La Justicia de EE.UU. falló a favor por YPF y la Argentina se evita pagar más de US$16.100 millones
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia del juicio por la expropiación de YPF
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LA NACIONSofía Diamante
En un fallo histórico, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia del juicio por la expropiación de YPF y, de esta manera, la Argentina se evita de pagar más de US$16.100 millones. Además, confirmó que YPF fue exculpada de responsabilidad durante el proceso de estatización.
El tribunal de apelaciones determinó que en primera instancia se interpretó erróneamente la ley argentina y que debe ser revisado, un argumento que había planteado la defensa del Estado argentino en la audiencia judicial celebrada el pasado octubre.
Los fondos demandantes tienen una última posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos. Sin embargo, según advierten abogados que siguen de cerca el caso, es poco probable que el máximo tribunal acepte revisar el expediente.
El presidente Javier Milei celebró la noticia, dijo que se “ha obtenido un triunfo histórico” y estimó que el país “evita el pago de aproximadamente US$18.000 millones”.
El proceso del juicio por la expropiación de YPF comenzó en 2015 y tuvo un fallo adverso en primera instancia para el Estado argentino en 2023, cuando la Justicia estadounidense lo condenó a pagar una indemnización superior a los US$16.100 millones más intereses, equivalente al 45% del presupuesto nacional.
La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, determinó que el Estado argentino violó el estatuto de YPF durante la estatización de 2012, al no respetar los derechos de los accionistas minoritarios, entre ellos Petersen Energía, Petersen Inversora y Eton Park. En consecuencia, ordenó al país pagar la compensación correspondiente, aunque eximió de responsabilidad a la propia petrolera.
Todas las partes apelaron el fallo y, en octubre de 2025, se llevó a cabo la audiencia de 96 minutos en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, en la que los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson escucharon los argumentos de los abogados del Estado argentino, de YPF y de los fondos Eton Park y Burford —que adquirió los derechos para litigar contra el país tras la quiebra de las empresas Petersen—.
En la apelación, la defensa argentina había presentado tres argumentos con el objetivo de revertir la sentencia o, en el peor de los escenarios, lograr una reducción significativa del monto indemnizatorio.
El primero de ellos —que fue planteado por tercera vez ante la Justicia estadounidense— sostenía que el juicio debió tramitarse en la Argentina. Ese argumento ya había sido presentado durante los gobiernos de Mauricio Macri y de Alberto Fernández, y ahora volvió a ser central bajo la administración de Javier Milei, que lo consideraba la vía más sólida para revertir el fallo de primera instancia.
Según la defensa, correspondía que un tribunal argentino determine qué norma tiene mayor jerarquía: la ley de expropiación, que permitió al gobierno de Cristina Kirchner estatizar el 51% de YPF, o el estatuto de la compañía, que obliga a quien adquiere más del 15% de las acciones a lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) al resto de los accionistas.
El segundo argumento era de carácter técnico y apuntaba al derecho societario, administrativo y público argentino. En este punto, el Estado sostenía que la jueza Preska interpretó erróneamente la normativa local aplicable al caso.
De hecho, el Tribunal de Apelaciones dijo que los estatutos de una empresa no son un contrato bilateral entre accionistas que permita reclamar daños de esa forma. Y además, señaló que la ley de Expropiaciones argentina prohíbe expresamente las acciones judiciales de terceros que interfieran con una expropiación.
Sin embargo, también fue bastante explícito en señalar que la Argentina procedió erróneamente: violó promesas que hizo a inversores extranjeros para atraer capitales en los años 90, y eso daña la credibilidad del país como destino de inversión. Pero dice que el remedio legal elegido por los demandantes sencillamente no corresponde bajo el derecho argentino. Luego de conocerse el fallo, las acciones de Burford se desplomaban 40% en Wall Street y 46% en Londres.
Si los jueces no aceptaban ninguno de esos planteos, la defensa había presentado un tercer argumento orientado a reducir el monto de la condena. Según el derecho procesal estadounidense, la indemnización debería calcularse con el tipo de cambio vigente al momento de la sentencia —en 2023— y no al del incumplimiento, ocurrido en 2012. De esa manera, la compensación iba a reducirse de más de US$16.100 millones a unos US$4920 millones, de acuerdo con los cálculos del Estado argentino. Finalmente, no hizo falta porque el Tribunal revocó todo el fallo de primera instancia.
La historia del fallo
La petrolera cotiza en la bolsa de Nueva York desde 1993. Al momento de la estatización, Eton Park era accionista de YPF. Burford Capital, en cambio, compró el derecho a litigar en la Justicia española, cuando las empresas Petersen –que habían fundado la familia Eskenazi en ese país y que eran accionistas de YPF– entraron en quiebra.
Los fondos sostuvieron que el gobierno de Cristina Kirchner no lanzó una OPA sobre el total de las acciones, como dice el estatuto de YPF presentado en Estados Unidos cuando salió a cotizar. Según el artículo 7º del estatuto, cuando un inversor compra más del 15% de las acciones, debe hacer una oferta de adquisición al resto de los accionistas.
En su momento, el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, quien era interventor en YPF, dijo en el Congreso, antes de votarse la ley de expropiación: “Créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el ciento por ciento a un valor equivalente a US$19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto! ¿Si no dónde está la seguridad jurídica? Señores, fue una empresa, se reunieron y dijeron: ‘¿Cómo podemos hacer para que nadie nunca intervenga en el control de la compañía?’”.
Tanto los demandantes como la jueza Preska citaron esa frase para justificar los alegatos y el fallo. “La República obligó a los demandantes a otorgarle un préstamo masivo después de expulsar por la fuerza a los miembros del directorio de YPF, el 16 de abril de 2012, lo que provocó que los representantes de Repsol en YPF huyeran del país. El Sr. Kicillof declaró descaradamente que sería ‘estúpido’ cumplir ‘la ley de la propia YPF’ o ‘respetar sus estatutos’”, dijo la magistrada.
La defensa argentina planteó en todo momento que la Constitución está por encima del estatuto de una empresa y que se rigieron por la ley de Expropiación. Durante el juicio, el Estado también detalló que Burford pagó 15,1 millones de euros al fisco de España y un 30% de la indemnización que resulte de la sentencia por el derecho a demandar, luego de que las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora quebraran en ese país, donde fueron constituidas.
Las compañías Petersen eran propiedad de la familia Eskenazi, dueña también del Banco de Santa Cruz, donde trabajó durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri el exprocurador del Tesoro, Carlos Zannini, encargado de liderar la defensa jurídica del Estado argentino. Pese a que el expediente de juicio en Nueva York figura que los demandantes son las empresas Petersen, la familia Eskenazi dice que el grupo, con operaciones en el país, “es totalmente ajeno a la demanda”.
Las empresas Petersen habían comprado el 25% de las acciones de YPF a Repsol, el 21 de febrero de 2008, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Primero pagaron US$1100 millones por el 14,9% de las acciones y luego US$2200 millones por el 10,1% restante, según los valores de mercado de ese entonces. Para ello, habían obtenido créditos por parte de un grupo de bancos europeos, que se iban a devolver con las utilidades de las acciones. Cuando la Argentina tomó el control de la firma, se suspendieron el cobro de dividendos y las empresas quebraron.
El fondo Eton, por su parte, había comprado el 3,04% de las acciones de YPF en noviembre de 2010 por un total de US$458 millones. En mayo de 2014, Kicillof arregló una indemnización de US$5000 millones a la petrolera española Repsol por el 51% de las acciones que tenía cuando fueron expropiadas.
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