Aspecto racial o idioma: el fallo de la Corte Suprema que otorga al ICE la potestad de arrestar con base en estos rasgos
Los agentes federales podrán detener en sus patrullajes a personas por “sospechas razonables”: criterios que van desde hablar español hasta encontrarse en un lugar “frecuentado por inmigrantes”
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LA NACION
La Corte Suprema de Estados Unidos habilitó a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a realizar patrullas itinerantes y detener a personas por factores como la apariencia física, el idioma que hablen o el simple hecho de encontrarse en lugares considerados “frecuentados por inmigrantes”. El fallo, que legitima el uso del perfil racial en los operativos, generó reacciones encontradas dentro del sistema judicial.
Operación At Large en Los Ángeles: redadas y patrullas del ICE
En junio de 2025, el gobierno federal lanzó la llamada “Operación At Large” en la ciudad de Los Ángeles y en los condados cercanos. El operativo desplegó patrullas itinerantes de agentes armados y enmascarados. Recorrieron parques, estaciones de autobús, depósitos de grúas, iglesias y tiendas de la cadena Home Depot. También fueron escenarios de estas redadas los lavaderos de autos, las granjas y los centros de reciclaje, según el fallo de Corte Suprema.
Durante un mes, el impacto fue contundente: se registraron casi 2800 arrestos vinculados a violaciones de inmigración, aunque muchas más personas fueron detenidas de manera momentánea. Según la documentación del caso, los agentes solían actuar de forma inmediata, sin preguntas preliminares y bajo la premisa de que la apariencia o el contexto eran suficientes para sospechar.
Los testimonios describen escenas con oficiales que portaban fusiles de estilo militar, órdenes tajantes como “¡Alto ahí!” y un posterior interrogatorio sobre la ciudadanía de las personas retenidas.
En algunos casos, la fuerza física se convirtió en la norma: brazos retorcidos, empujones contra cercas metálicas, caídas al suelo y esposas colocadas con violencia. Hubo episodios en los que los agentes usaron gases lacrimógenos contra grupos de personas, trasladándolas luego a improvisadas “áreas de almacén” para nuevos interrogatorios.
Los factores detrás de las detenciones: las “sospechas razonables”
El debate legal giró en torno a los criterios que justificaron las detenciones de las patrullas itinerantes. Según lo señalado por la disidencia de la Corte Suprema, los oficiales del ICE se basaron principalmente en cuatro factores:
- La raza o etnia aparente.
- El hecho de hablar español o inglés con acento.
- La presencia en ciertos lugares como estaciones de autobús, lavaderos o granjas.
- El tipo de empleo, especialmente en sectores como la construcción, jardinería, agricultura o limpieza de autos, considerados trabajos donde suelen contratarse inmigrantes indocumentados.
La conjunción de estas variables sirvió de base para detener a personas sin que existiera una sospecha individualizada, lo que disparó acusaciones de discriminación sistemática.
Una mayoría conservadora de la Corte Suprema respalda las redadas del ICE
El juez Brett Kavanaugh, en su opinión concurrente, defendió el fallo que permitió suspender la orden del tribunal de distrito que limitó las redadas. Según argumentó, la Ley de Inmigración y Nacionalidad otorga a los agentes el poder de interrogar a cualquier persona sospechosa de ser extranjera y de verificar su derecho a permanecer en el país norteamericano.
Para Kavanaugh, los agentes pueden detener brevemente a individuos si existe una “sospecha razonable, basada en hechos articulables”, de que se encuentran de manera ilegal en Estados Unidos. La combinación de factores como el lugar donde se hallaba la persona, el idioma que hablaba y su aspecto físico podía, en conjunto, constituir esa conjetura.
El magistrado justificó la medida en la gran magnitud de la inmigración irregular en Los Ángeles, donde estimó que alrededor de 2 millones de personas —un 10% de la población local— carecen de papeles. Desde su perspectiva, impedir estas detenciones afectaría de manera sustancial la capacidad del gobierno de aplicar la ley federal.
Kavanaugh también minimizó las consecuencias para ciudadanos y residentes legales, al sostener que el interrogatorio “típicamente es breve” y que, una vez aclarado el estatus, las personas quedan en libertad. A su juicio, el interés de los extranjeros sin autorización en evadir estos controles no constituye un derecho especialmente protegido por la Constitución.
Disidencia en la Corte Suprema: críticas al perfil racial en operativos ICE
En contraste, la jueza Sonia Sotomayor, junto a Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, calificó la decisión de la mayoría como un “grave mal uso del legajo de emergencia”. Para la magistrada, las prácticas descritas vulneran la Cuarta Enmienda, que prohíbe las detenciones arbitrarias.
“La raza, el idioma, la ubicación o el tipo de trabajo no son indicadores fiables de estatus migratorio, y proyectar sospechas sobre grandes segmentos de la población respetuosa de la ley es inaceptable”, subrayó.
Sotomayor recordó que casi el 47% de los habitantes del Distrito Central de California se identifican como hispanos o latinos, lo que significa que millones de ciudadanos o residentes legales podrían ser objeto de estas detenciones sin justificación válida.
La jueza también citó precedentes como Brignoni-Ponce, donde la Corte había establecido que la ascendencia mexicana por sí sola no constituía una sospecha razonable. En su análisis, el uso de estadísticas agregadas no sustituye la necesidad de pruebas individualizadas.
Además, Sotomayor enfatizó que no se trataba de “interrogatorios breves”, sino de verdaderas “incautaciones de personas” mediante armas de fuego, violencia física y traslados a depósitos para interrogatorios. Estas prácticas, dijo, perjudicaban no solo a inmigrantes indocumentados, sino también a ciudadanos estadounidenses que eran detenidos en sus lugares de trabajo y obligados a probar su nacionalidad.
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