Javier Milei subió la apuesta y criticó a Paolo Rocca en medio de la disputa por los tubos de India
El Presidente se refirió al empresario como “Don Chatarrín de los Tubitos CAROS”; el cruce expuso tensiones entre la apertura económica y la producción local
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LA NACIONAgustín Maza
El presidente Javier Milei subió este martes la apuesta de manera directa contra Paolo Rocca en lo que es el mayor conflicto comercial de su gestión. Lo hizo a través de un posteo en la red social X, donde el mandatario apuntó contra el CEO del Grupo Techint y lo calificó como el “Don Chatarrín de los Tubitos CAROS”, en medio de la controversia por la compulsa que perdió el holding empresario frente a un competidor de India para abastecer un proyecto clave de exportación de Gas Natural Licuado (GNL) desde la Argentina.
El mensaje presidencial coronó una escalada que comenzó con el resultado de una licitación privada, anticipado en exclusiva por LA NACION el domingo, siguió con cruces entre las principales compañías del país, derivó en la amenaza de una denuncia antidumping y, tras el apoyo del Ejecutivo al resultado de la compulsa, terminó por exponer una discusión de fondo: qué lugar tendrá la industria local en el nuevo esquema de apertura económica que impulsa el Gobierno, con foco en el desarrollo de Vaca Muerta y la minería.
La disputa se originó tras la decisión del consorcio Southern Energy (SESA) de adjudicarle a la firma india Welspun la provisión de tubos de 36 pulgadas para un gasoducto de 480 kilómetros que unirá Vaca Muerta con el Golfo San Matías, en Río Negro. La obra forma parte del proyecto para exportar GNL que incorporará a la Argentina al selecto grupo de proveedores globales de este combustible.
Según fuentes de SESA, Welspun presentó una oferta de US$203 millones, la más competitiva entre las propuestas que superaron la evaluación técnica. Tenaris, la subsidiaria del Grupo Techint que produce tubos con costura en su planta de Valentín Alsina, habría competido inicialmente con una oferta cercana a los US$296 millones, una diferencia de alrededor del 45%, un dato que la compañía rechaza al sostener que su propuesta estaba alineada con los precios internacionales en condiciones de competencia leal.
Durante el proceso licitatorio, y ante la diferencia de precios, el consorcio habilitó a los oferentes a mejorar sus ofertas. En ese marco, Techint redujo su propuesta a unos US$280 millones, aunque desde Southern Energy indicaron que la brecha seguía siendo cercana al 40%. Incluso la mejor oferta de una empresa china —un 15% más cara que la de Welspun— quedó fuera del proceso.
Con los contratos ya firmados el 23 de diciembre, Tenaris volvió a insistir días después y presentó una nueva propuesta que sería cercana a los US$250 millones, con el argumento de que un proyecto de esta envergadura debía realizarse en el país por su impacto en el empleo y la cadena de valor local. Más tarde, la compañía se comprometió a igualar las condiciones comerciales de la oferta ganadora, aun cuando el negocio no resultara rentable en lo inmediato.
El conflicto con el Gobierno se da en un contexto más amplio. Desde hace tiempo, Rocca viene cuestionando públicamente la política de apertura que impulsa la administración Milei y reclama lo que define como una “apertura inteligente” de la economía, que contemple los costos locales, el impacto en el empleo industrial y la competencia de productos asiáticos subsidiados.
Desde SESA respondieron que el proceso licitatorio ya estaba concluido, que las últimas ofertas habían sido presentadas fuera de plazo y que, aun con las mejoras, la propuesta de Techint no resultó la más competitiva. Además del precio, el consorcio ponderó la flexibilidad en las condiciones de pago, las garantías financieras y la escala global de Welspun, con presencia en más de 50 países y más de 30.000 empleados.
La disputa tomó un giro político cuando el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió públicamente la adjudicación y cuestionó la idea de priorizar al proveedor local si eso implicaba encarecer el proyecto. Milei no solo replicó ese argumento, sino que avanzó un paso más al apuntar directamente contra Rocca y acusar a periodistas y economistas de “operar” en defensa de intereses industriales.
El trasfondo excede largamente una licitación. Southern Energy está integrada por Pan American Energy (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%), y lidera uno de los proyectos más ambiciosos del sector energético argentino. El gasoducto fue presentado para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), se encuentra en evaluación y prevé una inversión de US$1300 millones, con capacidad para transportar 313 TBTU anuales hacia 2029 y generar cerca de 2500 empleos.
El consorcio también tiene aprobado bajo el RIGI un proyecto de mayor escala: la construcción y operación de dos barcos de licuefacción frente a la costa de Río Negro, con una inversión superior a US$15.000 millones a lo largo de los 20 años de operación de ambas plantas flotantes, que serán abastecidas en una etapa posterior por el gasoducto.
En Techint advierten que, pese a los beneficios fiscales, impositivos y cambiarios del régimen, la decisión termina financiando trabajo industrial en el exterior. Por ahora, la denuncia por dumping que ayer evaluaba hacer la firma no fue presentada ante la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) y tampoco hubo una respuesta institucional al cruce de Milei contra Rocca.
Para el Gobierno, en cambio, el mensaje es otro: la apertura económica, la reducción de costos y el respeto irrestricto de los contratos son condiciones necesarias para que los proyectos sean viables y para que la Argentina gane competitividad como exportador global de energía.
La situación dejó así al descubierto una tensión que atraviesa al empresariado argentino: cómo convivirán la apertura, la defensa frente a prácticas desleales y la supervivencia de la industria local en un modelo que promete inversiones récord, pero exige competir sin red.
El tuit de Milei se inscribe en una larga historia de tensiones entre los gobiernos argentinos y el principal conglomerado industrial del país. En particular, durante los años del kirchnerismo, Techint y su CEO fueron protagonistas recurrentes de cruces públicos con el poder político, casi siempre en torno a la política industrial, el rol del Estado y el impacto de los costos locales sobre la competitividad.
Uno de los episodios más recordados ocurrió en marzo de 2020, en plena cuarentena por la pandemia de Covid-19, cuando el entonces presidente Alberto Fernández cuestionó duramente a Rocca tras el anuncio de despidos en obras de construcción del grupo. “Has ganado tanta plata en tu vida; hermano, esta vez colaborá”, dijo el mandatario, al reclamarle al empresario que sostuviera el empleo en un contexto de emergencia sanitaria y económica.
Los cruces más virulentos, sin embargo, se remontan a 2012, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. En ese momento, el entonces viceministro de Economía Axel Kicillof acusó a Rocca de “no mirar la realidad ni los números de su propia compañía” y sostuvo que Techint sobrevivía gracias a la protección estatal. Desde el Gobierno se cuestionaban las críticas del empresario a la competitividad argentina y se lo acusaba de reclamar salarios más bajos y de beneficiarse de subsidios públicos.
Ese conflicto escaló hasta un intercambio formal de cartas entre Rocca y la entonces presidenta, luego de que se publicaran declaraciones del empresario sobre el deterioro de la competitividad industrial desde 2008. En su respuesta, Cristina Kirchner defendió la política económica y puso el foco en el costo laboral, al sostener que cuando Rocca hablaba de competitividad lo hacía en términos de salarios. El cruce incluyó mensajes públicos y posteos en redes sociales, una dinámica que anticipó debates que hoy vuelven a escena.
Años más tarde, en junio de 2022, la entonces vicepresidenta volvió a apuntar contra Techint, esta vez por el esquema de provisión de chapa para el Gasoducto Néstor Kirchner (ahora Perito Moreno). En un discurso en Tecnópolis, cuestionó al grupo por fabricar chapa en Brasil y cobrarle dólares al Estado argentino, y reclamó que se invirtiera en líneas de producción locales. “Si han ganado fortunas en la Argentina, pongan la producción en la Argentina”, lanzó.
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