El futuro de la ciudadanía por nacimiento: Donald Trump presiona a la Corte Suprema en EE.UU., que podría fallar en 2026
La Orden Ejecutiva del presidente republicano está frenada por una serie de fallos y la ratificación de uno de estos por parte de un tribunal de apelaciones; el gobierno quiere que el máximo tribunal se expida sobre la legalidad
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LA NACION
La promesa de ciudadanía por nacimiento, consagrada desde hace más de un siglo en la Constitución de Estados Unidos, enfrenta su mayor amenaza legal en décadas. Una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, firmada el 20 de enero de 2025, desencadenó una feroz batalla judicial que ya atravesó múltiples instancias y que ahora parece encaminarse hacia un fallo histórico en la Corte Suprema en 2026.
Trump presiona a la Corte Suprema para que emita su fallo sobre la ciudadanía por nacimiento
Aunque la Corte Suprema ya intervino parcialmente en esta disputa en junio, su decisión entonces no abordó directamente la legalidad del decreto de Trump, sino que limitó el poder y alcance de las medidas cautelares de los tribunales inferiores.
Estos antecedentes preparan el terreno para que el máximo tribunal, posiblemente en su próximo período, deba pronunciarse sobre el núcleo del asunto: si el presidente tiene autoridad para restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento mediante una orden ejecutiva.
Según informó CNN, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) expresó que buscará “con urgencia” que la Corte Suprema aclare la legalidad de la medida. El fallo, de producirse, podría conocerse a mediados de 2026 y sentar un precedente que reconfigure los fundamentos legales de la ciudadanía en Estados Unidos.
El origen del conflicto por la ciudadanía por nacimiento
El eje de esta disputa legal es el decreto titulado ”Protegiendo el Significado y el Valor de la Ciudadanía Estadounidense”, firmado por Trump el mismo día que regresó a la Casa Blanca. La medida busca negar la ciudadanía a todos los niños nacidos en territorio estadounidense cuyos padres estén en EE.UU. en situación irregular o con permisos temporales.
Este intento de modificar el principio de ius soli —por el cual toda persona nacida en suelo estadounidense obtiene la ciudadanía— fue calificado por múltiples tribunales como inconstitucional. Se apoya en una lectura restrictiva de la Enmienda 14° de la Constitución, que desde 1868 garantiza la ciudadanía a toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos, “sujeta a su jurisdicción”.
El antecedente más sólido que sostiene esta garantía es el fallo de la Corte Suprema de 1898, United States v. Wong Kim Ark, que estableció que incluso los hijos de inmigrantes chinos —que en ese momento no podían naturalizarse— eran ciudadanos por nacimiento.
Reveses judiciales a la orden de Trump para ponerle fin a la ciudadanía por nacimiento
Desde su firma, la orden ejecutiva de Trump fue objeto de múltiples demandas en todo el territorio. Tres tribunales federales —en Seattle, Boston y New Hampshire— emitieron fallos en julio de 2025 que bloquearon su implementación de manera nacional, incluso luego de que la Corte Suprema limitara el uso de medidas cautelares de ese tipo.
En un fallo clave emitido el 23 de julio, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito confirmó la orden de un juez federal en Seattle que suspendía la aplicación del decreto presidencial. En su resolución, con una votación de 2 a 1, los magistrados expresaron que la medida era inconstitucional y que su suspensión a nivel nacional era necesaria para proteger adecuadamente los derechos de los estados demandantes.
Las cortes que frenaron la orden de Trump
Las objeciones judiciales contra la política de Trump se multiplicaron en varias jurisdicciones, lo que refuerza el consenso entre los tribunales de que la medida viola la Constitución. Las decisiones más destacadas hasta ahora son:
- Seattle (Washington): el juez John Coughenour emitió en febrero una orden que bloqueó la implementación del decreto a nivel nacional. En julio, el Noveno Circuito confirmó su decisión.
- Boston (Massachusetts): el juez Leo Sorokin ratificó que su orden previa de detener la política no podía ser modificada sin generar daños irreparables a los demandantes. Consideró que la medida era contraria a la Constitución y a las leyes federales.
- New Hampshire: en una demanda colectiva promovida por la ACLU, el juez Joseph LaPlante también bloqueó la orden a nivel nacional. Hasta ahora, el gobierno federal no ha apelado esta resolución.
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