Es oficial: la nueva ley en Florida que va contra los migrantes indocumentados

Florida dio un paso decisivo en su política migratoria con la aprobación de una nueva ley que impacta directamente a los extranjeros indocumentados. La normativa, firmada por el gobernador Ron DeSantis, introduce una serie de medidas restrictivas que afectan desde la emisión de licencias de conducir hasta la participación en procesos electorales.

Restricciones en licencias de conducir y documentos de identificación para migrantes

Uno de los aspectos más destacados de la nueva legislación es la prohibición de emitir licencias de conducir o tarjetas de identificación a personas consideradas “extranjeros no autorizados” o migrantes indocumentados.

Según el texto de la ley, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida no podrá otorgar estos documentos a quienes no puedan demostrar su estatus migratorio legal. Además, se establece que las licencias emitidas por otros estados exclusivamente para indocumentados no serán válidas en tierras floridanas, lo que podría generar complicaciones para quienes dependen de estos permisos para trabajar o movilizarse.

La ley también exige que las personas que obtengan la ciudadanía estadounidense actualicen sus documentos de identificación dentro de los 30 días posteriores al cambio de estatus. Quienes no cumplan con este requisito podrían enfrentar sanciones, aunque estas se consideran infracciones menores.

Penalizaciones severas para votantes no autorizados

Otro punto de la legislación es la criminalización del voto por parte de personas no ciudadanas. La ley establece que cualquier extranjero no autorizado que vote en una elección cometerá un delito grave de tercer grado, castigado con penas de hasta cinco años de prisión.

Además, se prohíbe que los acusados utilicen como defensa el desconocimiento de su estatus migratorio o la creencia de que eran ciudadanos. Quienes ayuden o inciten a votar a personas no autorizadas también enfrentarán cargos similares.

Colaboración reforzada con agencias federales de inmigración

La nueva ley refuerza la colaboración entre las agencias locales y las autoridades federales de inmigración. Se crea el State Board of Immigration Enforcement (Junta Estatal de Cumplimiento de Inmigración), un organismo encargado de coordinar y supervisar la aplicación de las leyes migratorias federales en el estado.

Esta junta tendrá la facultad de emitir reglas y supervisar programas como el Local Law Enforcement Immigration Grant Program, que otorga fondos a agencias locales para apoyar la cooperación con las autoridades federales.

Además, se exige que los alguaciles y jefes de correccionales firmen acuerdos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) para participar en programas de aplicación de la ley migratoria. Las agencias que no cumplan con estos requisitos deberán justificar su incumplimiento ante la junta estatal.

Detención y deportación de migrantes indocumentados

La legislación también introduce medidas más estrictas para la detención y deportación de migrantes indocumentados. Se establece que cualquier persona arrestada por un delito grave y que sea identificada como “extranjero no autorizado” no podrá ser liberada bajo fianza hasta su primera audiencia. Si el tribunal determina que existe evidencia suficiente para considerarla un riesgo de fuga, se ordenará su detención preventiva.

Además, se crea el Unauthorized Alien Transport Program, un programa temporal que facilitará el transporte de migrantes indocumentados a petición de ICE. Este, que estará activo hasta junio de 2027, requerirá que el gobierno federal reembolse los costos asociados con estas operaciones.

SB-4C: la dura ley complementaria que impone pena de muerte

La Legislatura de Florida también aprobó la ley SB-4C, una normativa que introduce cambios significativos en el tratamiento legal de los inmigrantes sin autorización, entre los que se incluyen penas de prisión obligatorias y la posibilidad de imponer la pena de muerte en casos de delitos capitales.

La SB-4C establece que cualquier extranjero no autorizado mayor de 18 años que ingrese o intente ingresar a Florida después de haber evadido la inspección migratoria federal cometerá un delito menor de primer grado, con una pena mínima obligatoria de nueve meses de prisión. En caso de reincidencia, las sanciones se incrementan:

• Una segunda violación se considera un delito grave de tercer grado, con una pena mínima de un año y 1 día de prisión.
• Una tercera infracción conlleva una pena mínima de dos años.

Uno de los aspectos más controvertidos de la ley es la disposición que establece que cualquier extranjero no autorizado condenado por un delito capital será sentenciado a la pena de muerte, sin importar otras consideraciones legales. El tipo de crímenes que se enmarcan en este apartado son:

• Asesinato premeditado.
• Tráfico de drogas a gran escala.
• Secuestro con circunstancias agravantes.
• Delitos que involucran muertes o agresiones sexuales severas.

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