Bloqueada en Nuevo México: la ley HB 9 que frena al ICE contra los migrantes y que enfrenta al DOJ con el estado
La normativa prevé la protección de la comunidad extranjera mediante medidas como la suspensión del uso de terrenos públicos para las redadas; en qué consiste, punto por punto
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LA NACION
El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, acordó pausar la aplicación de la HB 9 tras una denuncia del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) contra las medidas “antiICE” en el estado. La normativa prevé proteger a las familias inmigrantes ante deportaciones masivas y estaba por aplicarse el 20 de mayo.
En qué consiste la ley HB 9, la medida que frena el ICE contra los migrantes
La HB 9, denominada Ley de Seguridad de los Inmigrantes, es una legislación de Nuevo México firmada el 5 de febrero de este año. El propósito de la medida es proteger a las familias inmigrantes y prohibir la complicidad del estado en los operativos migratorios.
La normativa está basada en cuatro pilares fundamentales, según consigna el documento:
- Prohibición de acuerdos de detención: impide que los gobiernos estatales y locales celebren, renueven o mantengan acuerdos para detener a personas por violaciones de inmigración civil federal.
- Terminación de contratos existentes: exige que cualquier organismo público que tenga acuerdos vigentes de este tipo los finalice en la fecha más cercana permitida por el contrato.
- Restricción de propiedad pública: prohíbe el uso, venta o arrendamiento de terrenos o propiedades públicas para facilitar la detención por motivos de inmigración civil.
- Eliminación de acuerdos 287(g): prohíbe los convenios que permiten que los agentes del orden local actúen como agentes de inmigración federales.
De igual modo, la ley busca fomentar la confianza en las autoridades para que las víctimas de delitos y sobrevivientes de violencia doméstica encuentren ayuda policial sin temor a ser deportados.
La denuncia presentada por el Departamento de Justicia
La HB 9 estaba pautada para entrar en vigor el próximo 20 de mayo. No obstante, a principios de ese mes, el DOJ presentó una demanda y una solicitud de medida cautelar preliminar contra el Estado de Nuevo México por la normativa.
De acuerdo con el comunicado oficial, Nuevo México prevé “abolir décadas de colaboración voluntaria” entre los gobiernos locales y las autoridades federales para regular las políticas migratorias, una facultad que la Constitución otorga de manera exclusiva y única al “gobierno federal”.
“Nuestras demandas buscan detener las acciones inconstitucionales del estado, preservar la cooperación entre las fuerzas del orden federales, estatales y locales, y permitir que los funcionarios federales de inmigración hagan cumplir la ley”, dijo el fiscal general adjunto Brett A. Shumate, de la División Civil del Departamento de Justicia.
La demanda destaca que, al prohibir la participación de entidades públicas en la detención migratoria federal, la HB9 pone en peligro cerca de 300 puestos de trabajo.
Qué dijo Nuevo México tras la demanda del DOJ
El pasado 13 de mayo, el fiscal general de Nuevo México presentó una moción estipulada en la que aceptaba dejar de aplicar la norma contra el extenso Centro de Detención del Condado de Otero mientras continúa la demanda federal.
De acuerdo con NM Political Report, a cambio de que el DOJ retirara su solicitud de medida cautelar preliminar, Torrez se comprometió a suspender la aplicación de la ley.
“Esta fue una decisión procesal tomada con el fin de agilizar el litigio federal pendiente. Confiamos en que actuamos conforme a la ley y queremos llegar a una resolución final lo antes posible”, dijo un portavoz de la fiscalía de Nuevo México.
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