El DHS se queda sin fondos: ¿sigue operando el ICE tras el nuevo cierre parcial de gobierno?

El 14 de febrero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos se vio forzado a operar bajo un nuevo cierre parcial de gobierno, una situación que pone de manifiesto las persistentes tensiones políticas en Washington. La parálisis administrativa se concretó luego de que el Senado estadounidense no lograra aprobar a tiempo el paquete de financiamiento requerido para la agencia, incumpliendo la fecha límite, cuya fecha límite ya había sido extendida, pero aseguró fondos para otras agencias federales.

La confrontación política reside en la disputa sobre políticas migratorias y el control de fuerzas de seguridad. Los demócratas han intensificado sus demandas, exigiendo límites más estrictos a los operativos migratorios llevados a cabo por la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y una mayor supervisión sobre la actuación de los agentes federales. Esta postura se fortaleció notablemente a raíz de los recientes fallecimientos de dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota, Renee Good y Alex Pretti, tragedias ocurridas el 7 y 24 de enero respectivamente, que agregaron urgencia a sus reclamos.

En el corazón de esta coyuntura, miles de empleados federales enfrentan precariedad. Cerca de 270 mil trabajadores de agencias consideradas esenciales, entre las que se cuentan la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) y la Guardia Costera, deberán continuar con sus labores sin percibir sueldo. Su naturaleza crítica impide el cese de actividades, generando incertidumbre económica y personal.

Paradójicamente, la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podrá sortear este impago. Los agentes de ICE continuarán recibiendo sus salarios y sus operaciones se mantendrán sin interrupciones, gracias a un fondo de 75 mil millones de dólares aprobado el año pasado. Este financiamiento proviene de una ley presupuestaria de la administración del expresidente Donald Trump, denominada “Big Beautiful Bill”, que aseguró recursos para la agencia incluso en escenarios de bloqueo presupuestario.

Las negociaciones para destrabar el financiamiento del DHS se llevan a cabo en privado entre los líderes de ambos partidos. Sin embargo, los demócratas han hecho públicas sus diez principales exigencias. Entre ellas, la obligación de agentes de portar identificación visible en todo momento, la necesidad imperiosa de obtener órdenes judiciales antes de realizar cateos en propiedades privadas, y la prohibición explícita de usar máscaras que oculten su identidad en operativos.

La duración de este cierre parcial es incierta, pero podría prolongarse por un mínimo de nueve días. Esto se debe a que los legisladores tienen agendado no regresar a sesionar hasta el 23 de febrero, aunque no se descarta la posibilidad de un retorno anticipado si surge la necesidad de discutir y votar un proyecto de ley para resolver la crisis.

Es fundamental diferenciar esta situación de un cierre total de gobierno. En esta ocasión, la mayor parte de las agencias federales cuentan con presupuesto asegurado hasta septiembre de 2026. El último cierre total, y el más extenso en la historia de Estados Unidos, tuvo lugar en octubre del año pasado, extendiéndose por 43 días y generando un gran impacto. La situación actual refleja la complejidad y la polarización del escenario político estadounidense.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.