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Atención migrantes: la orden firmada por Trump para que los bancos revisen estatus legal de sus clientes
La medida instruye a reguladores financieros a reforzar controles sobre cuentas bancarias, créditos y préstamos vinculados a personas sin autorización laboral o situación migratoria legal
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LA NACION
El presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva “Restaurar la integridad del sistema financiero de EE.UU.”, que instruye a reguladores financieros a reforzar los controles sobre clientes sin autorización legal en el país norteamericano. El decreto ordena a las agencias gubernamentales y a los organismos del sector financiero identificar posibles operaciones vinculadas a personas que abran cuentas, soliciten préstamos o tramiten tarjetas de crédito sin estatus migratorio legal verificado o sin autorización de empleo.
Orden de Trump sobre bancos: plazos, controles e impacto en cuentas con ITIN
De acuerdo con un informe publicado por NBC News, la regulación final resultó menos agresiva de lo anticipado por las entidades financieras, ya que los borradores previos de la Casa Blanca contemplaban la recopilación obligatoria y generalizada de datos sobre ciudadanía de los usuarios.
En tanto, otro reporte de Univision agrega que la disposición actual se emitió bajo el argumento del Ejecutivo de que el sistema financiero enfrenta riesgos de morosidad si los titulares de créditos llegan a ser deportados.
El documento oficial de la Casa Blanca establece mandatos específicos con plazos definidos para endurecer la supervisión bancaria.
En una primera fase de 60 días, el Departamento del Tesoro deberá emitir una advertencia formal con “señales de alerta” dirigidas a las entidades financieras.
Entre esas pautas, la orden apunta a esquemas de evasión de impuestos de nómina y al uso de “estructuras complejas de transferencia de fondos diseñadas para ofuscar la identidad de los beneficiarios finales”. La orden indica que los reguladores deberán prestar especial atención a:
- La utilización de “documentos de identidad extranjeros, cuentas nominales o empresas fantasma” para ocultar transferencias.
- El uso de plataformas de pago electrónico entre pares (P2P) y procesadores de pago de terceros para realizar pagos salariales por fuera de los registros contables.
- Los patrones de retiros o depósitos en efectivo repetitivos y por debajo de los límites legales que coincidan con ciclos de pago de nómina, una práctica clasificada como “estructuración y microestructuración”.
- La orden ejecutiva pone especial énfasis en el uso del Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés).
El texto de la Casa Blanca sostiene que recurrir a este código en lugar de un número de Seguro Social constituye un “factor de riesgo que requiere una debida diligencia mejorada para garantizar que la cuenta no se esté utilizando para facilitar el empleo ilegal de extranjeros no autorizados”.
En esa línea, Univision citó un análisis del Urban Institute según el cual existen entre 5000 y 6000 hipotecas activas emitidas bajo la modalidad ITIN en EE.UU., un sector donde corporaciones como Fannie Mae y Freddie Mac ya mantienen políticas restrictivas de financiamiento.
Por qué la Casa Blanca vincula estatus migratorio, créditos y riesgo financiero
A través del decreto, el gobierno federal justificó la fiscalización al señalar que no permitirá “riesgos para nuestro sistema financiero derivados de la extensión de crédito o de servicios financieros a la población de extranjeros inadmisibles y sujetos a deportación”.
Según especificó NBC News, debido a que las entidades financieras no recopilan tradicionalmente el estatus migratorio, no existen estadísticas públicas confiables que midan el nivel real de morosidad en este sector.
Sin embargo, el texto oficial de Trump argumenta que estos deudores enfrentan la posibilidad de perder ingresos por remoción y que otorgarles financiamiento genera una deficiencia estructural en su capacidad de pago.
Para avanzar con estos cambios, la orden otorga un plazo de 90 días al Departamento del Tesoro para proponer modificaciones a los reglamentos de la Ley de Secreto Bancario.
El objetivo es que las entidades financieras puedan solicitar información adicional para resolver inquietudes materiales de cumplimiento, incluida información vinculada con el estatus migratorio legal y la autorización de empleo en EE.UU.
Asimismo, en un período de 180 días, el gobierno evaluará reformas para endurecer los Programas de Identificación de Clientes y revisar el uso de tarjetas de identificación consular extranjeras.
Qué cambia para migrantes con cuentas bancarias
Especialistas de NBC News explicaron que representantes de las principales firmas bancarias presionaron durante meses a la Casa Blanca para frenar un mandato de verificación más estricto.
El argumento, según remarcaron, fue el de una exigencia obligatoria que elevaría los costos operativos y las cargas burocráticas del sistema financiero.
Al limitarse a lineamientos regulatorios y análisis de riesgo en lugar de establecer una obligación absoluta, el texto final fue interpretado como una concesión parcial hacia el sector corporativo.
