Vicentin: la pelea por la intervención se traslada a la Justicia Federal

Las posturas son irreconciliables. Mientras el Gobierno se mantiene inflexible y va por la expropiación, los dueños de Vicentin desplegarán una batería de acciones para atacar la intervención que incluyen presentaciones ante la Justicia Federal.

Por ahora, la empresa está manejada por Gabriel Delgado, el hombre que quedó al mando de la gestión cuando el Poder Ejecutivo cerró una negociación con los empresarios para que permitan su entrada a cambio de una negociación que debía empezar con una reunión en Olivos.

Pero desde que el presidente Alberto Fenández recibió a los representantes de la compañía, las cosas han cambiado. Y los dueños de Vicentin decidieron que la discusión sea local. Será un desafío para el Gobierno, para la Justicia y para los hombres de negocios santafesinos. No hay antecedente de semejante pelea vernácula ya que las grandes controversias por las estatizaciones se dieron en tribunales arbitrales internacionales. Los empresarios argentinos mirarán con atención cada letra que escriba la Justicia.

Se presentarán varios recursos para tratar de retomar el control; la defensa cobra importancia porque es la primer estatización que dependerá de la Justicia local y no de tribunales internacionales

Se irá por un torniquete a la intervención. El problema más importante es que Delgado toma decisiones, buenas o malas, que impactan sobre dos universos. El primero, sobre el concurso preventivo, un proceso judicial que vela por los derechos de los acreedores. El segundo, sobre la compañía en sí. Y mal que le pese a la Casa Rosada, las acciones de la compañía todavía son de sus dueños. Lo ejemplificaba ayer un conocedor de la cuestión comercial. Se estuvo a horas dejar sin seguro a plantas de la empresa, varias con alto contenido de materiales combustibles. Si un siniestro ocurría, los perjuicios patrimoniales afectaban a los socios, pero también a los acreedores, no al Estado. La póliza se pagó –$2,5 millones– y el contrato se mantuvo.

El camino de la defensa empresaria se podría encuadrar en lo que se llama vías jurídicas no excluyentes. Por un lado, los abogados atacarán un acto administrativo. Se cuestionará la validez del decreto de necesidad y urgencia mediante el que se dispuso la intervención con los argumentos de la ocupación temporal de la ley de expropiaciones de 1977.

Por el otro, seguramente, recurrirán a la justicia comercial para cuestionar la injerencia de este emisario del poder central en el proceso concursal ya que se podrían lesionar los derechos de los acreedores, entre ellos el Banco Nación.

Las cosas están tensas. Con el anunció entonado por el presidente Fernández, la situación empezó a correr por los carriles de una eventual negociación. El gobernador Omar Perotti intentó volver a trazar sus rasgos después de haber quedado desdibujado, casi borrado. Se había hecho cargo de un canal de comunicación con el Gobierno y hasta llevó una propuesta para que la atienda YPF. Pero se enteró de la idea expropiatoria un rato antes. Nadie lo consultó.

Ese día previo a la reunión en Olivos, el Presidente les hizo saber a los empresarios que el ticket de ingreso a la Quinta Presidencial era acceder a dejar ingresar al interventor. Los santafesinos aceptaron y agendaron encuentro. Perotti pensó que volvía a trazar su contorno desdibujado. Pero esa tarde, ante de verse las caras, exáctamente a las 15, las cosas se tensaron. El escribano del Gobierno empezó a redactar el acta para la toma de la empresa. Los abogados de Vicentin le dijeron que iban a hacer las reservas necesarias, y por escrito, en ese acta.

Negativa de un lado, imposiciones, del otro. Lo cierto es que el teléfono se encendió y las llamadas con la Quinta de Olivos se hicieron constantes. Finalmente, el escribano recibió la orden de acceder al pedido de dejar sentadas las reservas que le pedían los ejecutivos. Para la Casa Rosada, recibir a los dueños de Vicentin con el interventor sentado en las sillas que hasta hacía horas eran de ellos pasó a ser fundamenta. Gestualidades y poder.

La reunión fue dura. "Estoy salvando una empresa quebrada", dijo el Presidente. Lo interrumpió un abogado de la empresa. "Perdón Alberto –le dijo, en uso de una vieja confianza–, es una empresa concursada que está en un proceso absolutamente regular y con gran parte de las actividades en marcha". Hubo un intento para que la intervención se encuadre en el concurso pero fue la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, la que dio por tierra esa opción ya que se refirió a qué lo único que se iba a aplicar es el decreto.

Perotti luego dijo que el Presidente estaba dispuesto al diálogo. Nada más alejado de lo que había terminado de pasar. La figura del gobernador de Santa Fe no sólo perdió los contornos; parece como proyectada detrás de un vidrio esmerilado.

Sin intermediarios, el único canal abierto es la intervención. Sólo se habla de gestión inmediata, nada de estrategias.

Los empresarios han entregado demasiada información de la empresa. En un punto hay quienes se ríen debajo de la mesa. Mejor dicho, de algunos escritorios oficiales. Con la excusa de rescate y acuerdos, entregaron muchos datos a YPF, al Banco Nación y a al pool de bancos extranjeros. Quedaron desguarnecidos y se habla de traición.

En Vicentin recuerdan cuando en febrero se entregó al Banco Nación una propuesta de refinanciación de la deuda de alrededor de 300 millones de dólares. Se trataba de un plan de pagos a 10 años y la entidad bancaria les entregó el visto bueno. Les advirtió que iba colocar un veedor en la empresa, una suerte de interventor con atribuciones para conocer desde adentro los números. Se acordó todo y hasta les pasaron el nombre: Arnaud Irubarne, un contador especialista en finanzas que, dicen, hasta fue contratado. Aquella operación tenía que ser tratada por el Directorio del Central para la aprobación final.

Pero la pandemia retardó las cosas, y quizás, la intromisión del ala dura del Gobierno, también. Jamás aquella carpeta se elevó y el acuerdo, con el tiempo, se convirtió en letra muerta.

Explican que gran parte del descalce tuvo que ver con lo que pasó en la Argentina el año pasado, entre las elecciones de agosto y diciembre. Liquidaron a los productores US$1784 millones, 800 millones más que un año promedio. Se sabía que venían más retenciones y nadie quería perder. Los productores corrieron a la caja de pago de Vicentin, que tuvo dinero hasta diciembre. Pero poco importa, la política argentina es incapaz de poder medir las consecuencias en los negocios de algunas de sus conductas.