Fracasó la flotilla humanitaria: qué hará Israel con Greta Thunberg y los activistas que querían llegar a Gaza
La operación del Ejército israelí impidió el paso de los barcos; los tripulantes fueron detenidos y serán deportados, aunque se desconoce cuándo
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LA NACION
JERUSALÉN.- Las fuerzas israelíes interceptaron la flotilla humanitaria que transportaba ayuda con destino a Gaza, en el último intento de los activistas extranjeros de romper el bloque israelí y entregar suministros al territorio palestino.
Los organizadores de la Flotilla Global Sumud dijeron que un solo barco -de los más de 40- pudo continuar navegando, pero se detuvo cerca de la costa gazatí este jueves por la mañana antes de que se perdiera el contacto.
La Flotilla Global Sumud denunció en un comunicado que la intercepción en aguas internacionales constituye un crimen de guerra, acusó a Israel de practicar “secuestros” y “detenciones ilegales”, y señaló que las Fuerzas de Defensa usaron agua contaminada y bloquearon las comunicaciones de los barcos de forma deliberada.
“Cada acto de represión contra nuestra flotilla y cada intento de silenciar la solidaridad no hace más que reforzar nuestra determinación”, subrayaron los organizadores de la flotilla propalestina.
A continuación, un detallado de las implicaciones legales para los cerca de 500 parlamentarios, abogados y activistas que viajaron a bordo de más de 40 barcos civiles que formaban la flotilla.
¿Cuáles son los antecedentes?
Al igual que en ocasiones pasadas, los activistas de la Flotilla Global Sumud fueron interceptados por las fuerzas israelíes cuando intentaban romper el bloqueo naval que pesa sobre Gaza desde hace más de 17 años. El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí confirmó que todos los detenidos serán deportados a Europa en los próximos días.
Entre los pasajeros de esta nueva misión se encontraban figuras reconocidas en el ámbito internacional, como la activista climática sueca Greta Thunberg, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y la europarlamentaria francesa Rima Hassan. Todas ellas ya habían participado previamente en intentos similares.
En junio, Thunberg y otros tres activistas habían sido deportados de manera inmediata, tras firmar las órdenes de expulsión que renunciaban al derecho a retrasar su salida para apelar. Otros, como Hassan, habían rechazado en el pasado firmar esos documentos bajo el argumento de que nunca tuvieron la intención de ingresar a territorio israelí. En aquella ocasión fueron igualmente trasladados a Israel por la fuerza y deportados tras una audiencia judicial. Como sanción, recibieron además una prohibición de entrada de cien años, lo que en la práctica equivale a un veto permanente.
Identificación, reclusión y deportación
La ONG Adalah, que se especializa en derechos humanos y cuestiones legales en Israel, anunció que representará nuevamente a los activistas detenidos. Su director jurídico, Suhad Bishara, adelantó que los participantes serían identificados en el puerto de Ashdod, 40 kilómetros al norte de Gaza, antes de ser derivados a la autoridad de inmigración para tramitar su deportación anticipada. Posteriormente, serían trasladados bajo custodia, posiblemente a la prisión de Ketziot.
En declaraciones previas, Adalah había explicado que, aunque Israel mantiene un registro de los activistas reincidentes, generalmente se los trata igual que a los participantes debutantes: detención breve y deportación. Sin embargo, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, planteó recientemente la posibilidad de aplicar detenciones prolongadas a quienes insistan en desafiar el bloqueo.
El Ministerio de Exteriores israelí difundió fotos y videos de los detenidos en su cuenta oficial en X, asegurando que se encontraban “sanos y salvos” y que serían trasladados de manera ordenada a Europa.
Antes de la intervención, varias embarcaciones de la flotilla habían transmitido en vivo imágenes del acercamiento de los barcos israelíes, que usaron cañones de agua, reflectores y maniobras de hostigamiento. Los activistas, anticipando el abordaje, se sentaron en círculos con chalecos salvavidas, levantaron las manos en señal de resistencia pacífica y, en algunos casos, arrojaron sus teléfonos al mar para evitar su incautación.
Una prisión de alta seguridad
Según explicó Omer Shatz, experto israelí en derecho internacional en Sciences Po, de París, los activistas probablemente serían llevados a la prisión de Ketziot, una instalación de máxima seguridad en el sur de Israel que normalmente alberga a prisioneros de alto riesgo, no a migrantes o activistas. “El motivo puede ser logístico: procesar a 500 personas de manera simultánea es un desafío enorme para las autoridades”, señaló Shatz, quien recordó que la prisión es conocida por sus condiciones particularmente duras.
La operación israelí contra la flotilla comenzó la noche del miércoles y se extendió hasta el amanecer del jueves. Fue descrita como “mayoritariamente pacífica”, aunque incluyó momentos de tensión. Los organizadores habían asegurado que esta flotilla, la más numerosa hasta la fecha, sería más difícil de interceptar. Sin embargo, casi todos los navíos fueron bloqueados o quedaron incomunicados tras perder señal en medio de la operación.
Repercusiones internacionales y protestas
Las consecuencias diplomáticas y sociales fueron inmediatas. En ciudades como Roma, Nápoles, Estambul, Atenas y Buenos Aires se registraron manifestaciones de apoyo a los activistas, y se anunciaron más protestas para los próximos días.
En Italia, la principal central sindical convocó a una huelga general de un día en solidaridad con la flotilla, lo que generó fuertes críticas de la primera ministra Giorgia Meloni. “Esto no beneficia al pueblo palestino, pero sí generará grandes problemas para los italianos”, afirmó desde Copenhague.
Gobiernos como los de Turquía, Colombia, Pakistán y Malasia condenaron la operación israelí.
Turquía calificó la acción como un “acto de terrorismo” y exigió la liberación inmediata de sus ciudadanos.
El presidente colombiano Gustavo Petro fue más allá: anunció la expulsión de la delegación diplomática israelí en Bogotá y la suspensión del acuerdo de libre comercio bilateral.
El Ministerio de Exteriores de Pakistán también denunció la operación como una violación grave del derecho internacional y un “acto de agresión contra civiles desarmados”, mientras que el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, habló de un “desprecio absoluto” de Israel hacia los derechos humanos y la conciencia mundial.
Francia e Italia adoptaron un enfoque más pragmático, limitándose a coordinar con Israel para garantizar que sus ciudadanos sean deportados lo antes posible y sin violencia. Israel, por su parte, aseguró que ninguno de los barcos logró romper el “bloqueo naval legal” y advirtió que cualquier intento futuro será igualmente impedido.
Agencias AP, AFP y DPA
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