En Chicago: el alcalde Johnson busca frenar la aplicación de una política de Trump que afectaría a millones de personas
El gobierno republicano exige que los estados abandonen las políticas de diversidad, equidad e inclusión; la medida amenaza con quitar fondos clave a escuelas vulnerables
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LA NACION
El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, advirtió que recurrirá a todas las vías legales para impedir la implementación de una política de la administración Trump que podría retirar más de US$6400 millones en fondos federales destinados a la educación en Illinois.
Chicago podría perder más de US$1000 millones en fondos educativos
La semana pasada, el Departamento de Educación (DOE, por sus siglas en inglés) envió una carta a los estados en las que les daba diez días para presentar un formulario de certificación que garantice que sus políticas se alinean con las nuevas directrices federales que eliminan las prácticas DEI (diversidad e inclusión).
Esa condición amenaza con no financiar programas clave en escuelas con alta concentración de estudiantes en situación de vulnerabilidad. La oficina del alcalde de Chicago confirmó que el 16% del presupuesto de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS, por sus siglas en inglés) proviene de fondos federales:
- Esa proporción representa más de US$1000 millones anuales, de los cuales US$$400 millones están destinados a escuelas con mayor proporción de estudiantes de bajos recursos.
- Illinois, en su conjunto, recibió US$6400 millones para educación durante el último año académico. De ese monto, US$1200 millones llegaron a instituciones que atienden a comunidades vulnerables.
La certificación federal exige el fin de las prácticas DEI
El DOE exige que los estados certifiquen que sus escuelas no practican políticas que, según la administración Trump, promueven ilegalmente la diversidad, la equidad y la inclusión. El documento cita el Título VI de la Ley de Derechos Civiles, que prohíbe discriminar por raza, color u origen nacional.
Esa exigencia fue enviada a través de una carta firmada por Craig Trainor, secretario adjunto de derechos civiles. Illinois tiene diez días para responder, aunque sus autoridades ya afirmaron que no cambiarán sus principios.
“Illinois jamás retrocederá en su compromiso de ayudar a cada niño de cada comunidad, origen, nivel socioeconómico, género y raza, en coherencia con las leyes federales y estatales y con nuestros valores”, afirmaron desde la Junta Estatal de Educación del estado, según Axios.
Brandon Johnson advirtió que recurrirá a la Justicia
“Vamos a demandar. Es inconstitucional interferir con la libertad de expresión”, declaró Johnson la semana pasada, de acuerdo a Chalkbeat Chicago. “No nos vamos a dejar intimidar por estas amenazas, así de simple. Sea lo que sea que este tirano intente hacerle a esta ciudad, vamos a contraatacar”, agregó.
Johnson, exorganizador sindical y exprofesor de ciencias sociales, también destacó el acuerdo preliminar con el sindicato docente, que incluye cláusulas para proteger el derecho de los maestros a enseñar historia afroamericana y garantías para estudiantes y trabajadores LGBTIQ+.
“Amenazaron específicamente con quitar fondos a nuestras escuelas del Título I, que son las que atienden a niños con mayores necesidades", comentó. Además, el alcalde dijo que no se quedará “de brazos cruzados” y que la administración Trump “se va a enfrentar con la fuerza del pueblo trabajador”. “Y todo empieza acá en Chicago”, marcó.
Sin embargo, esta semana, los representantes del alcalde, según Axios, aclararon que se refería a respaldar más ampliamente una respuesta legal contra las exigencias del gobierno federal. Johnson agregó que explorarán todas las vías legales ante posibles recortes.
El DOE ya congeló fondos a otras instituciones
Recientemente, el gobierno de Trump ya bloqueó US$790 millones destinados a la Universidad Northwestern por denuncias de antisemitismo. Esa acción se justificó en supuestas violaciones a los derechos civiles bajo iniciativas DEI, de acuerdo a Chicago Tribune.
Hasta el momento, el DOE no respondió los pedidos de aclaración sobre cuáles contenidos se consideran ilegales. La ambigüedad genera incertidumbre en los distritos que promueven enfoques inclusivos.
Elizabeth Todd-Breland, profesora de historia en la Universidad de Illinois en Chicago, aseguró que “no se puede retener financiamiento por cuestiones curriculares”. También consideró que la disputa tendrá que resolverse en la Justicia.
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