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Los senadores republicanos votaron contra un proyecto de ley que limitaba el margen de Trump para atacar a Venezuela
La Cámara alta rechazó por estrecho margen un proyecto para limitar las facultades militares del presidente, mientras Washington confirma un nuevo ataque en el Caribe
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LA NACION
WASHINGTON.- Los senadores republicanos votaron el jueves para rechazar un proyecto de ley que buscaba limitar la capacidad del presidente estadounidense, Donald Trump, de lanzar un ataque directo contra Venezuela, en momentos en que el mandatario ampliaba su ofensiva contra el narcotráfico con un nuevo ataque a una embarcación en el Caribe, según informó su gobierno.
Varios legisladores, incluidos altos dirigentes republicanos, han exigido que la administración les proporcione más información sobre los ataques en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental, al tiempo que los demócratas han presionado al Congreso para que asuma un papel más firme en lo que consideran una arriesgada campaña de Trump contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro.
No obstante, la votación del jueves para rechazar el proyecto de ley bipartidista que en esencia habría impedido un ataque en territorio venezolano sin la autorización del Congreso, sugiere que los republicanos están dispuestos a darle a Trump cierto margen de maniobra para continuar con el despliegue de fuerzas navales en la región.
“El presidente Trump ha tomado medidas decisivas para proteger a miles de estadounidenses de los narcóticos letales”, dijo el senador Jim Risch, presidente republicano del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, para defender el resultado.
La iniciativa no logró avanzar y fue rechazada por 51 votos contra 49, con solo dos republicanos —Rand Paul, de Kentucky, y Lisa Murkowski, de Alaska— apoyándola.
Mientras tanto, Estados Unidos ha reunido en la región una fuerza inusualmente grande, incluido el portaaviones más grande y poderoso del mundo, lo que ha llevado a muchos a concluir que Trump podría estar planeando algo más que la simple interceptación de embarcaciones dedicadas al tráfico de droga.
En paralelo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció ese mismo jueves que Estados Unidos efectuó otro ataque mortal contra una embarcación que, según afirmó, traficaba narcóticos en el Caribe.
En la ofensiva murieron tres personas que iban a bordo, lo cual elevó el número de fallecidos de la campaña en aguas sudamericanas a al menos 69 personas, en 17 ataques.
“Es prácticamente un secreto a voces que esto tiene mucho más que ver con un posible cambio de régimen”, dijo el senador demócrata Adam Schiff, de California, quien impulsó la resolución. “Si eso es hacia donde se dirige el gobierno, si eso es lo que estamos arriesgando —involucrarnos en una guerra—, entonces el Congreso debe hacerse oír al respecto.”
Frustración en el Congreso
Hegseth publicó en redes sociales un video de 20 segundos del ataque, y escribió: “Como hemos dicho antes, los ataques a embarcaciones de narcoterroristas continuarán hasta que se acabe el envenenamiento que hacen del pueblo estadounidense”. Dijo que la embarcación era “operada por una organización que ha sido designada terrorista”.
Trump ha justificado los ataques afirmando que Estados Unidos se encuentra en “conflicto armado” con los cárteles de la droga y asegurando que las embarcaciones son operadas por organizaciones terroristas extranjeras. El gobierno, sin embargo, no ha presentado evidencia ni ofrecido más detalles.
En paralelo, mientras la administración reorienta las prioridades de Estados Unidos en el exterior, ha crecido la frustración entre legisladores —incluidos algunos republicanos— inquietos por las decisiones más recientes del Pentágono.
En una audiencia del Comité de Servicios Armados del Senado realizada más temprano el jueves, el senador Roger Wicker, presidente republicano del comité, advirtió que muchos legisladores tienen “serias preocupaciones sobre la oficina de políticas del Pentágono” y que el Congreso no está siendo consultado sobre decisiones recientes, como la suspensión de la asistencia en materia de seguridad a Ucrania, la reducción del número de tropas estadounidenses en Rumania y la elaboración de la Estrategia de Defensa Nacional.
Ante el creciente malestar en el Capitolio, el gobierno de Trump ha intensificado sus contactos con los legisladores. El secretario de Estado, Marco Rubio, junto con Hegseth, ofrecieron el miércoles una sesión informativa clasificada a los líderes del Congreso. Según los legisladores presentes, los funcionarios detallaron la información de inteligencia utilizada para atacar las embarcaciones y permitieron revisar la justificación legal de las operaciones, aunque evitaron discutir si consideraban lanzar un ataque directo contra Venezuela.
Aun así, los demócratas han puesto a prueba la incomodidad entre los republicanos al forzar la votación sobre la posibilidad de un ataque contra Venezuela, en el marco de la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, que fue concebida para reafirmar la autoridad del Congreso sobre la declaración de la guerra.
Una votación anterior, relacionada con los ataques contra embarcaciones en aguas internacionales, también fracasó el mes pasado, con un resultado de 48 a 51. Pero el senador Tim Kaine, de Virginia, quien impulsó la legislación, dijo que aún planea forzar más votaciones.
“No deberíamos ir a la guerra sin una votación del Congreso. Las vidas de nuestros soldados están en juego”, dijo Kaine en un discurso ante el pleno.
Los demócratas también argumentaron que el gobierno de Trump utiliza una débil defensa legal para una campaña militar de gran alcance que pone en riesgo a las tropas estadounidenses y la reputación del país. El senador Jack Reed, el principal demócrata del comité de Servicios Armados, acusó a Trump de involucrarse en “violencia sin un objetivo estratégico”, mientras deja de lado las medidas que realmente podrían abordar el tráfico de fentanilo.
“No se puede bombardear la salida de una crisis de drogas”, afirmó el legislador.
Dudas entre los republicanos
El liderazgo republicano presionó el jueves para asegurarse que el proyecto de ley fracasara, pero varios senadores tuvieron que analizar muy cuidadosamente su voto antes de decidir.
El senador Thom Tillis, republicano de Carolina del Norte, otro de los que votó en contra de la resolución, dijo que todavía tiene dudas sobre la campaña. Señaló que cambiar la ubicación del despliegue de un portaaviones resultaba costoso y cuestionó si esos fondos no podrían utilizarse mejor en la frontera entre Estados Unidos y México para frenar el tráfico de fentanilo.
Tillis afirmó que, si la campaña se prolonga varios meses más, “entonces tenemos que tener una conversación seria sobre si estamos o no participando en algún tipo de guerra híbrida”.
El senador Todd Young, republicano de Indiana, dijo en un comunicado que votó en contra de la legislación porque no creía que fuera “necesaria o apropiada en este momento”.
Pero agregó que estaba “preocupado por muchos aspectos y suposiciones de esta operación, y creo que está en desacuerdo con la mayoría de los estadounidenses, que quieren que las fuerzas armadas de Estados Unidos estén menos involucradas en conflictos internacionales”.
Agencia AP y diario The New York Times
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