Jubilados: el Gobierno y su estrategia judicial para reducir derechos

¿Cuánto le cuesta a las cuentas del Estado un fallo adverso en el caso referido a las jubilaciones que la Corte Suprema considerará el martes 18 de este mes? Nada.

Es la primera vez en la historia que un gobierno va a la Justicia a pedir que se disminuya un derecho que la Corte Suprema ya reconoció y que cambie su criterio sobre un tema ya resuelto. Desde hace nueve años, el Estado paga los juicios de reajustes de las jubilaciones aplicando un determinado índice de actualización a las remuneraciones a la hora de hacer el recálculo de los haberes.

Unos 700.000 jubilados lograron ya sentencias con ese criterio. Ahora quedan unos 150.000 expedientes en trámite, de jubilados a los que el Estado quiere que se les reconozca un derecho menor.

En la Corte estudian el caso del jubilado Lucio Blanco, en el que la Cámara Federal de Seguridad Social desestimó los argumentos de la Anses para el cambio del índice. En el expediente consta que la sentencia de cámara le reconoce que el primer haber sea igual al 56% del último salario; la Anses considera que es mucho y quiere pagar menos.

Hace ya alrededor de un año y medio que el gobierno comenzó a apelar ante la Corte estas sentencias sobre reajustes, a pesar de la promesa de no hacerlo. Desde el Gobierno se dijo, en un primer momento, que solo se habían apelado 38 casos. Hoy la Anses reconoce que apela el 95% de las sentencias: lo hace porque todas las cámaras del país, menos una, rechaza el planteo oficial sobre el índice.

Hoy, el organismo deudor de los jubilados instaló dos cuestiones.

1. Que un fallo favorable a los jubilados haría quebrar al sistema y que no podría cumplirse el objetivo de reducir el déficit. Respuesta con un dato duro: el presupuesto de 2019 destina $49.000 millones a pagos del plan de reparación histórica y de fallos judiciales. Esas sentencias, las que se pagarán el año próximo, son las que se adeudan desde 2017. Ya están proyectadas.

Si la Corte cambia el criterio que sostuvo hasta hoy, el impacto llegaría en 2021, dados los tiempos de espera para el pago el sentencias. En tal caso, las sentencias darían una diferencia a favor del Estado, que se traduciría en un "ahorro" de menos de $14.000 millones por año. Eso representa el 0,8% del gasto de la Anses.

Si no se modifica el criterio, el Estado mantendrá el esquema de pago a cuentagotas de sentencias que existe desde hace 15 años, hasta agotar el stock de expedientes pendientes. Esto demoraría unos 6 años.

2. Que habría una catarata de juicios. Las estadísticas de inicios de demandas previsionales muestran que el número cae continuamente desde que la ley de movilidad corrigió el mecanismo de actualización de los salarios para el cálculo del haber inicial. Quienes se jubilan hoy no tienen el problema sobre el cua aquí se discute. Blanco se jubiló en 2004 e inició el juicio en 2012. Quienes se jubilaron en los últimos dos años no tienen reclamo alguno. Según la propia Anses la reparación histórica fue un éxito y puede decirse que quienes no iniciaron juicio ingresaron al plan.

Un cambio de criterio sí traería mayor litigiosidad.

Es lamentable que los políticos de turno hayan repetido los mismos argumentos durante 30 años, creando estrategias judiciales para dilatar el cumplimiento estricto de la ley.

Con un costo poco significativo para el presupuesto nacional, si se les da lo que corresponde a 150.000 jubilados, entonces se proyecta seguridad jurídica, respeto por las decisiones de los jueces y mayor institucionalidad.

En resumen, se debe decidir si mantener el criterio o modificarlo ordenando la aplicación de otro índice. Si se sostiene lo que ya viene diciendo la Justicia, no pasará nada; si, en cambio, la Corte falla según lo pedido por el Gobierno, se condena a un grupo de jubilados a una jubilación bajísima y el Estado no verá ese mínimo ahorro hasta dentro de dos años.