Oficina de sicarios: así funcionan las organizaciones de asesinos a sueldo en España
Decenas de “aseguradoras” garantizan los negocios de las mafias vinculadas al narcotráfico
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Él ha trabajado en España de ayudante de cocina y de cocinero en muchos restaurantes o haciendo trabajos de reparaciones, pero la primera vez que mató a alguien tenía solo 13 años. Ella ha realizado depilaciones, pintado uñas en decenas de peluquerías y centros de estética, además de cuidar a niños y ancianos, pero sus primeros recuerdos de la infancia son los de “los cajones de la cocina de su casa y los armarios de la ropa llenos de fajos de billetes”.
Criada en una familia que trabajaba para el narco colombiano más conocido, Pablo Escobar, enseguida apuntó maneras para la logística del tráfico de drogas. Él, de Vergara, crecido en Bogotá. Ella, de Medellín. Ambos han sido sicarios, llevan media vida en Madrid, donde las llamadas “oficinas de cobro” - una suerte de aseguradoras con asesinos a sueldo para dar garantía a los negocios del crimen organizado- comenzaron a instalarse en los años noventa y donde la policía estima ahora que hay decenas.
“Toda organización criminal que se precie tiene su oficina para garantizar el respeto de los acuerdos, las entregas y el pago de las deudas”, señalan fuentes policiales. Y “todo doctor -como le gustaba a Pablo Escobar que le llamaran- debe tener su oficina”. Fue el fundador del cartel de Medellín quien acuñó así el término, al igual que muchos de los métodos de trabajo.
“Ese es el origen de esas franquicias del crimen. Aterrizaron de la mano de los colombianos que crearon alianzas con los narcos gallegos, pero se han afianzado por una cuestión de utilidad y eficacia”, señalan las mismas fuentes. Aseguran que tienen como sede principal Madrid (“un paraíso legal para trabajar”, en palabras de él, el sicario llegado de Bogotá), pero también delegaciones en Barcelona, Valencia y Málaga.
Medio millar en España
Los últimos informes del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) hablaban de unas 500 organizaciones criminales asentadas en España (504 en 2019, de las que 109 se dedicaban exclusivamente al tráfico de cocaína). Los informes confirmaban que España sigue siendo la principal puerta de entrada de la droga procedente de Sudamérica en Europa desde aquellos mismos años noventa.
La capital de España fue la primera ciudad en la que se instalaron muchos de los migrantes procedentes de Latinoamérica, también los narcos y sicarios colombianos, “ya que es donde encuentran más apoyo y se camuflan mejor”, explican los policías de la Brigada Central de Estupefacientes, especializados en la persecución de estos delitos.
“Yo llegué a España a los 22 años, crecí en un entorno en el que matar era una manera de solucionar las cosas, toda mi familia trabajaba para el narco”, relata él en la terraza de una cafetería de Madrid. La policía estima que en Colombia (51 millones de habitantes) el narcotráfico genera “unos 200.000 empleos directos”.
“Vivía solo en Bogotá desde los 12 años y ya realizaba atracos y tenía mi pistola”, continúa él; “mi madre trabajaba de sol a sol, yo en la calle haciendo encargos, luego ingresé dos años en el ejército, que fue como un campamento, me encantó, trabajé con los carteles más fuertes, reclutando jóvenes, y era bueno conduciendo motos”, advierte. Recuerda que las ejecuciones se realizan tradicionalmente desde una motocicleta en la que uno “maneja” y otro hace de “gatillero” y dispara al objetivo, segundos antes de darse a la fuga.
“Éramos una familia, ascendí rápido por mi coraje, mi frialdad, mi ausencia de miedo, por todas las drogas [fármacos] que nos daban (Rivotril, Diazepán) y por mi ambición por ganar dinero y tener la vida que quería”, recuerda él, incapaz de sumar “los muertos” que carga a su espalda. “Todos de guerra [del negocio], nunca mujeres y nunca niños”, especifica.
Emigró a España cuando “se acabó la guerra [comenzó el proceso de paz del presidente Andrés Pastrana, de 1998 a 2002, y la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con Álvaro Uribe entre 2002 y 2006] y los trabajos disminuyeron”. Corría el año 2001 y el Gobierno español desarrollaba un amplio proceso de regularización de inmigrantes, entre ellos 100.000 ciudadanos colombianos, según los datos policiales.
Las oficinas de cobro que se fueron asentando en Madrid y otras ciudades estratégicas de la geografía española comenzaron a trabajar con tipos como él. “Están formadas por entre 6 y 10 individuos, están vinculadas a organizaciones de narcotráfico, pero funcionan de manera autónoma y suelen usar tapaderas de todo tipo de negocios: bares, restaurantes, peluquerías, talleres, locutorios…”, describen fuentes policiales.
“Sus miembros proceden de ciudades con carteles de la droga como Cali, Medellín, Palmira, Pereira”, señalan. “Y se trata muchas veces de antiguos miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia [AUC, los grupos que, apoyados por los narcos, combatían a la guerrilla de las FARC]”, detallan las mismas fuentes. “Y de jóvenes procedentes de pandillas juveniles”, agregan.
Otro aspecto que favoreció el asentamiento de estas oficinas en España fueron las grandes aprehensiones de droga por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En agosto de 2001 fue detenido José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, cuando controlaba con un teléfono vía satélite el trasvase a un pesquero de 4500 kilos de cocaína del buque Agios Constandinos.
Y los cada vez más frecuentes robos de mercancía por parte de organizaciones rivales, los llamados vuelcos, también hicieron cada vez más necesaria una adecuada protección tanto de las rutas como de los transportes y los almacenes, recuerda la policía.
Por su parte, ella, ha crecido en un mundo de hombres, le salieron los dientes “haciendo caletas” (lugares para esconder la droga), y se hizo respetar -a su entender- por su “capacidad organizativa” y “su precisión”. “Conmigo sabían que las cosas saldrían bien”, cuenta en un bar de Madrid, ya retirada de una vida con la que lo tuvo “todo”.
Perfil bajo
“Buscan tener un perfil bajo, y el asesinato (por ser lo más llamativo) es el último de sus métodos”, explican expertos policiales. Para lograr el saldo de la deuda, o la devolución de la mercancía, “ejercen una presión gradual: se presentan a su víctima, pactan la deuda y un plazo de tiempo para abonarla, si no paga le mandan una advertencia a través de su familia para que sepa que los tienen localizados y amenazados, le extorsionan, le secuestran, y si finalmente llegan a matarla tratan de hacer desaparecer el cuerpo de alguna manera (descuartizamientos, enterramientos, ácido…), se han encontrado cadáveres hasta en los canales de Ámsterdam”, relatan las mismas fuentes policiales.
Por un asesinato se pueden pagar unos 30.000 euros en España, frente a los 3000 que se pagan en Colombia, “pero todo lo regula el mercado”, señalan. Las muertes, aunque escandalosas, casi siempre son de gente que está metida en el negocio, advierten. Y recuerdan algunas: en 2009 la policía detuvo en Barajas a Jonathan Andrés Ortiz, colombiano de 24 años, como autor del asesinato (le descerrajó cuatro tiros) del mafioso colombiano Leónidas Vargas, que se encontraba ingresado en Hospital 12 de Octubre de Madrid.
El 12 de septiembre de 2014, un hombre de 30 años fue asesinado de cinco tiros por un sicario que huyó en motocicleta en Usera. El 24 de septiembre de 2015 un irlandés era acribillado en Mijas (Málaga) desde un coche. El 12 de mayo de 2018 asesinaban con cinco tiros desde una moto a David Ávila Ramos, alias Maradona, a la salida de la comunión de su hijo en Marbella.
Labores de espionaje y ley del silencio
Lo habitual es que cuando la oficina recibe un encargo, los clientes le proporcionen toda la información de la que disponen acerca del objetivo, según fuentes policiales. “Casi siempre es simplemente un alias, una fotografía, un familiar o un lugar de referencia”, describen.
Los sicarios inician en ese momento unas labores previas de espionaje que consisten principalmente en preguntar a sus colaboradores, que recibirán una pequeña recompensa o el favor del patrón y la protección de la oficina. Conforman auténticas redes de información. La comisión oscila entre el 40% y el 50% del importe recuperado. Antes y después, la ley del silencio: una denuncia de un cliente supone el asesinato de él y su familia.
©️ EL PAÍS S.L.
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