisas a pagos frenados de importaciones y emitir más pesos para comprar cada dólar soja, que además aumenta los costos de la producción agroindustrial que la utiliza como insumo. Estas medidas apuntan a cumplir las metas de septiembre (reducción del déficit fiscal y acumulación de reservas netas) para asegurarse el giro de US$6000 millones en diciembre.

Durante el viaje, el BCRA prorrogó hasta fin de año el cepo para pagos de importaciones, que coloca a las empresas ante la encrucijada de comprar insumos pidiendo “fiado” para abonarlos hasta 180 días después a los proveedores del exterior que lo acepten, o frenar la producción. También aceleró las minidevaluaciones diarias del tipo de cambio oficial a un ritmo de 6,8% mensual, para reducir el atraso cambiario y subir el piso de la brecha con los dólares financieros, que en los últimos días volvieron a repuntar.

Al regreso de la misión, el BCRA acaba de elevar a 75% nominal anual (6,2% mensual) la tasa de interés de política monetaria y los plazos fijos de particulares para acercarla a la inflación y desalentar a corto plazo la demanda de dólares. Incluso con un dato llamativo: por primera vez el comunicado oficial no precisó la tasa efectiva anual (TEA), que equivale a 107,3 % y no llegaba a tres dígitos desde hace más de 30 años.

Esta medida forma parte del menú ortodoxo del Fondo porque permite absorber el excedente de pesos, aunque a costa de encarecer el crédito, enfriar el consumo, estancar la actividad económica y elevar el creciente déficit cuasifiscal del BCRA. En cambio, la drástica decisión de prohibir la compra de moneda extranjera en sentido amplio (incluso dólares libres y Cedear) a quienes mantengan subsidios en las tarifas de luz, gas y agua, puede reactivar la demanda en el mercado paralelo.

A los efectos del acuerdo, es indiferente para el FMI que la reducción del déficit fiscal se logre por la reducción del gasto público o el aumento de la presión tributaria. El oficialismo optó por este último camino con la media sanción en Diputados de las leyes de Consenso Fiscal, que aseguran la “caja” de provincias y municipios al habilitar subas de impuestos a los sellos en la transferencia de inmuebles, automotores y otros contratos, y la prórroga hasta 2027 de la vigencia de impuestos nacionales que en su momento fueron de emergencia (Ganancias, Bienes Personales, Movimientos bancarios) pero rigen desde hace décadas. Por si no fuera suficiente, el menú acordado con el FMI incluye el revalúo fiscal de inmuebles –activado parcialmente– para elevar la recaudación del impuesto inmobiliario.

Por ahora es la antesala del debate legislativo del proyecto de presupuesto de 2023, que no sólo repite el viejo truco político de subestimar la inflación (60% anual) para que un nivel mayor eleve la recaudación, habilite subas del gasto público por DNU o licue salarios o jubilaciones con aumentos por debajo. También incluye medidas extravagantes como el blanqueo de dólares para pagar importaciones o adquirir inmuebles usados para alquilar, en este caso con prohibición de venderlos durante 10 años.

La creatividad política siempre está presente, salvo para impulsar el crecimiento sostenido de la economía.

Por Néstor O. Scibona

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