La respuesta del alcalde de San Francisco, ante la inminente llegada de la CBP: “Alerta máxima”
El mandatario local emitió un mensaje en donde adelantó que su administración protegerá a los residentes de la ciudad, sin importar su estatus; aclaró que no aceptará manifestaciones no pacíficas
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LA NACION
El alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, lanzó una contundente advertencia a la administración Donald Trump y a las agencias de inmigración ante el inminente arribo de más de un centenar de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) a la Bahía de San Francisco. El mandatario local aseguró que su ciudad se encuentra en “alerta máxima” y que no permitirá que el gobierno federal convierta a la urbe en un escenario de caos.
El operativo federal que enciende alarmas en San Francisco
La tensión aumentó cuando San Francisco Chronicle reveló que al menos 100 agentes federales, entre ellos integrantes de la CBP, comenzarían a llegar a la base de la Guardia Costera de Alameda, en el área de la Bahía, a partir del jueves. Fuentes oficiales confirmaron que la base servirá como punto de operaciones para reforzar la vigilancia migratoria y, eventualmente, podría anticipar el despliegue de tropas de la Guardia Nacional.
La Guardia Costera, que depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), informó en un comunicado, citado por The Washington Post, que su cooperación con la CBP busca “detectar, disuadir e interceptar a inmigrantes ilegales, narcoterroristas e individuos con intenciones hostiles antes de que alcancen nuestras fronteras”.
Esta declaración alimentó el temor entre comunidades migrantes y defensores de derechos humanos, quienes interpretaron la acción como un nuevo intento del gobierno federal de intensificar la persecución de personas sin antecedentes criminales.
De acuerdo con The Washington Post, la administración Trump incrementó la cantidad de arrestos de inmigrantes sin historial delictivo, lo que contradijo su argumento de que los operativos se centran en “los peores de los peores”.
La respuesta del alcalde Daniel Lurie ante la amenaza de agentes federales en San Francisco
El alcalde Lurie firmó una directiva ejecutiva destinada a reforzar las políticas de “ciudad santuario”, que prohíben a la Policía local colaborar con agentes federales en la aplicación de leyes migratorias civiles. “No sabemos exactamente qué está planeando el gobierno federal, pero sí conocemos su manual de operaciones”, expresó, según consignó The Washington Post.
Lurie insistió en que la prioridad de su gobierno es proteger a los residentes, independientemente de su estatus migratorio, y evitar enfrentamientos que puedan escalar en violencia. “Estas tácticas no hacen más segura a nuestra ciudad. Solo siembran el terror en nuestra comunidad. Estas tácticas están diseñadas para incitar reacciones violentas, caos y violencia, que luego se utilizan como excusa para desplegar personal militar”, advirtió.
El mandatario local también exhortó a los habitantes a manifestarse pacíficamente si deciden hacerlo. “Quiero ser claro: los actos violentos contra los oficiales o los daños a la propiedad no serán tolerados”, afirmó. “Si el gobierno federal intenta generar caos en nuestras calles, la forma de mantenernos a salvo es alzar la voz de manera pacífica”, agregó.
California se prepara para una posible confrontación
El gobernador Gavin Newsom respaldó públicamente la postura del alcalde y advirtió que el estado podría presentar una demanda si Trump intenta desplegar tropas federales en San Francisco. “El manual autoritario de Trump y Stephen Miller está atacando otra de nuestras ciudades”, escribió en sus redes sociales. “La violencia es exactamente lo que buscan para justificar el caos. Mantengamos la calma y cuidemos de nuestras comunidades”, completó.
Además, la presidenta emérita de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el congresista Kevin Mullin recordaron que la legislación californiana protege a sus residentes frente a abusos de agentes federales.
En un comunicado conjunto, advirtieron que quienes violen la ley estatal podrían ser arrestados y juzgados localmente. “Mientras el presidente goza de inmunidad, quienes actúan bajo sus órdenes no la tienen. Si rompen la ley, no podrán ser perdonados”, señalaron.
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