Permisos de US$100 y seguros: el plan de Miami Beach para regular la invasión de robots en sus zonas turísticas
Debido al alto tránsito y las colisiones, los comisionados de la ciudad decidieron implementar medidas para una mayor seguridad
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LA NACION
La imagen de robots por las veredas transitadas por turistas dejó de ser una curiosidad tecnológica para convertirse en un problema urbano concreto en Miami Beach. El crecimiento acelerado de los dispositivos de entrega autónoma obligó a las autoridades locales a intervenir con un paquete de normas que combina permisos pagos, seguros obligatorios y controles operativos estrictos.
Miami Beach: una ciudad diseñada para personas, no para máquinas
Según señalaron desde Miami Today, la discusión nació dentro de la comisión municipal tras reiteradas quejas por congestión en veredas angostas, especialmente en zonas turísticas.
La propuesta original pertenecía a la excomisionada Kristen Rosen Gonzalez, pero fue retomada y ampliada por la comisionada Tanya Katzoff Bhatt, quien defendió la regulación como una adaptación necesaria ante un fenómeno inevitable.
La funcionaria describió el problema de forma directa: “Tenemos veredas estrechas diseñadas hace 100 años que no contemplaban bicicletas, robots de entrega ni cochecitos ni dispositivos de movilidad ADA, y sin embargo estamos obligados a aceptarlos en nuestras calles”. La normativa, agregó, busca “hacer lo mejor posible dentro de una situación desafortunada”.
La ciudad pretende priorizar la circulación humana en áreas donde el turismo peatonal es intenso durante todo el año, para evitar choques, bloqueos de paso o situaciones de riesgo con personas mayores y familias.
Luces, sonido y visibilidad obligatoria: los nuevos elementos de seguridad para los robots
De acuerdo con SupplyChain 24/7, los robots deberán incorporar elementos de seguridad fácilmente identificables. Entre ellos, una bandera vertical o banderín, luces delanteras y traseras o reflectores equivalentes y un sonido periódico mientras estén en movimiento. El objetivo es que los peatones puedan detectarlos incluso en condiciones de distracción o alta densidad de público.
También se prohíbe que estos dispositivos exhiban publicidad comercial, salvo el nombre de su propietario. La ciudad busca impedir que las veredas se transformen en soportes publicitarios móviles, además de reducir estímulos visuales que distraigan a quienes caminan.
Seguros, documentación y contacto permanente
Según Miami Today, las empresas deberán presentar documentación antes de operar y facilitar un número de contacto activo las 24 horas. Además, cada robot deberá contar con una póliza de responsabilidad civil mínima de 100 mil dólares por incidente y firmar un acuerdo de indemnización que libere a la ciudad ante daños, lesiones o pérdidas financieras.
El certificado de seguro deberá renovarse cada año, lo que en la práctica convierte a la regulación en un sistema de monitoreo permanente sobre las compañías tecnológicas que operan en el espacio público. Las autoridades consideraron esta medida clave para cubrir posibles accidentes en zonas de alta circulación turística, donde la exposición al riesgo es mayor.
Límites estrictos de operación en las veredas
De acuerdo con 24/7, la ordenanza fija condiciones concretas para la circulación: los robots deberán respetar la normativa estatal para dispositivos de entrega, no podrán bloquear el paso ni impedir el acceso a rampas, edificios, hidrantes, paradas de transporte o infraestructura pública. Siempre deberán ceder prioridad a peatones.
También se estableció un límite máximo de velocidad de ocho millas por hora (12,8 km/h), con la intención de reducir impactos en caso de choque.
Además, los equipos no podrán permanecer detenidos más de 30 minutos en la vía pública salvo durante una entrega activa, y tendrán prohibido operar directamente en el Beachwalk y el Baywalk, dos de los corredores más concurridos de la ciudad costera.
El permiso anual de US$100 por cada robot
Según Miami Today, uno de los puntos centrales es la creación de un permiso municipal obligatorio para cada unidad autónoma. El costo será de US$100 anuales por dispositivo y la ciudad podrá rechazar, suspender o retirar la autorización ante incumplimientos.
Tras un período de gracia de seis meses, según la ordenanza aprobada por la comisión, las infracciones podrán derivar en multas, confiscación del robot o suspensión del operador.
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