El proyecto de ley en California para exigirles a los agentes del ICE que no cubran su rostro
Tras operativos de inmigración que causaron tensión en Los Angeles, los legisladores estatales presentaron “There Are No Secret Police Act”, que busca transparencia y control en la aplicación de las leyes
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LA NACION
En respuesta al creciente número de operativos migratorios en California ejecutados por agentes federales con el rostro tapado con pasamontañas y equipo táctico, incluido el uso de chalecos antibalas, legisladores estatales introdujeron una propuesta de ley que busca limitar este tipo de prácticas. El proyecto, presentado por los senadores Scott Wiener y Jesse Arreguín, exige que los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), entre otras agencias, no utilicen cubiertas faciales y porten siempre su identificación al interactuar con el público.
El proyecto de Ley de No a la Policía Secreta
La medida, denominada Ley de No a la Policía Secreta, fue introducida poco después de protestas masivas en varias ciudades californianas, donde miles de residentes expresaron su rechazo a las nuevas políticas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump. La legislación también estipula el uso obligatorio de cámaras corporales durante cualquier detención, arresto o traslado ejecutado por agentes federales.
Los autores del proyecto argumentaron que recientes redadas en el estado se llevaron a cabo por oficiales con uniformes tácticos, chalecos antibalas y pasamontañas, sin placas visibles ni insignias de agencia. Estas operaciones, afirman, han generado incertidumbre, temor y desinformación en comunidades vulnerables.
“Estamos viendo el surgimiento de una policía secreta que agarra y desaparece a personas”, publicó Wiener en su cuenta de X. “Es antitético a la democracia y perjudica a las comunidades”, agregó.
Qué establece la propuesta contra las tácticas del ICE
La iniciativa de ley establece múltiples requisitos para los agentes federales involucrados en operativos migratorios dentro de California. Entre ellos:
- Prohibición del uso de cubiertas faciales: agentes de ICE, CBP, HSI, FBI y otras agencias no podrán cubrir sus rostros durante operaciones públicas de detención o interrogatorio, salvo en casos específicos de seguridad justificados.
- Identificación obligatoria: uniformes deberán mostrar de forma clara el nombre del agente, número de placa y la agencia a la que pertenece.
- Cámaras corporales activas: todas las interacciones que involucren detención o traslado de personas deberán ser grabadas. Estas se mantendrán durante al menos 180 días y estarán disponibles para la defensa legal y las autoridades supervisoras.
- Notificación a familiares: las personas detenidas deberán ser informadas de sus derechos en un idioma comprensible y tendrán derecho a realizar al menos dos llamadas dentro de las primeras cuatro horas tras el arresto, una a su abogado y otra a un familiar.
- Base de datos pública de detenidos: el proyecto establece la creación de una base con información de personas detenidas en centros federales de inmigración, deberá incluir nombre, fecha de detención, ubicación y contacto del centro.
El incumplimiento de estas normas podría derivar en sanciones administrativas o penales para los agentes responsables, y estaría supervisado por la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles.
La respuesta del gobierno federal de EE.UU.
Ante las críticas, Todd Lyons, director interino de ICE, defendió el uso de máscaras y equipo táctico tras argumentar razones de seguridad. “Lamento que a algunos les moleste que se usen máscaras, pero no voy a permitir que se pongan en peligro”, dijo durante una conferencia de prensa en Boston a principios de junio. “¿Acaso el problema es el equipo que usan, o el hecho de que sus familias han sido señaladas públicamente como terroristas?”, agregó.
Según Lyons, los agentes han sido objeto de amenazas personales y acoso en redes sociales, por lo que su protección durante los operativos es esencial. El funcionario fue interrogado particularmente sobre el operativo en el restaurante Buona Forchetta de San Diego, donde dos empleados fueron detenidos.
Las imágenes del operativo se viralizaron en redes sociales por el uso de pasamontañas por parte de los agentes. La reacción pública incluyó el cierre de varias sucursales del restaurante y declaraciones de rechazo por parte de la administración del local.
El proyecto llega en un contexto de tensiones intensificadas entre los gobiernos estatales y la administración federal. La iniciativa, impulsada por legisladores demócratas, plantea una respuesta directa a las políticas migratorias más agresivas del actual gobierno, que busca aumentar las deportaciones a cifras récord.
Los autores señalan que el anonimato y la falta de transparencia debilitan la confianza de la población en las instituciones y ponen en riesgo derechos fundamentales.
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