La guerra comercial de Trump llegó a la Corte Suprema: definen si sus aranceles son legales
El alto tribunal decide si el presidente se extralimitó al decretar tarifas a la importación de manera unilateral en base a una ley de poderes económicos de emergencia
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LA NACION
WASHINGTON.- La Corte Suprema de Estados Unidos celebró este miércoles la primera sesión sobre la legalidad de algunos de los aranceles de Donald Trump que protagonizan la guerra comercial a nivel global que lanzó desde su regreso a la Casa Blanca.
Los miembros del alto tribunal, de mayoría conservadora, tienen en sus manos el futuro de la agenda comercial del magnate republicano y los millones de dólares que prevé recaudar para las arcas públicas.
Los nueve magistrados dirimen si los poderes de emergencia del presidente le dan a Trump la facultad de imponer aranceles a casi todos sus socios comerciales, como los dirigidos a México, país al que el republicano acusa de permitir el tráfico de fentanilo a Estados Unidos.
Desde el bando opuesto al mandatario, argumentan que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (Ieepa) no permite a Trump desplegar esta vasta batería de impuestos aduaneros.
Una de las cuestiones claves que se debate en el alto tribunal es la “doctrina de las cuestiones importantes”, según la cual, el Congreso tiene que autorizar al presidente las medidas de fuerte calado.
El fiscal general John Sauer, que defiende al gobierno, dijo a los nueve magistrados que esta doctrina no aplica debido al amplio abanico de competencias inherentes al cargo de presidente. También advirtió que la anulación de los aranceles expondría a Estados Unidos a “represalias comerciales implacables” por parte de otros países.
Sauer argumentó que la cuestión de este caso no es la imposición de aranceles, sino la regulación del comercio exterior.
Varios magistrados expresaron sus dudas sobre las facultades que confiere a Trump la invocación de la Ieepa, ya que esta solo menciona poderes presidenciales para “regular las importaciones y exportaciones” y no para imponer aranceles.
De hecho la mayoría de los jueces parecían escépticos sobre la capacidad de Trump para imponer estos aranceles. Tres jueces conservadores plantearon dudas sobre si la ley de emergencia le otorga un poder casi ilimitado para establecer y cambiar aranceles.
Los tres magistrados liberales del tribunal también parecían dudar, por lo que al menos dos votos conservadores podrían limitar el poder arancelario de Trump, aunque probablemente no acabar con él por completo.
“Los impuestos son competencia del Poder Legislativo (...) y los aranceles son impuestos”, declaró la jueza progresista Sonia Sotomayor.
El presidente utiliza esta ley de emergencia “para imponer aranceles aduaneros independientemente del producto y del país de origen, eligiendo el importe y la duración", señaló el juez conservador John Roberts, lo que, a su juicio, confiere una “gran autoridad” al presidente.
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha impuesto aranceles a diestra y siniestra, hasta situar los gravámenes en su nivel más alto desde la década de 1930.
Trump calificó el caso judicial como uno de los más importantes en la historia del país y dijo que un fallo en su contra sería catastrófico para la economía.
El caso se centra en dos conjuntos de aranceles. El primero se produjo en febrero sobre las importaciones de Canadá, China y México después de que Trump declaró una emergencia nacional por el tráfico de drogas. El segundo tiene que ver con los amplios aranceles “recíprocos” sobre la mayoría de los países que Trump anunció en abril.
Un tribunal falló en mayo que el presidente excedió su autoridad al imponer los aranceles, aunque la apelación del gobierno permitió que permanecieran temporalmente en vigor.
Luego, un tribunal de apelaciones federal falló en agosto que los gravámenes eran ilegales, lo que llevó al gobierno a elevar el caso a la Corte Suprema.
Trump afirmó en la víspera de esta primera sesión de la Corte Suprema que mantener estos aranceles es “una cuestión de vida o muerte” para Estados Unidos.
Aunque el alto tribunal considere ilegales todos los gravámenes, la administración Trump podría recurrir a otras leyes para imponer aranceles del 15% durante 150 días, y aprovechar ese plazo para abrir investigaciones oficiales, como le concede la Sección 301 de la Ley de Comercio.
Agencias AFP y Reuters
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