En Chicago y Los Ángeles: la norma poco conocida, usada por el ICE, para detener a migrantes y ciudadanos estadounidenses

Grandes ciudades como Chicago y Los Ángeles fueron el epicentro de las redadas coordinadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a mediados del año pasado. Estos operativos se realizaron amparados en una norma que sanciona a toda persona que obstaculice el accionar de un agente federal en ejercicio de sus funciones.

El artículo 111 del título 18 del Código de Estados Unidos está diseñado para proteger a los funcionarios federales. Concretamente, dicha disposición castiga a cualquier persona que “agreda, resista, se oponga o intimide” a todo agente mientras ejerce su labor, según consignó el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).

Para que se considere que alguien cometió un delito bajo esta sección, debe haber usado la fuerza o haber amenazado con su uso a un oficial mientras cumple con sus deberes. Esto se define de acuerdo a cada incidente particular.

“Una amenaza que haga que un agente federal anticipe daño físico durante el desempeño de sus funciones constituye una agresión por la fuerza“, dice el escrito presentado por el DOJ.

Las condenas dependen del tipo de agresión. Si se considera un ataque simple, la pena es una multa, prisión de no más de un año, o ambas, de acuerdo con Legal Information Institute.

Si el hecho implicó un contacto físico o intención de delito grave, la pena se incrementa a ocho años en la cárcel. Por el contrario, si en el ataque se utiliza un arma mortal o peligrosa o se infligen lesiones corporales, la pena puede ser de hasta 20 años de prisión.

La normativa se ha convertido en una herramienta clave para los agentes del ICE durante las redadas. De acuerdo con un informe de CNN, se han reportado arrestos de ciudadanos por grabar videos de los oficiales en la vía pública, seguir sus vehículos, tocar la bocina o gritar advertencias para alertar a la comunidad migrante sobre su presencia.

Decenas de videos de celulares y cámaras corporales revisados ​​por el medio muestran que los agentes amenazan con arrestar a las personas que los siguen o filman videos de ellos. Esto, a pesar de que funcionarios como el jefe interino de ICE, Todd Lyons, reconocieron ante el Congreso que grabar en público o gritarles a los oficiales no violaba la ley.

Con estas incongruencias, muchos casos terminan desestimados por los fiscales o resultan en absoluciones en los juicios. Un ejemplo de ello ocurrió en Chicago, donde 16 de 22 procesamientos recientes fueron rechazados por un gran jurado.

De esta forma, expertos y abogados de derechos civiles argumentan que la administración abusa de esta ley para atacar actividades protegidas por la Primera Enmienda, como la libertad de expresión y protesta.

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