Cuatro experimentos arriesgados, pero exitosos durante la pandemia

Inés Capdevila
Inés Capdevila LA NACION

Cuatro experimentos arriesgados pero exitosos durante la pandemia

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22 de mayo de 2020  • 22:38

Los números del coronavirus se aceleran y la Argentina o, en realidad, el Área Metropolitana de Buenos Aires , empieza a mirar en la cara la curva que tanto hizo y hace sufrir a otras naciones, de todos los continentes. La línea de contagios se empina cuando ya llevamos más de dos meses de confinamiento y la fecha de su vencimiento es tan incierta y lejana como lo es el resultado de la estrategia para contener la pandemia.

Sin embargo, mientras la Argentina se preparaba, encerrada, para este momento, otros países se animaron a experimentar con algunas estrategias que podrían servirle al país para enfrentar lo peor del virus y la pospandemia. Todas ellas incluyeron un elemento que otras naciones prefirieron evitar, el riesgo, no solo el económico sino también el sanitario. Pero eventualmente se revelaron como exitosas. La primera empieza a ser aplicada , tras dos meses de cuarentena, en los barrios más vulnerables de la capital y el conurbano.

Más testeos, menos restricciones y menos muertos

¿Puede un país tener demasiados hospitales? Para algunos poderosos sectores alemanes, sí. En 2019, la Fundación Bertelsman condensó todas esas críticas de economistas en un estudio que llamaba a reducir masivamente el número de instituciones en el territorio y a concentrar recursos en los grandes hospitales. Alemania, por ejemplo, tiene dos veces más unidades de terapia intensiva per cápita que Francia y cuatro veces más que Italia y España.

Menos de un año después esa capacidad hospitalaria, entre otros factores, convirtió a Alemania en un experimento de éxito en la lucha contra el coronavirus, con un número de muertos por millón de habitantes que es por lo menos cuatro veces menor que el de las otras potencias europeas.

La estrategia de testeo fue igualmente decisiva. Hoy otros países europeos testean más por millón de habitantes que Alemania. Pero el país creó sus primeros tests en enero y ya en febrero realizaba decenas de miles de pruebas semanales cuando otras naciones occidentales apenas reconocían el impacto del virus.

Testeo masivo y precoz y no solo de casos sospechosos para tomar el virus, en lo posible en la primera semana, antes de que evolucionara y comprometiera seriamente la salud del paciente. En la Argentina, por ejemplo, se testea solo casos sospechosos en base a una definición más estricta que en otros países. Esa estrategia debió ser ampliada, sin embargo, en los barrios vulnerables del AMBA, hace unos días; allí el Gobierno flexibilizó la definición de caso sensible para "ir a buscar" a los infectados y sus contactos. En Alemania, se hizo eso desde febrero; las autoridades sanitarias salieron a la caza de los contagios.

Esa política confrontó rápidamente al gobierno de Angela Merkel con un alto número de contagiados y, por lo tanto, con la necesidad de tomar medidas duras, capaces de recortar libertades y de detener y revertir el crecimiento económico, dos pilares de los casi 15 años de mandato de la canciller.

Con un discurso inédito, en marzo, la canciller impuso fuertísimas medidas de distanciamiento social, pero no un confinamiento total, pese a la posibilidad de que la pandemia se descontrolara. En lugar de enfocarse en las restricciones, Merkel prefirió tomar riesgos y confiar en la capacidad de los ciudadanos de respetar el distanciamiento social y en la habilidad de los gobiernos regionales de controlar esa medida. El aislamiento alemán fue el menos estricto de los mayores países europeos.

Así, con la detección temprana y el distanciamiento social, la gran mayoría de los contagios alemanes fueron tratados por médicos clínicos sin necesidad de que llegaran a ser internados. El sistema hospitalario, liberado y con una enorme capacidad preexistente, pudo entonces dedicar sus recursos y personal a atender a los infectados críticos con mayor eficiencia y recursos.

Eso ayudó a que la tasa de mortalidad de Alemania fuera notablemente menor a las de sus vecinos europeos e incluso o muy poco mayor a la que registró el país en años anteriores. De acuerdo con un estudio presentado por la Oficina Federal de Estadísticas, en el peor período de la pandemia, las dos primeras semanas de abril, la mortalidad excesiva fue 13% mayor que en el mismo período de 2016 a 2019.

Menos restricciones y más confianza, testeos y hospitales que las otras potencias europeas fue la fórmula arriesgada, pero exitosa que también le permitió a Alemania tener uno de los aislamientos más cortos del continente, de casi un mes y medio.

La transición danesa y el factor relegado

Si el experimento alemán para navegar el pico de la pandemia y el aislamiento fue usado de ejemplo por otras naciones, la ecuación de Dinamarca podría ser el modelo para abrir el país y recuperar algo de normalidad, a pesar de los peligros. Y es observada por otros países que buscan recuperar uno de los pilares de cualquier sociedad, hoy relegado por la salud y la economía, pero tan esencial como ellas: la educación.

Contagios controlados, aceptación y confianza social, medidas estrictas de higiene y distanciamiento, colegios abiertos, aprendizaje, padres y economía en marcha; esa fue la compleja fórmula danesa.

Dinamarca fue el primer país europeo en cerrar los colegios y también el primero en reabrirlos. El gobierno de Mette Frederiksen suspendió las clases el 11 de marzo cuando impuso una cuarentena estricta sobre un país que cerró casi por completo. Menos de 40 días después, cuando el pico había quedado atrás y la reapertura se empezaba a debatir, la premier anunció que, con las primeras flexibilizaciones, volverían las clases para los cursos inferiores de la primaria.

La razón: Dinamarca tiene una de las mayores proporciones globales de padres que trabajan por lo que para que ellos pudiesen recuperar su actividad, los chicos tenían que retornar a los colegios.

Las medidas de seguridad sanitaria fueron incontables: clases por la mitad, alumnos distanciados por dos metros, lavado de manos cada dos horas, nada de abrazos, y grupos de juego de no más de cuatro niños en los recreos. La decisión de Frederiksen sobre cuándo y cómo reabrir no era ajena al peligro, pero contó con varias ayudas esenciales para recortar ese riesgo: información precisa sobre la curva de infecciones, capacidad sanitaria disponible y, sobre todo, la aceptación de padres y maestros de que es imposible derrotar al coronavirus y que hay que aprender a convivir con su daño constante.

Antes de reabrir, el gobierno le presentó al sindicato de maestros un informe que advertía que, al reabrir los cursos inferiores, la tasa de reproducción (R) subiría del 0,7 al 0,9, lo que representaba unos 260 pacientes en las terapias intensivas. Pese al aumento, eso implicaba mantener la pandemia bajo control y al sistema hospitalario (con capacidad para 450 pacientes críticos) sin saturar. Con dudas y miedos, el sindicato de maestro aceptó volver a las aulas y los padres siguieron el ejemplo, aunque no todos inmediatamente.

Pero el contrato tácito entre todos los sectores y el experimento funcionaron sin disparar los números de contagios: hoy el número R está nuevamente en 0,7. Y esta semana, el resto de los chicos daneses, incluidos los de los últimos años de secundaria, se reincorporaron a la educación.

Nace un nuevo oficio en todo el mundo, los rastreadores de coronavirus

Si las cuarentenas son casi repentinas y de un día para el otro, las reaperturas son -no importa dónde- graduales; esa progresividad por ahora la que más permite minimizar los riesgos y volver atrás en caso de que se disparen los contagios.

La estrategia de reapertura y, en definitiva, del regreso a algún tipo de normalidad está, sobre todo, basada en la prueba y el error y en los testeos intensivos y extendidos. Incluye además un actor central nuevo, sobre todo para Occidente: los rastreadores de coronavirus.

Desde Corea del Sur y China hasta Estados Unidos y la Argentina, ellos son los encargados de cartografiar la vida diaria reciente de los contagiados y de cerrar el círculo sobre todos aquellos a quienes ellos pueden haber infectado. Son los detectives que rastrean el virus para cortar su línea de contagio y evitar que un minibrote se convierta en una oleada de casos una vez que las cuarentenas han sido levantadas.

Son también una especie de policía sanitaria que reclamará a los contagiados - confirmados o sospechosos- los datos más íntimos de la vida; son lo más parecido a las app de monitoreo que ayudaron a Asia a combatir el coronavirus con un costo no menor: el de la privacidad individual.

Hoy todos los países los contratan, y de a miles. En Wuhan, unos 9000 controlan posibles infecciones entre los 11.000.000 de habitantes. El gobierno norteamericano cree que necesitará entre 100.000 y 300.000 "detectives de la salud" para mantener las riendas cortas sobre la pandemia; Gran Bretaña apunta a contratar por lo menos a unos 100.000 en las próximas semanas.

Los requisitos son amplios, incluyen desde conocimientos tecnológicos hasta formación epidemiólogica. Todos los gobiernos coinciden en un rasgo que estos rastreadores deben tener: empatía. Esa cualidad es necesaria para establecer un lazo de confianza con los potenciales contagiados; después de todo, ellos deberán confesarle todos los detalles de su vida reciente -con quienes estuvieron, cuánto tiempo, cómo, dónde- para que se pueda establecer el mapa de la infección.

Y allí es donde entra el riesgo de este experimento ya probado con éxito en Oriente pero no tanto en Occidente. El peligro, en este caso, viene en la forma de dos preguntas ¿cuánta privacidad estarán las personas dispuestas a resignar? ¿cuán confiable serán los Estados en su promesa de no usar esos datos para otra cosa que no sea el combate del coronavirus?

¿La guerra o la tregua de las vacunas?

Las preguntas sobre la privacidad individual y sobre el uso de esos datos por parte de los Estados tal vez empiecen a ser vetustas una vez que la vacuna contra el Covid-19 haya sido descubierta. En ese momento, comenzará a divisarse el principio del fin de la gran pandemia.

Desde que el virus irrumpió, tal vez el experimento más exitoso sea el de la carrera por la vacuna contra este coronavirus. Hay más de 100 proyectos en todo el mundo y ocho de ellos entraron, increíblemente, en fase de ensayo clínico. Incluso si aún no hay un resultado favorable, ya de por sí la carrera es un logro en sí mismo: nunca el proceso por una vacuna evolucionó con tanta rapidez y fuerza.

La carrera lleva la forma de competencia entre laboratorios y de guerra entre potencias. Mientras los Estados Unidos de un Donald Trump dispuesto a cualquier cosa por su reelección pone miles de millones de dólares por quedarse con la primera vacuna eficaz y segura, la China de un Xi Jingpin ansioso por convertir a su país en el gran poder global promete que ella será, en cambio, "un bien público mundial" y presiona a sus investigadores por llegar cuanto antes a la inmunidad.

Una vez descubierta la vacuna, el mundo necesitará -según estimaciones de los especialistas- por lo menos 4000 o 5000 millones de dosis, en especial para los adultos mayores, cuyo sistema inmunológico está más desgastado.

Y, precisamente en esa etapa, tal vez la guerra tenga que convertirse en una tregua. Si descubrir una vacuna es una tarea casi titánica, producirla en la cantidad y tiempo necesarios para derrotar la pandemia en un plazo corto es doblemente difícil y va a demandar más cooperación internacional de lo que China y Estados Unidos prevén.

Serán necesarios los megalaboratorios europeos, chinos y norteamericanos; las fábricas de Brasil, India, Indonesia o Tailandia -potencias manufactureras de vacunas ellas-, la capacidad logística de los organismos internacionales para llegar a distribuirla en rincones remotos y vulnerables y la diplomacia de la Unión Europea (UE) para poner de acuerdo a Pekín y Estados Unidos.

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