Impulsado por el DHS: la regla que aplicaría el ICE con una multa de hasta US$18.000 a migrantes
La reglamentación apunta a reembolsar al gobierno federal los gastos operativos generados por el proceso de detención y remoción
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LA NACION
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó recientemente una propuesta que podría llevar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) a aplicar multas de 18.000 dólares a migrantes en Estados Unidos. La medida, de aprobarse, afectaría a los extranjeros con órdenes de deportación en ausencia que no abandonen el país y sean detenidos por los agentes.
La nueva regla que aplicaría el ICE con multas de hasta US$18.000 a migrantes
El 22 de mayo, el DHS publicó la propuesta titulada “Increasing the Fee for Certain Aliens Ordered Removed in Absentia as Established by the HR-1 Reconciliation Bill”.
Esta norma, aún pendiente de revisión, tiene el objetivo de actualizar y aumentar significativamente una tarifa establecida originalmente por la Ley H.R.1.
Según el documento oficial, la sanción se impone a los no ciudadanos que son arrestados por el ICE luego de recibir una orden de remoción emitida in absentia. Esto comprende los casos en los que el migrante no se presenta a su audiencia en el tribunal de inmigración.
De este modo, no afectaría a todos los extranjeros con estatus irregular, sino que se aplicará a aquellos que reciben una orden de deportación por no acudir al tribunal y, con conocimiento de la situación, deciden quedarse en el país norteamericano.
Actualmente, la tarifa designada por el gobierno federal es de US$5130. De aplicarse, la normativa la elevaría a US$18.000. Además, establece que, una vez realizado el aumento, se efectuará un incremento anual con base en el Índice de Precios al Consumidor (CPI-U).
Respecto a los fondos, la ley establece que el 50% de lo recaudado se depositaría en una cuenta del ICE para operaciones de detención y remoción. El 50% restante iría dirigido al Fondo General del Tesoro de EE.UU.
Por qué el DHS quiere aplicar multas de US$18.000 a los migrantes
El anuncio señala que el monto se basa en la aplicación de la ley de inmigración (IEL, por sus siglas en inglés). Este informe es elaborado por la Unidad de Análisis y Evaluación del Desempeño (PA&E, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Presupuesto y Desempeño de Programas (OBPP, por sus siglas en inglés).
En promedio, el costo total del IEL para un extranjero es de US$18.042, lo que “justifica” el aumento, de acuerdo con las declaraciones del gobierno. En ese sentido, la administración Trump argumenta que el monto anterior era demasiado bajo para reembolsar adecuadamente los recursos gastados en arrestar a quienes evaden sus órdenes de salida.
Para cumplir con la ley, el proceso de la multa funcionaría de la siguiente manera:
- Notificación: tras la detención, el migrante recibe una notificación por escrito del cobro de la tarifa. Allí se detalla la fecha de la orden in absentia y el monto adeudado.
- Disputa y pago: el individuo tiene 30 días para apelar el aviso. El impago conlleva la acumulación de intereses, costos administrativos y penalizaciones por pago tardío.
- Impacto en beneficios futuros: el DHS advierte que las deudas pendientes podrían afectar la admisibilidad futura del extranjero si intenta solicitar un beneficio migratorio o reingresar legalmente al país norteamericano más adelante.
Excepciones a las multas del DHS y estado de la regla
La multa no se aplicará si la orden de remoción in absentia es rescindida por un juez de inmigración. Esto puede ocurrir si el extranjero demuestra mediante una moción de reapertura que:
- No pudo comparecer debido a “circunstancias excepcionales”, como una enfermedad grave o casos similares.
- No recibió la notificación adecuada de la audiencia.
- No pudo acudir a la audiencia porque estaba bajo custodia federal o estatal cuando ocurrió.
Actualmente, la propuesta todavía no entró en vigor. El documento es un Aviso de Propuesta de Reglamentación (NPRM).
En base a la fecha de su publicación, se pueden enviar comentarios públicos hasta el 22 de junio de 2026. El DHS estima que esta normativa podría afectar a unas 23.670 personas anualmente, en función de las tendencias de arrestos de 2025.
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