Actualizaciones recientes sobre las redadas del ICE y protestas a favor de los inmigrantes en Chicago

Las calles del centro de Chicago se convirtieron en el epicentro de una de las protestas más grandes del año contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Mientras cientos de manifestantes bloquearon avenidas principales y exigieron el retiro de la Guardia Nacional de la ciudad, el gobierno federal redobló su ofensiva política y judicial para mantener el despliegue de tropas en territorio urbano y garantizar la protección de los agentes de inmigración.

Según informó NBC 5 Chicago, múltiples calles del centro fueron cerradas el miércoles por la noche, cuando cerca de mil personas marcharon por Michigan Avenue en rechazo al envío de tropas de la Guardia Nacional a la ciudad. Los manifestantes partieron desde el área del Congress Plaza Garden, avanzaron hacia el norte y se detuvieron en la intersección de Michigan Avenue con Upper Wacker Drive, una zona emblemática conocida por su cercanía con el río Chicago y la Torre Trump.

De acuerdo con el periodista James Neveau, los participantes se opusieron a la llegada de unos 200 soldados provenientes de Texas, destinados a reforzar la seguridad de las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Las autoridades locales informaron que el tránsito sobre la avenida Michigan, entre Ida B. Wells Drive y Randolph Street, quedó completamente interrumpido durante varias horas. Sin embargo, la protesta terminó sin incidentes ni detenciones.

Reporteros del The New York Times que cubrieron los acontecimientos detallaron que la movilización fue pacífica, aunque en un momento un pequeño grupo discutió con un manifestante contrario a la protesta que se expresó con un megáfono a favor del control migratorio. La policía intervino rápidamente y la situación se calmó sin violencia. Desde un autobús turístico que pasaba por el lugar, varios pasajeros gritaron consignas de apoyo a los manifestantes, lo que desató una ovación en medio del tumulto.

Mientras las marchas continuaban en las calles, el gobierno federal confirmaba la presencia activa de tropas en Illinois.

De acuerdo con información publicada por The New York Times, el Comando Norte de Estados Unidos anunció que parte del contingente texano ya estaba “protegiendo al personal y las propiedades federales” en el área de Chicago.

El gobernador demócrata JB Pritzker calificó la movilización como una “invasión inconstitucional” y pidió a los tribunales que detuvieran la orden del presidente. En paralelo, la Casa Blanca insistió en que el envío de soldados era legal y necesario para garantizar la seguridad de los agentes federales.

La confrontación escaló cuando Trump publicó en redes sociales que tanto Pritzker como el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, “deberían estar en la cárcel por no proteger a los oficiales del ICE”.

En los tribunales, las demandas para bloquear el despliegue de la Guardia Nacional avanzan tanto en Illinois como en Oregón. El diario neoyorquino informó que los jueces del Noveno Circuito permitieron que las tropas de Oregón permanecieran bajo control federal, pero sin ingresar todavía a Portland, hasta que se dicte un fallo más amplio. Una audiencia similar se celebrará en Chicago para decidir el futuro de los soldados texanos destacados en la región.

En paralelo a las movilizaciones, un juez federal de Chicago impuso nuevas restricciones a las detenciones del ICE. La resolución, detallada por The New York Times, limita la capacidad de los agentes para realizar arrestos sin orden judicial. El magistrado Jeffrey Cummings determinó que los llamados “formularios en blanco”, que los oficiales solían llenar en el momento de la captura, solo podrán utilizarse cuando la persona ya haya sido citada ante un juez migratorio.

La decisión surge de una demanda colectiva presentada durante la administración Biden y representa un golpe significativo al esquema de redadas masivas que el gobierno de Trump busca reactivar.

Según el fallo, ICE violó un acuerdo previo al detener a 22 personas —11 de ellas en un restaurante de Missouri y otras 11 en el área de Chicago— sin fundamentos legales suficientes. El juez extendió las restricciones por 118 días y ordenó a la agencia enviar un nuevo memorando a todos sus oficiales, para recordar los límites constitucionales de sus operaciones.