Juicio por YPF: las provincias socias de la petrolera planean ir a la justicia penal de EE.UU. para investigar a los Eskenazi
Torres, Vidal y Cornejo, que lideran distritos que tienen acciones en la empresa, quieren mostrar ante el Departamento de Justicia que la adquisición por parte del grupo local esconde maniobras que serían fraudulentas
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LA NACIONDiego Cabot
En Estados Unidos se decide un proceso que podría aniquilar las reservas argentinas, comprometer cualquier plan económico y hasta obligar a más de una generación de ciudadanos a destinar una parte de su trabajo a pagar la sentencia. Adivinará el lector que se trata del llamado juicio de YPF. Allí, una nueva liga de gobernadores analiza golpear las puertas de la justicia penal de Estados Unidos para abrir una investigación sobre el origen del ingreso de la familia Eskenazi a la petrolera.
Por estas horas, los jefes distritales de Mendoza, Chubut y Santa Cruz, Alfredo Cornejo, Ignacio Torres y Claudio Vidal, ultiman detalles para encabezar una nueva línea de denuncias respecto del origen del millonario pleito. Los mandatarios, que ya habrían dicho sí a participar de la nueva ofensiva, mantienen conversaciones con sus colegas Alberto Weretilneck, Rio Negro, y con Rolando Figueroa (Neuquén) para involucrarse, o no, en la defensa argentina.
La idea es instar la acción penal, investigar la compra y posterior expropiación de YPF y con ese proceso en marcha, al menos, suspender la acción civil mientras se sustancia el otro juicio.
Sucede que en la ley de privatización del 51% del paquete accionario de YPF establecía que las provincias petroleras tendrían un porcentaje. Se especuló que sería el 50% de esa porción. Pero, finalmente, quedaron con un residual de acciones Clase B y no Clase A como sí tiene el Estado Nacional y los inversores privados que tienen el 49% y que entregan el control a la mayoría. Pero, titulares de esas acciones al fin, los mandatarios decidieron organizarse para ir por un camino espinoso, el de la justicia penal, por ahora, inexplorado por la defensa soberana de la Argentina.
Aquella operación de los últimos meses de 2007, cuando el grupo Petersen se hizo del 15% de las acciones con una opción para comprar otro 10%, luego tuvo su segundo capítulo en 2012, cuando se concretó la estatización de una parte de las acciones de Repsol, se ha convertido en una sombra en la historia corporativa y petrolera criolla.
La nueva estrategia, que como se dijo se anclaría en los intereses societarios que como accionistas tienen las provincias, apunta directamente contra la compra de las acciones de YPF por parte del grupo “especialista en mercados regulados”, como los definió el presidente de Repsol, Antonio Brufau, cuando se anunció la novedad, en 2008. De aquel ingreso al paquete accionario se originó esta causa, cuando la trilogía compuesta por la expresidenta Cristina Kirchner y sus ministros Axel Kicillof y Julio De Vido ingresaron a la compañía con un decreto de necesidad y urgencia y, con ese instrumento, intervinieron una empresa privada.
Poco tiempo después, cuando se sancionó la ley, se efectivizó la expropiación. Años más tarde, cuando Kicillof indemnizó a la petrolera española con US$5000 millones, omitió hacer la misma propuesta a los otros tenedores de acciones. El Grupo Petersen, de Eskenazi, fue a la quiebra ya que no pudo pagar la compra con los dividendos de la propia YPF y de allí surgió el derecho litigioso que compró en fondo Burford Capital y que hoy tiene una sentencia millonaria. Ir contra esa operación primogénita podría hacer caer todo lo que siguió. Claro, hay que demostrar en sede judicial que hubo delito.
Actualmente, el epicentro del asunto es la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, lugar en el que, después de años de litigio, la jueza Loretta Preska decidió que es obligación del Estado enviar a un banco de Nueva York las acciones en su poder para una eventual ejecución. Se trata de una medida extrema en la que el precio se tomaría a cuenta de una sentencia en la que la Argentina, no YPF, está condenada a pagar al fondo Buford alrededor de US$16.000 millones.
Ese proceso ha tenido varias derivaciones con diferentes apelaciones y recursos. De hecho, conviven uno por el fondo de la cuestión y otro por la ejecución, donde se ha decidido la entrega de las acciones. La semana que concluyó, y según informó Ignacio Grimaldi en LA NACION, la defensa argentina que es ejercida por la Procuración del Tesoro, presentó los argumentos para oponerse a la entrega de las acciones. En el escrito se habla de una supuesta violación de la inmunidad soberana. De acuerdo con la Procuración. “La práctica y el derecho norteamericano reconocen que la propiedad de un Estado en el extranjero está absolutamente protegida frente a embargos o ejecuciones”, dice el documento.
En otro párrafo, se hace referencia a que la orden de entrega de las acciones está en contra de las restricciones que tiene el Estado respecto de esos títulos ya que la ley de expropiación de 2012 exige la aprobación del Congreso por mayoría especial para cualquier transferencia de esas acciones.
Sin embargo, toda la millonaria trama judicial se dio en los tribunales comerciales de Estados Unidos. Ahora, los gobernadores están dispuesto a llegar con el caso a la administración penal, nada menos que al Departamento de Justicia norteamericano, el organismo más poderoso del país a la hora de investigar delitos complejos. De hecho, entre las agencias que forman parte del organismo se encuentra el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Justamente, entre las misiones que la agencia menciona hay una que encaja con lo que los gobernadores pretenden: “Combatir los delitos de cuello blanco significativos”.
¿Podría abrir el Departamento de Justicia una investigación por el caso YPF? Los conocedores de aquellos poderosos e intrincados pasillos dicen que sí y que se convertiría en un enorme proceso que podría llevar a gran parte de los protagonistas de toda la trama de la petrolera desde 2008 a presentarse a explicar cada una de sus participaciones. De ser así, varios conocidos pasarían, nada más y nada menos, que frente al organismo que intervino, por caso, en el Fifagate, el escándalo de corrupción que comprometió a la reina madre del fútbol mundial.
Los que exploraron esta posibilidad consideran que antes de tocar la puerta mayor tienen que pasar antes por la justicia local, puntualmente por el juzgado de Ariel Lijo, donde tramita una causa vieja que acumula años y pocos movimientos. Allí se investiga la operación de ingreso de la familia Esquenazi como accionista de YPF.
Quienes ya sondearon los pasillos americanos consideran que hay disposición para intervenir en el asunto, más aún en medio de una cercanísima relación de las administraciones de los presidentes Donald Trump y Javier Milei. Pero nadie acudió por ahora a ellos.
“No hay mucho tiempo para concretar la estrategia ya que la jueza Preska tiene para decidir la entrega de las acciones”, dice uno de los gobernadores. Como se dijo, Cornejo, Vidal y Torres son los que llevan la delantera. “Todo se va a definir en poco tiempo. Pero algo vamos a hacer porque somos socios y los derechos de nuestras provincias se ven afectados”, dijo otro de ellos a LA NACION.
No van a ser pocos los preocupados si el Departamento de Justicia decide abrir ese proceso. Los abogados que miraron y estudiaron la posibilidad dicen que un efecto inmediato del asunto sería la suspensión del caso civil, el que lleva Preska. La acción que pretenden los gobernadores podría haber sido explorada por el Estado nacional, pero jamás se avanzó en ese camino. No son menores los intereses que se tocarían ni los protagonistas que se deberían sentar en el banquillo. Sería un desfile impensado en un país que decidió que ese asunto sea una cuestión de millones en el exterior y que no se revisen las conductas de nadie, no vaya a ser cosa que haya un delito.
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