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Venezuela: qué dicen los informes de la ONU sobre la situación de los derechos humanos
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LA NACION
La votación del Gobierno argentino a favor de la resolución de la ONU que condena la violación de los Derechos Humanos en Venezuela expuso, una vez más, las diferencias internas dentro del oficialismo en torno a la postura del país frente a la situación en el país gobernado por el chavismo y desató una crisis diplomática que desencadenó en la renuncia de Alicia Castro a la embajada de Rusia.
Pero, ¿qué implica la polémica resolución que generó malestar en el ala dura del kirchnerismo?
Por un lado, alerta sobre la grave situación de violación a los derechos humanos bajo el régimen de Nicolás Maduro y, por el otro, propone que la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, continúe por dos años más en su misión de revisión de la crisis venezolana. También exige elecciones libres e independientes en Venezuela.
La misión de Bachelet
Bachelet está al frente de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) de la ONU, que se encarga de promover y proteger los derechos humanos en el mundo, incluida Venezuela. En la actualización de su último informe, presentado el 25 de septiembre en la 45 sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Bachelet denunció que más de 2000 personas murieron este año en los barrios pobres del país caribeño durante operaciones de seguridad llevadas a cabo por las autoridades.
"Mi oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2000 muertes desde enero de 2020", informó Bachelet. De este total, que alcanza 2039 personas, 11 eran mujeres y la edad media de los fallecidos era de 26 años.
La Alta Comisionada recomendó por segunda vez al régimen de Nicolás Maduro la eliminación del cuerpo policial Fuerza de Acciones Especiales (Faes) debido al incremento de las ejecuciones extrajudiciales.
La Misión Internacional Independiente de la ONU de determinación de los hechos sobre Venezuela
Pero el informe más demoledor para el chavismo ha sido el publicado el 16 de septiembre de 2020 por una misión de la ONU, integrada por Marta Valiñas (presidenta), Francisco Cox Vial y Paul Seils.
La Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas de determinación de los hechos sobre Venezuela presentó ese día un informe que recaba el uso sistemático de la tortura y las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela y vinculaba directamente al presidente venezolano y los ministros más importantes de su gobierno con posibles "crímenes de lesa humanidad".
La misión, encargada de investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, estudió 223 casos individuales. Los expertos no pudieron visitar Venezuela debido a la ausencia de respuesta gubernamental pese a las reiteradas solicitudes, además de las restricciones de viaje impuestas por la pandemia de coronavirus.
Pese a ello, consiguieron 274 entrevistas a distancia con víctimas, testigos, familiares, exfuncionarios estatales, abogados, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional. También analizaron una serie de documentos confidenciales.
1. Posibles crímenes de lesa humanidad
El estudio identificó "patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado" y añadió que "parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad".
Además señaló que tanto el presidente Nicolás Maduro como los ministros de Interior y Defensa, Néstor Reverol y Vladimir Padrino López, estaban al tanto y que "dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes".
2. Ejecuciones extrajudiciales de las fuerzas de seguridad
La Misión investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que finalizaron con 53 ejecuciones extrajudiciales y también indagó 2552 incidentes en los que se produjeron más de 5000 muertes por parte de las fuerzas de seguridad.
El informe responsabilizó a dos fuerzas de seguridad –el Cicpc y las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB)– del 59% de las muertes perpetradas en el período analizado e indicó que también cometieron las ejecuciones extrajudiciales documentadas.
Al igual que Bachelet, los expertos desatacaron que "las FAES deben ser desmanteladas y los responsables de todas las fuerzas de seguridad, así como sus cadenas de mando deben rendir cuentas".
3. Detención y tortura por motivos políticos
El estudio de la participación de los servicios de inteligencia estatales concluyó que el objetivo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) era identificar "a la disidencia política y a activistas de derechos humanos, así como a otros hombres y mujeres que se percibían como contrarios al gobierno", mientras que el objetivo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) era el personal militar y los civiles asociados presuntamente implicados en rebeliones o intentos de golpe de Estado.
Los detenidos solían estar fuera del sistema penitenciario oficial, en la sede de los organismos en Caracas o en "casas seguras" no oficiales y en algunos casos se acusó a las víctimas de delitos falsos, se plantaron pruebas y se burló el debido proceso, apuntó el informe
Francisco Cox, uno de los tres miembros de la Misión, explicó que las detenciones arbitrarias, desapariciones y torturas contra la población civil formaban parte de una estrategia para silenciar a la oposición.
4. Violaciones relacionadas con las protestas
La Misión también documentó violaciones en medio de la respuesta cada vez más violenta del Estado a las protestas masivas de la oposición, especialmente en 2014, 2017 y 2019. Esto incluye el asesinato de 36 manifestantes a quienes se les disparó con armas de fuego y armas menos letales, así como prácticas de tortura y otros malos tratos durante la detención, como palizas, humillaciones, violencia sexual y de género, y simulacros de ejecución.
Las autoridades estatales tampoco intervinieron en por lo menos siete casos en que los manifestantes fueron asesinados por grupos civiles armados conocidos como colectivos. Esto se produjo en medio de la creciente dependencia del Gobierno de la coordinación militar-civil para mantener el orden público en los últimos años.
"La vigilancia de las protestas y el sistema para autorizarlas son profundamente preocupantes. El sistema está diseñado para prevenir y desalentar las reuniones pacíficas, a menudo de forma violenta," dijo Paul Seils.
5. El poder judicial, en tela de juicio
Por último, el estudio también cuestionó la intervención del Poder Judicial venezolano que no logró controlar a otros agentes estatales y señaló la necesidad de continuar investigando "hasta qué punto la influencia política indebida ha obstaculizado la independencia judicial".
"Las violaciones deben cesar. Y la impunidad debe terminar. Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo de inmediato investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las violaciones y los crímenes, haciendo que los autores rindan cuentas e impartan justicia para las víctimas. Las víctimas deben recibir plena reparación por el daño que han sufrido," dijo Valiñas.
Agencias AFP y Reuters
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