Qué es la ley de inocencia fiscal que entró en vigencia hoy

El Poder Ejecutivo puso en marcha hoy la reglamentación de la ley de inocencia fiscal para incentivar el flujo de divisas informales hacia el sistema financiero. La medida activa el Régimen Simplificado de Ganancias y establece un nuevo criterio de relación entre el Estado y los contribuyentes, ya que el decreto reglamentario permite que las personas utilicen sus ahorros sin enfrentar investigaciones sobre el origen de sus bienes acumulados.

El Gobierno define la norma como un blanqueo popular permanente, un sistema continuo que permite la regularización de ahorros informales y el uso libre del dinero. La condición principal reside en el pago de los tributos por las actividades de ahora en adelante. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) concentra la operatoria del sistema y los nuevos criterios de fiscalización, ya que controla únicamente los ingresos y las deducciones admitidas en el ejercicio actual.

La reglamentación aclara que no existe un análisis sobre la variación patrimonial ni sobre los gastos personales de los contribuyentes adheridos. Los depósitos de fondos generados en períodos anteriores no disparan pedidos de justificación administrativa. El decreto precisa los alcances del llamado “tapón fiscal” para clausurar el pasado en términos penales y tributarios. Esta medida abandona la presunción de culpabilidad fiscal y concentra los controles en los movimientos económicos futuros. El organismo recaudador pone a disposición una declaración jurada precargada para facilitar el trámite.

El beneficio alcanza a personas humanas con ingresos de hasta $1000 millones anuales, mientras que el límite de patrimonio se sitúa en $10.000 millones para cada uno de los últimos tres ejercicios. El sistema excluye a los grandes contribuyentes, un universo que abarca a unas 900 personas según los registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Los fondos ingresan en el sistema financiero al inicio o al final de la transacción comercial. El dinero se deposita en la cuenta del contribuyente o directamente en la del vendedor de un bien o servicio.

La compra de inmuebles mantiene la excepción histórica y el trámite se realiza en efectivo. El decreto eleva los umbrales de información bancaria para reducir la carga burocrática sobre los usuarios y las operaciones de hasta $10 millones mensuales no generan reportes automáticos hacia la autoridad fiscal. Desde el Gobierno sostienen que esta flexibilización dinamiza la actividad económica y facilita la circulación de capitales. “El Régimen Simplificado de Ganancias es una forma de tributar en la que ARCA no te va a pedir explicaciones por tu patrimonio ni por tus gastos personales”, explicaron desde el Gobierno.

La adhesión al régimen cuenta como un antecedente favorable en materia de prevención de lavado de activos y que los bancos podrán verificar esta condición mediante las bases de datos de ARCA. La normativa otorga seguridad jurídica a quienes deciden invertir ahorros no declarados en años previos. El cumplimiento del pago del impuesto en el período base activa el efecto liberatorio de manera inmediata y la autoridad fiscal pierde la capacidad de revisar el año en curso y los ejercicios anteriores.

Este beneficio se pierde ante una discrepancia significativa superior al 15% en las declaraciones. El uso de facturas apócrifas también anula la protección legal del régimen. El Ministerio de Economía estima que existen casi US$ 200.000 millones fuera del circuito oficial. Los depósitos privados en dólares ya superan los US$ 37.000 millones, el nivel más alto desde 2002.

El Gobierno actualizó los montos de las multas previstas en la Ley de Procedimiento Fiscal con un aumento del 100.000%. La sanción para personas humanas por no presentar declaraciones juradas sube de $200 a $220.000, mientras que para personas jurídicas escala de $400 a $440.000. El criterio de aplicación evita la automaticidad de la pena. ARCA envía un recordatorio previo con un plazo de entre diez y 15 días hábiles para regularizar la situación.

La sanción ocurre solo ante la falta de cumplimiento tras la intimación oficial. El organismo gradúa la multa según la gravedad de la conducta y que distingue entre demoras ocasionales o acciones reiteradas. Existe una reducción del 50% para quienes paguen la multa con rapidez. El Régimen Penal Tributario eleva el piso para la evasión simple a $100 millones. La evasión agravada requiere un monto de $1000 millones para su configuración. La prescripción para los contribuyentes cumplidores baja de cinco a tres años. La ley permite extinguir la acción penal mediante el pago de la deuda por única vez.

La normativa llega tras una etapa de tensiones con el sector financiero por los parámetros de cumplimiento. Los bancos reclamaron una mesa de trabajo con el Banco Central, la Unidad de Información Financiera (UIF) y ARCA. “El objetivo era unificar criterios y dar seguridad jurídica”, señalaron desde la asociación de bancos públicos y privados de la Argentina (Abappra). El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que los bancos no deben exigir documentación extra a los adherentes, mientras que el Banco Nación retiró una campaña publicitaria que invitó a depositar ahorros.

Hasta hoy existen 23.000 inscriptos sobre un total de 600.000 contribuyentes potenciales para este esquema. El Congreso sancionó la norma a fines de 2025 y el Ejecutivo la promulgó el 2 de enero de este año. El Gobierno espera que la reglamentación acelere las adhesiones en los próximos meses. El presidente Javier Milei impulsó un blanqueo que declaró más de 20.000 millones de dólares. Con la vigencia de la normativa, el oficialismo apuesta a que el proceso de regularización se transforme en una conducta permanente.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Agustín Maza.