El caso negado de asilo a una venezolana que podría afectar a miles de migrantes con estatus pendientes
Un fallo revirtió la protección otorgada a una mujer que escapó de su país tras recibir amenazas; la orden de la fiscal general para que esta decisión marque un precedente
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LA NACION
Un fallo judicial en Estados Unidos, que rechazó el pedido de asilo de una oficial venezolana, marcó un precedente que podría impactar en de miles de migrantes con trámites abiertos. La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) negó este pedido de protección humanitaria en julio y la fiscal general, Pam Bondi, ordenó a jueces y fiscales considerar esta resolución como referencia en decisiones futuras.
El caso de asilo de la oficial venezolana que podría marcar un precedente
Según los registros judiciales a los que accedió Univision, el caso de asilo rechazado afecta a una exteniente del Ejército venezolano (identificada en los documentos bajo el código O-Y-A-E) que se desempeñó como oficial de contrainteligencia. En su pedido expresó que temía ser “golpeada, secuestrada, detenida, torturada o asesinada si regresaba a Venezuela debido a su negativa a cumplir” con una orden ilegal.
El expediente indica que un superior, identificado como comandante Ortado, le pidió falsificar un documento. Ella se negó y a partir de ese momento comenzaron las amenazas.
Tras pedir su retiro del Ejército, una unidad militar armada acudió a su casa por orden de Ortado. El oficial la buscó de manera directa y la amenazó, lo que reforzó la credibilidad de su testimonio. La mujer emigró a Estados Unidos para protegerse.
En 2024, durante el gobierno de Joe Biden, un juez de inmigración analizó el caso y le otorgó el asilo, al considerar que su declaración era creíble y que cumplía con los requisitos bajo la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT).
El magistrado detalló que, aunque la demandada no sufrió tortura, Ortado “amenazó con secuestrarla, encarcelarla, torturarla y asesinarla a ella y a su familia”. También consideró que, debido a su rol en la contrainteligencia, el Estado venezolano tenía capacidad de identificarla con facilidad en caso de su regreso a su país.
La apelación del DHS y la orden de Pam Bondi
El 4 de diciembre de 2024, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) presentó una apelación contra la decisión favorable. El organismo cuestionó el asilo otorgado y solicitó la revisión del caso.
Así, el 23 de julio pasado, la Junta de Apelaciones de Inmigración revirtió el fallo original. Determinó que la demandada no cumplía con los estándares requeridos y emitió una orden de deportación.
El dictamen advierte que, en caso de incumplimiento, la mujer enfrentará una multa de US$998 diarios hasta abandonar el país.
Tras la revocación del fallo, la fiscal general Pam Bondi emitió la orden que establece que la decisión de la BIA en el caso O-Y-A-E debe aplicarse como precedente obligatorio en procesos similares.
“De conformidad con la orden número 6380-2025, de fecha 20 de agosto de 2025, la fiscal general designó la decisión de la Junta en el asunto O-Y-A-E- (BIA, 23 de julio de 2025) como precedente en todos los procedimientos relacionados con el mismo asunto o asuntos”, señala el escrito citado por el mismo medio.
Cuál es el impacto en las solicitudes de asilo pendientes
Este cambio eleva el estándar de “miedo creíble” en solicitudes de asilo, lo que implica un criterio más exigente para quienes buscan amparo en el país.
Con la designación de este caso como referencia obligatoria, miles de solicitantes de asilo con trámites pendientes enfrentarán un estándar más estricto para probar miedo creíble, lo que podría reducir las aprobaciones de asilo.
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