Es venezolano, fue deportado por error a El Salvador y ahora demanda a Donald Trump: “Debe rendir cuentas”
Cristian, solicitante de asilo, fue expulsado a una prisión salvadoreña de máxima seguridad mediante una ley del siglo XVIII; una serie de órdenes judiciales protegían su estadía en EE.UU. mientras se resolvía su caso, pero no fueron respetadas
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LA NACION
Cristian, un solicitante de asilo venezolano que fue detenido por autoridades de Estados Unidos, terminó en una de las cárceles más temidas de América Latina, sin que mediara un proceso justo ni se respetaran las medidas judiciales que lo protegían. Ahora sus abogados impulsan una denuncia por desacato penal contra el gobierno del presidente Donald Trump y exigen que regrese desde el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador.
Deportación exprés y una ley del siglo XVIII: el caso de Cristian
A mediados de marzo de 2025, Cristian, de 20 años, fue deportado por las autoridades estadounidenses bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, un instrumento legal del siglo XVIII que se utilizaba durante tiempos de guerra y que la administración Donald Trump reactivó como parte de su ofensiva contra migrantes que, según sostenía, tenían vínculos con el grupo criminal venezolano conocido como Tren de Aragua. Esta maniobra le permitió entonces al gobierno acelerar expulsiones sin un proceso completo.
En ese contexto, Cristian fue enviado a la cárcel de máxima seguridad de Nayib Bukele en El Salvador, una prisión reconocida por su trato severo a los reclusos. La deportación se concretó a pesar de que la jueza federal Stephanie Gallagher, del tribunal de Baltimore, había emitido una orden clara: el venezolano debía permanecer en Estados Unidos mientras se evaluaba su petición de asilo, según indicaron en CNN.
La orden ignorada y las consecuencias judiciales
Durante meses, el caso de Cristian se mantuvo en segundo plano. La jueza Gallagher había exigido que se “facilitara” el retorno del joven a suelo estadounidense, pero la administración Trump no tomó acciones concretas para acatar esa directiva.
La situación cambió cuando, el 18 de julio de 2025, se conoció que Cristian formó parte de un grupo de 252 venezolanos encarcelados en Cecot que fueron devueltos a su país como parte de un intercambio negociado entre Trump y Nicolás Maduro. Por su parte, Estados Unidos recuperó a diez de sus ciudadanos.
El abogado de Cristian, Kevin DeJong, afirmó ante la corte que su cliente fue utilizado como ficha de negociación en el acuerdo bilateral, aun cuando pesaban sobre él medidas judiciales de protección. Y fue más allá: le solicitó a la jueza Gallagher que considere iniciar procedimientos por desacato penal, dado el “desprecio flagrante” por las órdenes judiciales.
Según DeJong, el incumplimiento no fue un hecho aislado. “Ha habido violaciones recurrentes. Alguien debe rendir cuentas por estas violaciones graves”, expresó. En consecuencia, su equipo legal se comprometió a presentar en un plazo de diez días una solicitud formal para que se evalúe la apertura del proceso de desacato.
La respuesta de la administración Trump en el caso del venezolano
Durante la audiencia, la representante del Departamento de Justicia, Ruth Ann Mueller, defendió la actuación del gobierno estadounidense. En ese sentido, rechazó las acusaciones de incumplimiento e insistió en que la administración está en condiciones de recibir nuevamente a Cristian si él lo solicita.
“Si Cristian desea regresar, el gobierno está listo y puede facilitarlo”, aseguró Mueller ante la magistrada. También prometió que se eliminarían las “barreras internas” que pudieran impedir la vuelta del joven solicitante de asilo.
Sin embargo, para la defensa, estas declaraciones no bastan. Alegan que no se trata solo de voluntad actual, sino de que ya hubo una conducta deliberada para eludir las órdenes del tribunal y utilizar a Cristian como moneda de cambio.
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