Actualización de leyes migratorias en septiembre 2025: ¿Gavin Newsom firmará a favor de los latinos en California?

En septiembre de 2025, el debate legislativo de California se centra en tres proyectos de ley aún pendientes de la firma de Gavin Newsom. Estas propuestas buscan reforzar derechos en temas de seguridad pública, confidencialidad médica y entornos escolares. De aprobarse definitivamente, se sumarán a un sólido marco normativo que convierte al Estado Dorado en uno de los más favorables para los inmigrantes en Estados Unidos.

Proyectos de ley pendientes de la firma de Newsom

Los proyectos SB 805, SB 81 y SB 98 aún esperan la rúbrica de Gavin Newsom para entrar en vigor. Cada uno aborda un aspecto diferente, pero convergen en el mismo objetivo: resguardar la seguridad y la privacidad de los inmigrantes, al evitar que sean blanco de abusos o discriminación.

SB 805: seguridad y transparencia en cuerpos policiales

El proyecto SB 805 propone modificar las normas existentes para reforzar la identificación visible de los oficiales que actúen en territorio californiano. La iniciativa plantea que, a partir de enero de 2026, todo agente que no vista uniforme deba portar una credencial o distintivo que indique su agencia, nombre o número de placa cuando realice tareas de cumplimiento de la ley.

Además, la norma extiende la definición de “oficial de la ley” para incluir también a los agentes federales. Su incumplimiento será considerado un delito menor. El texto exige que todas las agencias policiales elaboren y publiquen políticas claras que respalden la transparencia y la confianza pública, con mecanismos de supervisión comunitaria en caso de que se detecten falencias.

Otro punto clave es la prohibición a los agentes de recuperación de fugitivos bajo fianza de utilizar su rol para fines de control migratorio. Tampoco podrán divulgar información personal a autoridades federales de inmigración salvo en los casos expresamente contemplados por la ley.

SB 81: protección de datos médicos contra uso migratorio

El SB 81 busca blindar la confidencialidad de los pacientes frente a la posibilidad de que su información se utilice en procedimientos migratorios. La propuesta redefine el concepto de “información médica” para incluir el estatus migratorio —actual o pasado— y el lugar de nacimiento.

De ser rubricada, impedirá que hospitales, planes de salud, contratistas o corporaciones cedan datos con fines de aplicación de leyes de inmigración, salvo que se presente una orden judicial válida. También obligará a los centros de salud a establecer protocolos para impedir el acceso de autoridades migratorias a áreas no públicas de sus instalaciones, excepto que exista una exigencia legal explícita.

SB 98: escuelas y universidades frente a operativos migratorios

El tercer proyecto, SB 98, apunta a los entornos educativos. La propuesta establece que, hasta enero de 2031, cada plan integral de seguridad escolar deberá incluir protocolos de notificación inmediata a padres, maestros y personal en caso de que se confirme la presencia de autoridades migratorias dentro de los establecimientos.

Esta medida alcanzará también a las escuelas chárter, que podrán ver rechazadas sus solicitudes de creación si no incluyen estos procedimientos.

En el ámbito universitario, el SB 98 ordena que todas las instituciones públicas y privadas que integran el sistema de educación superior de California informen a estudiantes, profesores y empleados cuando se confirme un operativo migratorio en el campus. El propósito es garantizar que la comunidad educativa esté protegida y pueda tomar decisiones informadas en esos escenarios.

Principales leyes vigentes en California con la firma del gobernador Newsom

De acuerdo con el informe California Blueprint: Two Decades of Pro-Immigrant Transformation, elaborado por el Centro de Políticas de Inmigración, el Estado Dorado ha transitado desde 1996 un camino sostenido hacia la ampliación de derechos para inmigrantes.

Estas son las principales normas vigentes que protegen a la comunidad migrante de California:

• Ley TRUTH: promulgada en 2017, asegura que toda persona detenida reciba información sobre sus derechos si agentes federales buscan interrogarla. Las agencias locales deben entregar un formulario en el idioma del detenido, donde se aclare que su participación es voluntaria y que puede solicitar un abogado.
• Ley AB 953 – Racial and Identity Profiling Act: en vigor desde 2016, obliga a la Policía a registrar y reportar datos de cada detención, con el fin de identificar y reducir prácticas de perfilamiento racial o por identidad. Además, creó un Consejo Asesor estatal para revisar y combatir estas conductas discriminatorias.
• Ley de Equidad para Víctimas Inmigrantes de Crímenes: también desde 2016, garantiza que las víctimas inmigrantes de delitos graves que cooperen con las investigaciones puedan acceder a visas U. Con esta herramienta, las personas quedan protegidas de posibles procesos de deportación.
• Ley TRUST: aprobada en 2014, limita la colaboración entre autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Las detenciones a pedido de la agencia federal solo se permiten cuando la persona fue condenada por ciertos delitos y siempre que no contradiga otras leyes.
• Ley AB 1195: en vigor desde 2014, asegura que toda víctima de delito pueda acceder a su informe policial sin importar su situación migratoria. Ninguna agencia puede negar la documentación por la ausencia de papeles legales.

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