Volantazo en Illinois: J.B. Pritzker cambia de rumbo y veta una ley que protegía a estos trabajadores
La iniciativa buscaba proteger a los empleados de los grandes almacenes del estado y había sido apoyada por la Hermandad Internacional de Camioneros
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LA NACION
El pasado viernes 21 de marzo, el gobernador J.B. Pritzker firmó 16 proyectos de ley aprobados por la Asamblea General durante enero. No obstante, también rechazó una protección para los trabajadores de grandes almacenes en Illinois. La legislación buscaba brindar una mayor transparencia sobre los requisitos de sus empleos, después de que ciertos informes indicaran que superan sus límites físicos con demasiada frecuencia.
El Proyecto de Ley 2547 de la Cámara de Representantes tenía el objetivo de que los trabajadores de almacenes recibieran una descripción escrita de cualquier cuota que se les imponga, como el número de tareas que deben realizar y el tiempo en el que deben completarlas. Además, prohibía que los empleadores pudieran castigarlos por incumplimiento debido a sus descansos.
De acuerdo con Chicago Tribune, la iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Hermandad Internacional de Camioneros, pretendía abarcar almacenes de 250 o más trabajadores en un solo centro de distribución, o a 1000 o más empleados en instalaciones similares. Sin embargo, no cubriría a los conductores de reparto.
Por qué Pritzker vetó una protección para los trabajadores de almacenes
En una carta dirigida a los legisladores, Pritzker explicó las razones por las que decidió vetar el proyecto de ley. En primer lugar, “si bien comparto el objetivo de proteger a los trabajadores de los almacenes de condiciones laborales peligrosas e injustas, este proyecto de ley se aprobó apresuradamente al final de la sesión del Congreso sin consultar con las agencias estatales pertinentes ni con mi oficina, y presenta problemas legales y operativos que socavan su eficacia”, afirmó, según ABC7.
De esta manera, Pritzker comentó que la legislación es demasiado imprecisa con respecto a qué trabajadores estarían cubiertos por la ley. Además, señaló que no existe un “plan claro e integral” para las sanciones civiles y los daños que podrían derivar de las violaciones de la medida.
“En este año fiscal ajustado y ante la impredecible aplicación y financiación del gobierno federal, es fundamental que los defensores, los legisladores y mi administración trabajen juntos para garantizar que cualquier nueva ley laboral sea fácil de implementar y no genere riesgo de impugnaciones legales”, sentenció Pritzker.
Por otro lado, el gobernador escribió que ordena a su oficina y al Departamento de Trabajo de Illinois que convoquen las partes interesadas “para abordar las preocupaciones políticas críticas subyacentes con respecto a las cuotas de almacén y la seguridad general de los trabajadores de almacenes”. A su vez, solicitó el establecimiento de un “equipo de control de campo que pueda responder con rapidez y eficacia ante condiciones peligrosas, falta de descansos para comer y descansar, y otras preocupaciones en los almacenes”.
Las reacciones al veto de Pritzker
Después de reunirse con el Departamento de Trabajo varias veces luego de la aprobación de la legislación en busca de hacer un seguimiento y abordar las inquietudes, Pasquale Gianni, director de asuntos gubernamentales del Consejo Conjunto de Teamsters 25, reconoció que el veto lo había “tomado por sorpresa”.
“Por eso es tan desconcertante”, expresó Gianni. “Que las preocupaciones de la administración salgan a la luz ahora, y hubo tiempo de sobra para registrarlas antes. Estábamos dispuestos a hacer lo imposible, pero parece que todo esto fue un ejercicio inútil”, concluyó.
Por su parte, el sindicato está abierto a presentar una nueva versión del proyecto de ley. Pese a esto, el veto de Pritzker todavía podría ser anulado, ya que el proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de Representantes con el apoyo bipartidista de 79 legisladores, que superarían el umbral de 71 votos necesarios. No obstante, en el caso del Senado, se necesitan 36 votos y la iniciativa recibió 35 cuando se aprobó en enero.
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