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Tarifas, un foco de tensión entre Martín Guzmán y el Instituto Patria
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LA NACIONSofía Diamante
Durante las próximas semanas se sucederá una relación tensa entre el Ministerio de Economía y el Instituto Patria. El tema en discusión son las tarifas energéticas, una disyuntiva de la cual el kirchnerismo duro siempre evitó, manteniendo los precios congelados. El problema en este cuarto mandato del partido gobernante es que el Estado no cuenta con los recursos que solía tener, tras la irrupción de la pandemia, la escasez de reservas en el Banco Central y la imposibilidad de conseguir financiamiento en el mercado externo.
Como si fuera poco, el ritmo de inflación y de devaluación no es el mismo que años atrás. Esto genera que el aumento en las transferencias del Tesoro para cubrir los subsidios a la energía se aceleren cada mes. Este año, además, el Gobierno no contará con el único beneficio que trajo el coronavirus: el desplome del precio internacional del gas natural licuado (GNL), que le permitió que el gasto en energía no se dispare en 2020.
En este contexto, el martes pasado la Secretaría de Energía convocó a una audiencia pública para definir cuánto del precio de gas que le prometió pagar a las empresas productoras lo cubrirán los usuarios con tarifas y cuánto se pagará con subsidios (que provienen de la recaudación de impuestos).
Por el Plan Gas que lanzó el Gobierno a fines del año pasado, se acordó que las petroleras -entre las que están YPF, Tecpetrol, Pampa Energía, Total y Pan American Energy (PAE)- recibirán un precio promedio US$3,5 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector). Este valor aumenta a US$4,55 para la oferta de gas de invierno, cuando se incrementa la demanda.
En diciembre pasado, los usuarios pagaban con sus tarifas US$2,3 el millón de BTU. El resto lo cubría el Estado con subsidios. El problema es que cada vez que se devalúa la moneda, como las tarifas tienen un precio fijo en pesos, la recaudación alcanza para cubrir una parte menor de ese precio final. Hoy, por ejemplo, los usuarios pagan US$2,15. Es decir, cada vez que sube el dólar, el Tesoro tiene que girar más transferencias.
Por lo tanto, de no actualizar las tarifas, y si el dólar finaliza a un valor de $102,4 a fin de año, como proyectó el ministro de Economía, Martín Guzmán, el usuario terminará pagando US$1,87 el millón de BTU. En los cálculos que hacen en la cartera económica, para que los subsidios no aumenten en porcentaje del PBI, el precio que pagan los usuarios debería aumentar al menos un 35%, para que sigan cubriendo US$2,3 del precio final.
Por el lado del Instituto Patria, que está representado a través de los ente reguladores del gas y la electricidad -Enargas y ENRE, respectivamente-, la idea es aumentar solo la parte de las facturas que les corresponde a los componentes distribución y transporte. Para la semana próxima, se espera que el Enargas convoque a otra audiencia pública para actualizar estos valores. Estos segmentos pesan en promedio un 30% en el valor final de la tarifa, y es donde están representadas las empresas Metrogas, Camuzzi, Naturgy, TGN y TGS, entre otras.
Una actualización para este segmento significaría una suba de tan solo entre 7% y 9% final en las tarifas, de un dígito como era la expectativa del kirchnerismo duro. Pero si a ese incremento, se le suma también el aumento de por lo menos 35% que predican en el Ministerio de Economía para el precio del gas, la suba final de las tarifas sería más cercana al 30%.
Este aumento de tarifas tiene dos grandes interrogantes. En primer lugar, de llevarse adelante cualquier incremento, llegará a partir de las tarifas de mayo, cuando la demanda de gas comienza a subir por la llegada del invierno. Por lo tanto, los usuarios sentirán un incremento mayor cuando comparen las tarifas de gas con las de verano.
En segundo lugar, todavía no se sabe qué definirá la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre este tema, que es quien tiene la última palabra en tema de tarifas. Según el manual peronista, que repiten los funcionarios cercanos a la expresidenta, "no se aumentan tarifas en un año electoral".
Lo curioso en esta negociación es que todos los funcionarios que son parte fueron elegidos por la vicepresidenta: Guzmán, Federico Bernal, interventor del Enargas, y Darío Martínez, secretario de Energía.
Un congelamiento de casi dos años
Las tarifas de gas no se actualizan desde abril de 2019, cuando todavía gobernaba el expresidente Mauricio Macri. En ese entonces, se decidió posponer el aumento que correspondía en la segunda parte del año para enero de 2020.
Cuando asumió Alberto Fernández, una de sus primeras medidas fue congelar por 180 días las tarifas, legitimado por la sanción de la ley de Solidaridad. Cumplido ese plazo, el Gobierno volvió a posponer cualquier actualización y, en diciembre pasado, se decidió un nuevo congelamiento por 90 días. Para los primeros días de abril debería haber entonces un nuevo cuadro tarifario de transición.
"En 2020 la producción de gas en la Argentina declinó 9% con respecto a 2019, debido al impacto del congelamiento de las tarifas y la imposición de menores precios techo en las subastas para compra de gas para las térmicas. El Esquema de Gas apuntaba a reducir el control de precios, introduciendo competencia en el mercado para la formación de precios", analizó Mauro Chavez, director de gas para América Latina en Wood Mackenzie.
"Mientras que es considerando un logro significativo, la subasta no garantiza que la capacidad de producción de la Argentina vaya a crecer en los próximos años. Nosotros estimamos que, con los compromisos y contratos realizados, la producción doméstica se mantendrá próxima a la alcanzada en 2018, aún más baja que la producción pico histórica, alcanzada en 2019", concluyó.
