Ajustado recuento en Uruguay: Lacalle Pou se impuso en un referéndum clave
Con casi el 99% de las mesas escrutadas, la diferencia fue de poco más de 21.000 votos
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Corresponsal en UruguayNelson Fernández
MONTEVIDEO.- El bipartidismo histórico del Uruguay que era entre colorados y blancos mutó este domingo en una definición clave para el gobierno, con un referéndum que enfrentaba otros colores: celestes versus rosados. El presidente Luis Lacalle Pou que asumió el cargo hace poco más de dos años, enfrentó un desafío político ante la poderosa coalición de izquierda Frente Amplio, que logró convocar a este referéndum que busca derogar una ley que es la base de las reformas emprendidas por el gobierno.
Con el 99 por ciento de las mesas escrutadas, el “No” a la derogación, impulsado por el oficialismo, se impuso por unos 1.071.600 votos contra 1.050.414.
Este domingo, entre las 8 y las 19:30, unos 2,7 millones de uruguayos fueron convocados a votar sobre la Ley 19.899 conocida como la LUC, por la sigla de la “Ley de Urgente Consideración”.
Las encuestas mostraban una ventaja para el gobierno y el “No” a la derogación, pero hay un alto nivel de indecisos, indefinidos y desinteresados, lo que abre dudas sobre lo que pueden arrojar las urnas al final del recuento.
Lacalle Pou llegó a la votación con un alto nivel de aprobación a su gestión, de 50% y más según todas las encuestas, y de bajo rechazo, que nunca llega a un tercio del electorado, lo que le da confianza para conseguir un triunfo de la papeleta de color de celeste, la del “No”.
La izquierda, que gobernó por tres períodos seguidos (2005-2020) y que expresa confianza en volver al poder con las elecciones de 2024, llegó con el entusiasmo de una militancia activa que obtuvo en tiempo récord las casi 800 mil firmas (y huellas digitales) que permitieron cumplir con el requisito constitucional para impugnar una ley y someterla a las urnas.
En noviembre de 2019 Lacalle Pou había ganado el ballottage con una coalición que respaldó un programa de gobierno llamado “Compromiso para el País”, lo que luego se plasmó en esa ley de trámite de urgencia que se votó entre abril y junio de 2020.
La ley bajo polémica
La ley en cuestión tiene 476 artículos, de los que 135 son recurridos.
Uno de los capítulos es de normas penales con aumento de años de prisión para varios delitos, agravante del encubrimiento y ocupación de espacios públicos, así como establecimiento de la “legítima defensa”.
El segundo es sobre “Proceso penal” en el mismo sentido que el anterior, y el tercero sobre Actuación Policial, para dar mayores facultades a los efectivos policiales.
El cuarto es de agravamiento para delitos de narcotráfico y el siguiente con restricciones para los menores de edad que cometen infracciones.
También se limita la redención de pena por trabajo o estudio para delitos graves.
Además, se recurre el capítulo que crea la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado.
En la sección sobre Educación se impugnan los artículos sobre Plan de Educación, libertad de cátedra y la organización del ente de la Educación Pública, donde se deja participación de delegados docentes en el Consejo Directivo Central, pero se los quita de las direcciones de Primaria, Secundaria y otros; cargos que estaban ocupados por los sindicatos.
En el capítulo de Economía se recurre lo referido a una “regla fiscal” para frenar déficit financiero, la libertad al trabajador a cobrar en cuenta bancaria o efectivo (antes no podía hacerlo en dinero), y el criterio de estudio de precios de combustibles, sobre cálculo de paridad de importación.
Además, se impugna la autorización a que las empresas privadas que sean propiedad del Estado puedan volcar a mercado accionario una parte de su capital.
En el capítulo de Relaciones Laborales, se recurre contra la norma que permite que cuando hay ocupación sindical de empresa en medio de un conflicto, los dueños puedan ingresar a su planta, y los trabajadores que no adhieran a la huelga, puedan trabajar.
Otro capítulo recurrido es el que flexibiliza el régimen de adopción de niños.
También se impugna la creación de un régimen de alquileres sin garantía, en la que el propietario de la vivienda puede tener un desalojo en plazo más breve que el habitual.
Otro de los artículos recurridos es el que prohíbe los “piquetes que impidan la libre circulación” y el de actuación policial en casos de “hechos de apariencia delictiva”.
Finalmente, se impugna el capítulo de “portabilidad numérica” que permite a los usuarios de telefonía móvil cambiar de empresas, pero mantener su número de teléfono.
La convocatoria al referéndum
Desde la promulgación de ley, la izquierda discutió sobre la conveniencia de impulsar un referéndum, y cuando eso se consideró inconveniente, el sindicato de funcionarios de ANCAP (la petrolera estatal) empujó y consiguió respaldos para la junta de firmas, a lo que se terminó sumando toda la central sindical PIT-CNT y el Frente Amplio.
Chequeadas las firmas, la Corte Electoral convocó para este domingo a votar por “Sí” o por “No” a la derogación de la ley. La campaña no consiguió concentrar la atención de los votantes, y en los últimos días fue el fútbol con la clasificación al Mundial de Qatar lo que atrajo más al público.
El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que la ley ha derivado en abusos policiales y pérdida de derechos, y mostró confianza en victoria del “Sí” rosado. Dijo que “independientemente del resultado” del referéndum, gobierno y oposición se deberá “sentar a buscar consensos que puedan posibilitar leyes que tengan mayores apoyos que apenas una mitad”.
Lacalle Pou dijo antes del inicio de la veda electoral que “la derogación sería claramente un retroceso” y que “no es lo mismo gobernar sin estos 135 artículos” de las reformas vigentes. “Lo que tenemos que hacer es gobernar, aplicar un plan de gobierno votado por la ciudadanía”, dijo el presidente.
En Uruguay se realizaron en toda la historia tres referéndums sobre leyes, el primero en el gobierno de Julio Sanguinetti (en 1989 los uruguayos ratificaron la ley de amnistía a militares por hechos de la dictadura); el segundo en la presidencia de Luis Lacalle de Herrera (en 1992 derogaron la reforma de empresas públicas con privatizaciones parciales) y el tercero en el gobierno de Jorge Batlle (en 2003 derogaron la ley de desmonopolización de combustibles).
Hacia este cuarto referéndum, el gobierno llegó con una ventaja para mantener la ley pero dada la amplia cantidad de indefinidos, la votación será con incertidumbre sobre el resultado.
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