EE.UU. flexibiliza las sanciones al petróleo de Venezuela para frenar la escalada de los precios en plena guerra con Irán
Washington autorizó a empresas a operar con Pdvsa bajo control financiero estadounidense; busca aumentar la oferta global tras el cierre de Ormuz y contener la suba de precios
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LA NACION
WASHINGTON.– Estados Unidos dio un giro en su política exterior y decidió flexibilizar las sanciones sobre el petróleo venezolano para intentar aliviar la presión sobre los precios globales de los combustibles.
El Departamento del Tesoro emitió una autorización que permite a empresas estadounidenses y de otros países comprar y comercializar crudo de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), la compañía estatal del país sudamericano. La medida representa un cambio significativo después de años en los que Washington bloqueó casi por completo las transacciones con el sector energético venezolano.
El objetivo es claro: aumentar el suministro mundial de petróleo en un contexto de fuerte volatilidad. Desde el inicio de la guerra, los precios se dispararon tras la decisión de Irán de interrumpir el tráfico en el estrecho de Ormuz, un paso clave por donde circula cerca de una quinta parte del crudo global.
La flexibilización no implica un levantamiento total de sanciones. Por el contrario, establece un esquema de control directo por parte de Estados Unidos. Los pagos por el petróleo venezolano no podrán ir a entidades sancionadas como Pdvsa, sino que deberán canalizarse a través de una cuenta especial supervisada por Washington. En los hechos, la Casa Blanca habilita el comercio, pero retiene el control del flujo de dinero.
Además, la licencia impone restricciones claras: quedan prohibidas las operaciones que involucren a países como Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba, así como a ciertas entidades chinas. Tampoco se autorizan transacciones en criptomonedas o en oro.
La decisión se inscribe en una estrategia más amplia del gobierno de Donald Trump para estabilizar el mercado energético en medio de un conflicto sin horizonte de cierre. En paralelo, la Casa Blanca anunció una exención de 60 días a la Ley Jones, lo que permitirá reducir costos logísticos en el transporte interno de combustibles dentro de Estados Unidos.
Un funcionario del Tesoro, que habló bajo condición de anonimato, explicó que la medida busca incentivar inversiones en el sector energético venezolano y generar beneficios tanto para Caracas como para Washington, en un intento por recomponer la oferta global.
El giro se produce después de la operación militar que llevó a la destitución y arresto de Nicolás Maduro en enero. Desde entonces, Trump sostuvo que Estados Unidos “dirigiría” el proceso de recuperación del país y participaría en la comercialización de su petróleo.
El impacto potencial es significativo. Venezuela posee las mayores reservas de crudo del mundo, pero su producción se derrumbó en las últimas décadas por la combinación de corrupción, mala gestión y sanciones. Pasó de unos 3,5 millones de barriles diarios a fines de los 90 a menos de 400.000 en 2020.
La reapertura parcial del mercado podría impulsar la economía local, fuertemente dependiente del petróleo. Aun así, genera críticas. Sectores opositores advierten que la medida podría beneficiar a dirigentes alineados con el chavismo, en un contexto marcado por denuncias de corrupción, represión y violaciones a los derechos humanos.
La situación económica interna sigue siendo crítica. Muchos empleados públicos sobreviven con ingresos cercanos a los 160 dólares mensuales, mientras que la inflación alcanzó el 475% anual, lo que disparó el costo de los alimentos.
En este escenario, Washington apuesta a Venezuela como una pieza clave para equilibrar el mercado energético. La decisión se suma a otros movimientos recientes, como la flexibilización temporal para permitir compras de petróleo ruso en tránsito, una señal de hasta qué punto la guerra con Irán obligó a Estados Unidos a revisar sus propias sanciones.
Cambios en la cúpula venezolana
En simultáneo con la medida de Estados Unidos, Venezuela también dio un giro al anunciar el desplazamiento de un hombre clave del régimen de Nicolás Maduro: el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.
Así, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este miércoles que el general Gustavo González López reemplazará a Padrino, que ocupaba el cargo desde 2014.
“Agradecemos al general Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país”, escribió Rodríguez en Telegram. “Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas”, agregó, sin detallarlas.
El reemplazante, Gustavo González López, había sido designado pocos días después de la caída de Maduro como jefe de la guardia presidencial y de la temida dirección de contrainteligencia.
Agencias AP y Reuters
LA NACION
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