El Consejo de Seguridad de la ONU se convierte en campo de batalla tras la captura de Maduro
El órgano debatió la legalidad de la intervención militar en Venezuela, en medio de advertencias por el impacto regional y el debilitamiento del multilateralismo
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LA NACION
NUEVA YORK.– El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó este lunes su “profunda preocupación” por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro tras una operación militar de Estados Unidos y exhortó a respetar la soberanía y la independencia política de los Estados, en medio de un fuerte debate en el Consejo de Seguridad sobre el alcance y las consecuencias de la ofensiva ordenada por Donald Trump.
Durante una reunión de emergencia solicitada por Venezuela, la subsecretaria general de la ONU para Asuntos Políticos, Rosemary DiCarlo, leyó un mensaje de Guterres en el que advirtió que la acción militar estadounidense del 3 de enero “podría sentar un precedente peligroso” para las relaciones internacionales y agravar la inestabilidad en Venezuela y en toda la región.
“Exhorto a respetar los principios de soberanía, independencia política e integridad territorial de los Estados”, señaló el secretario general, al tiempo que alertó por el impacto regional de la operación y por el debilitamiento de las normas del derecho internacional.
La captura de Nicolás Maduro ocurrió el sábado tras bombardeos estadounidenses en Venezuela, precedidos por meses de despliegue naval y operativos contra presuntas lanchas del narcotráfico. Detenido en una base militar y trasladado a Estados Unidos junto a su esposa, Cilia Flores, ambos enfrentan cargos por narcotráfico y terrorismo, que Maduro negó este lunes ante un tribunal federal de Nueva York.
En el Consejo de Seguridad, tanto aliados como adversarios de Washington cuestionaron la intervención. Varios países denunciaron que la operación viola el principio de no uso de la fuerza y recordaron las recientes declaraciones de Trump en las que no descartó extender acciones militares a Colombia y México por acusaciones vinculadas al narcotráfico, además de renovar su amenaza de tomar control del territorio danés de Groenlandia.
En primer lugar, Venezuela reclamó una respuesta más contundente de la ONU. El embajador Samuel Moncada denunció el “secuestro de un jefe de Estado” y advirtió que tolerar este tipo de acciones implica aceptar que “la ley es opcional y la fuerza el verdadero árbitro de las relaciones internacionales”.
China y Rusia, otros dos reconocidos adversarios de Estados Unidos, coincidieron en rechazar lo que definieron como el intento de Estados Unidos de erigirse en “policía mundial”. El embajador ruso, Vasily Nebenzya, afirmó que no se puede permitir que Washington “invada países, etiquete culpables y aplique castigos sin respetar la soberanía ni el derecho internacional”.
Pero incluso entre los aliados de Washington hubo reparos.
Dinamarca, sin mencionar directamente a Estados Unidos, afirmó que “la inviolabilidad de las fronteras no está en negociación”. Su embajadora ante la ONU, Christina Markus Lassen, defendió la soberanía venezolana y sostuvo que “ningún Estado debería influir en los resultados políticos de otro mediante la amenaza o el uso de la fuerza”.
El embajador adjunto de Francia, Jay Dharmadhikari, afirmó que la operación contradice el principio de resolución pacífica de controversias y advirtió que cualquier violación del derecho internacional por parte de los miembros permanentes del Consejo “erosiona la base misma del orden internacional”.
Estados Unidos, por su parte, defendió la acción. Su representante, Mike Waltz, calificó la intervención como una “operación de aplicación de la ley justificada y quirúrgica” y acusó al Consejo de otorgar legitimidad a un “narcoterrorista ilegítimo”.
La Casa Blanca sostiene que Washington gobernará Venezuela de manera transitoria y utilizará sus recursos petroleros, aunque el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que el objetivo inmediato es hacer cumplir una cuarentena petrolera para presionar cambios políticos.
Divisiones profundas en América Latina
América Latina expuso profundas divisiones frente a la crisis entre Estados Unidos y Venezuela, con un primer bloque de países que condenó la intervención militar y reclamó respeto a la soberanía venezolana. Colombia y Brasil lideraron esta postura crítica: Bogotá habló de un regreso a “los peores momentos de injerencias” en la región y advirtió sobre la primacía de la ley del más fuerte sobre el multilateralismo, mientras que Brasil sostuvo que cualquier atentado contra la soberanía nacional afecta al conjunto de la comunidad internacional. En la misma línea, Chile subrayó que, pese a no reconocer al régimen de Maduro, las violaciones a los derechos humanos en Venezuela no tienen una salida militar.
En el extremo opuesto se ubicó Argentina, el aliado regional más firme de Donald Trump, que respaldó abiertamente la operación estadounidense. A través de su embajador ante la ONU, el gobierno de Javier Milei consideró que la captura de Maduro puede significar un “avance decisivo contra el narcoterrorismo” y abrir una nueva etapa para la recuperación de la democracia en Venezuela.
Paraguay también se alineó con esta visión, al sostener que la salida del líder del llamado cártel de los Soles —al que calificó como organización terrorista— debería habilitar de inmediato la restauración del Estado de derecho.
Entre ambas posiciones se situaron posturas intermedias, como la de Panamá, que combinó la defensa formal de la soberanía estatal con una fuerte crítica al gobierno de Caracas. El país centroamericano reiteró que no reconoce al régimen de Maduro ni a las autoridades designadas por él, al tiempo que señaló que la crisis venezolana se desarrolla en un contexto de desconocimiento de la voluntad popular. En el debate, Venezuela rechazó las acusaciones y aseguró mantener el control efectivo de su territorio, mientras reclamó la liberación inmediata de Maduro.
Agencias AP y AFP
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