Moro ya prepara un paquete legislativo anticorrupción y contra el crimen organizado

Sergio Moro aceptó el jueves pasado la propuesta de Bolsonaro para ser su ministro de Justicia
Sergio Moro aceptó el jueves pasado la propuesta de Bolsonaro para ser su ministro de Justicia Fuente: AFP - Crédito: Mauro Pimentel
Cleide Carvalho
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3 de noviembre de 2018  • 17:32

SAN PABLO.- Luego del revuelo que generó su decisión de aceptar ser el ministro de Justicia y Seguridad Pública del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro , el juez federal Sergio Moro ya prepara un paquete de medidas legislativas anticorrupción y contra el crimen organizado. La idea es presentar las propuestas en febrero próximo ante el Congreso, no bien hayan asumido los nuevos diputados federales.

La actuación de Moro en la operación Lava Jato permite deducir el tipo de cambios legislativos que piensa proponer. El juez ya manifestó en reiteradas oportunidades la necesidad de una reforma constitucional para garantizar que los condenados en segunda instancia empiecen a cumplir su pena. Según Moro, eso evitaría que una nueva composición del Supremo Tribunal Federal (STF) cambie de parecer y de doctrina sobre ese tema.

La doctrina actual del STF es que un condenado puede empezar a cumplir su pena efectiva tras ser condenado en segunda instancia, una decisión que se tomó en octubre de 2016 tras una votación muy dividida -seis jueces a favor y cinco en contra-. El presidente del STF, Dias Toffoli, tendrá que someter a discusión el asunto durante el primer semestre de 2019, y los jueces de la Corte ya anunciaron su cambio de posición, lo que podría conducir a un fallo diferente en ese nuevo juicio.

En marzo pasado, Moro llegó a reclamar que los candidatos a la presidencia definieran su posición sobre esa reforma constitucional para garantizar la prisión tras condena en segunda instancia. "Podemos exigir que los candidatos revelen su posición frente a la impunidad. La ejecución provisoria de la pena puede reestablecerse, por ejemplo, a través de una reforma constitucional", dijo Moro en una entrevista en TV Cultura.

El paquete legislativo, que empezó a ser estudiado por Moro ayer, incorporará algunos de las 70 propuestas para combatir la corrupción reunidas por Transparencia Internacional y la Fundación Getúlio Vargas en un documento que Moro leyó en el avión, en el trayecto de Curitiba a Río de Janeiro, antes de su reunión con Bolsonaro.

Para ser aprobada, una reforma de la Constitución necesita del apoyo de tres quintas partes de los parlamentarios de ambas cámaras, en dos turnos de votación distintos. Se estima que el gobierno de Bolsonaro no encontrará trabas para aprobar sus propuestas, al menos en los primeros meses. El Partido Social Liberal (PSL), del líder ultraderechista, será la segunda minoría de la Cámara baja, con 52 diputados, apenas detrás del Partido de los Trabajadores (PT), que con 56 votos será la primera minoría. Se calcula que el nuevo gobierno tendrá el apoyo de entre 250 y 300 parlamentarios.

En 2015, Moro se presentó ante la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia del Senado para argumentar a favor de un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal. El cambio principal era la prisión preventiva para los condenados en segunda instancia por crímenes atroces: tráfico de drogas, tortura, terrorismo, corrupción activa o pasiva, peculado y lavado de dinero.

Más allá de eso, Moro se mostró favorable a decretar la prisión preventiva de los condenados en segunda instancia por otros delitos –siempre que la pena fuese mayor a cuatro años de prisión– a no ser que hubiese garantías de que el condenado no reincidiría ni se fugaría.

Recursos dilatorios

Ese proyecto de ley de la Asociación de Jueces Federales ya prevé que los recursos presentados por los condenados ante tribunales de tercera instancia –el STF y el Superior Tribunal de Justicia (SJT)– solo pueden suspender la prisión preventiva en caso de que los jueces entiendan que la causa puede terminar en absolución, en anulación de la sentencia o en una sustitución de la pena de cárcel a cambio de la restricción de ciertos derechos. El objetivo de esa medida sería disminuir el carácter dilatorio de los recursos ante tribunales superiores.

Para contar con Moro en su gobierno, Bolsonaro acordó ampliar las atribuciones del Ministerio de Justicia. Además de áreas como la Secretaría Nacional de Políticas sobre las Drogas, la Red de Laboratorios contra el Lavado de Dinero y la propia Policía Federal, Moro también estará al mando del Contralor General de la Unión (CGU) y del Consejo de Control de Actividades Financieras, encargado de detectar movimientos sospechosos en el sistema financiero de Brasil.

Diario O Globo/GDA

Traducción de Jaime Arrambide

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