Piden tres años y medio de prisión para Andrea del Boca en la causa por fraude
La actriz está acusada de participar en un presunto fraude millonario vinculado al financiamiento estatal de la telenovela Mamá Corazón, cuya producción quedó inconclusa
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LA NACION
Andrea del Boca se encuentra en el centro de un complejo proceso judicial tras enfrentarse a un pedido de tres años y medio de prisión por un presunto fraude millonario relacionado con el financiamiento estatal de la telenovela Mamá Corazón, cuya producción nunca llegó a completarse.
Por lo que se dio a conocer, la fiscal federal Fabiana León solicitó que se condene a Andrea del Boca a tres años y medio de prisión durante el juicio oral y público que se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal N° 7, considerándola “partícipe necesaria” de un presunto fraude contra la administración pública. Según el alegato, la actriz habría estado involucrada en maniobras que habrían perjudicado los fondos estatales destinados a la telenovela.
El planteo de la fiscal también apuntó al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a quien responsabilizó como autor principal de la defraudación, solicitando para él cuatro años y medio de cárcel y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Además, pidió cuatro años de prisión para Carlos Ruta, exrector de la Universidad Nacional de San Martín, también considerado “partícipe necesario” del fraude.
La acusación se extendió a otros implicados, como Maximiliano Schwerdtfeger, secretario de la UNSAM, y los exfuncionarios kirchneristas Luis Vitullo, Alberto García y Nahuel Billoni Ahumada, para quienes reclamó condenas y la restitución solidaria al Estado de más de tres millones de dólares.
Los detalles de la causa
La causa investiga un presunto esquema de financiamiento irregular llevado a cabo mediante la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) para la producción de la telenovela Mamá Corazón. Según la acusación, se habría implementado un sistema de triangulación que evitó concursos y comparaciones de precios, a través del cual la productora de Andrea del Boca no solo recibió importantes fondos públicos, sino que además obtuvo la exclusividad para vender la serie en el mercado internacional.
La fiscal Fabiana León destacó que este circuito incumplió las normativas vigentes y tenía como objetivo beneficiar a la productora A+A Group, propiedad de la actriz. Entre las irregularidades señaladas, remarcó que el contrato se otorgó de forma directa e incluía cláusulas consideradas “arbitrarias”, que aseguraban a la empresa la exclusividad de distribución internacional por 60 meses, con posibilidad de prórroga por otros 60, pese a que toda la producción fue financiada con recursos públicos.
El caso se hizo público en 2016 a partir de una investigación periodística que reveló que la productora de Del Boca habría recibido más de $24 millones mediante convenios firmados entre el Ministerio de Planificación de Julio De Vido y la UNSAM.
En 2018, el juez federal Sebastián Ramos procesó a De Vido como “autor” del supuesto delito de defraudación y a Andrea del Boca y al exrector Carlos Ruta como “partícipes necesarios”, imponiendo además embargos millonarios: 60 millones de pesos para De Vido, 50 millones para la actriz y 60 millones para Ruta. Según Ramos, la maniobra estaba “planificada y dirigida desde el inicio hacia la contratación de la productora de Andrea del Boca” y obedecía a “una decisión de carácter mayormente político, tomada antes de formalizar los expedientes”.
Qué pasó con la novela Mamá Corazón
La telenovela nunca llegó a emitirse, aunque la productora de Andrea del Boca habría cobrado alrededor del 76% del contrato, mientras que otras producciones bajo los mismos convenios apenas recibieron un 7%. El proyecto implicaba un desembolso total de $36,58 millones, con un 10% de ganancia adicional para la productora y la exclusividad de la comercialización internacional, pero el financiamiento se suspendió tras el cambio de gobierno en 2015, cuando la gestión de Mauricio Macri interrumpió los aportes.
La Cámara Federal ratificó posteriormente los procesamientos y embargos dictados por el juez Sebastián Ramos, al señalar que lo cuestionable no era el convenio con la UNSAM en sí, sino la “desnaturalización de su objeto y su utilización para evadir controles con miras al desvío de fondos públicos”. Desde el inicio, la defensa de Andrea del Boca sostuvo que no existió delito alguno, que no hubo sobrefacturación ni perjuicio económico. Tras el alegato de la fiscal, ahora será el Tribunal Oral Federal N° 7 quien deba dictar sentencia y resolver el futuro judicial de la actriz.
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