La nueva táctica de fiscales en Los Ángeles para identificar a inmigrantes indocumentados
La medida, impulsada por Nathan Hochman, se desarrolla en medio de tensiones por las redadas federales, razón por la cual se buscará identificar a los responsables de actos vandálicos
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LA NACION
La oficina del fiscal del condado de Los Ángeles anunció una nueva estrategia para localizar a inmigrantes indocumentados involucrados en incidentes recientes durante protestas. A partir del martes 10 de junio, un equipo especializado comenzó a revisar reportes de arresto y publicaciones en plataformas como Facebook, Instagram y TikTok para identificar a personas que hayan cometido actos de violencia o vandalismo.
La implementación de vigilancia digital para rastrear a inmigrantes indocumentados
Nathan Hochman, fiscal de distrito, indicó que esta táctica forma parte de una respuesta directa a los disturbios registrados durante operativos migratorios recientes. “Si quiere poner en peligro la vida de los agentes o dañar la propiedad pública, vamos a hacerlo responsable”, afirmó en una entrevista con NBC Los Angeles.
El plan de acción contempla el análisis exhaustivo de contenido publicado en plataformas digitales como Facebook, Instagram y TikTok. Según explicó Hochman, la experiencia demuestra que muchos participantes en actos vandálicos tienden a documentar y compartir sus acciones en redes sociales, lo que proporciona evidencia incriminatoria. “Podemos rastrear estas publicaciones hasta llegar a una persona real. Puede que nos lleve un tiempo, pero lo lograremos”, agregó.
La iniciativa busca responsabilizar penalmente a quienes cometieron delitos relacionados con los actos de violencia o vandalismo durante las manifestaciones de este fin de semana en la ciudad de California. “El grupo de investigadores tienen la capacidad de atrapar a algunos de los que cometieron esos crímenes”, aseguró.
Diferenciación entre manifestantes pacíficos y vándalos
Hochman aclaró que las acciones legales se dirigirán únicamente contra una minoría que cometió actos criminales y se distinguirán de los miles de ciudadanos que ejercieron su derecho constitucional a la protesta pacífica.
El fiscal también alertó sobre la percepción errónea de algunos infractores respecto a las posibles consecuencias legales. “La gente podría creer que se les dará un tirón de orejas. No quiero que nadie diga: “No sabía que esto iba a pasar”, porque pasará”, afirmó al sugerir que todos los que logren identificar serán procesados conforme a la ley.
¿Qué pasó con los operativos de ICE en Los Ángeles?
La decisión de fiscalía surge luego del incremento de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en diferentes puntos del condado que terminaron en incidentes entre manifestantes y agentes federales.
El pasado fin de semana, oficiales encubiertos realizaron detenciones en un estacionamiento de Home Depot en la ciudad de Paramount, lo que generó una reacción inmediata de la comunidad. En redes sociales circularon videos de enfrentamientos entre agentes federales y manifestantes, con uso de gases lacrimógenos y proyectiles para dispersar a la multitud.
Este conflicto escaló al plano político con declaraciones cruzadas entre el gobernador de California, Gavin Newsom, y el zar fronterizo designado por Trump, Tom Homan. Este último advirtió que funcionarios que interfieran en las operaciones podrían enfrentar consecuencias legales.
Disputa legal por jurisdicción y derechos estatales
Recientemente, el gobernador Newsom anunció una demanda contra el gobierno federal por considerar la intervención de la Guardia Nacional como una violación de la autonomía estatal. La Casa Blanca mantuvo su postura al afirmar que el plan de deportación masiva continuará y que los estados deben cooperar.
Mientras, en este contexto de polarización, la fiscalía de Los Ángeles continúa con su plan de investigación digital. La estrategia anunciada por Nathan Hochman se suma a un panorama complejo, marcado por protestas, redadas y un debate legal y político en ascenso. Las próximas semanas serán cruciales para determinar el desarrollo de esta crisis en la política migratoria y judicial.
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