Espionaje a quienes defienden a migrantes: el FBI se infiltró en un chat privado para vigilar a activistas

Un caso de vigilancia encendió las alarmas entre defensores de derechos civiles tras conocerse que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) habría obtenido acceso a comunicaciones encriptadas de activistas que realizaban labores de observación en cortes migratorias. Los hechos salieron a la luz mediante documentos gubernamentales que revelaron que autoridades federales calificaron como peligrosas las actividades de ciudadanos que ejercían su derecho a presenciar audiencias públicas.

Cómo un documento filtrado reveló que el FBI accedió a chats cifrados de activistas

La información se hizo pública a través de registros conseguidos por Property of the People, una organización dedicada a la transparencia gubernamental. The Guardian publicó estos hallazgos que muestran la acción federal en espacios digitales considerados seguros.

Los documentos corresponden a un reporte conjunto elaborado por el FBI y el Departamento de la Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) durante agosto de 2025. El material clasificado incluye fragmentos textuales extraídos de conversaciones mantenidas por el grupo Court Watch NYC, un colectivo de voluntarios que monitorean audiencias públicas de inmigración, en la plataforma Signal.

Esta aplicación es reconocida mundialmente por implementar sistemas de encriptación que impiden la lectura de mensajes por terceros, lo que incluye a los operadores de la propia plataforma.

El material fue usado para calificarlos como “actores anarquistas extremistas violentos”, sin evidencia de actividades ilegales, según retoma The Guardian. La etiqueta se basó en conversaciones donde los participantes intercambiaban información operativa para entrar a las salas de audiencias públicas y documentar procedimientos que involucran a agentes de inmigración.

Cómo el FBI ingresó a un chat encriptado de un grupo pro inmigrante

El documento difundido citó a una “fuente sensible con excelente acceso” al chat de Signal. La descripción sugiere la posibilidad de un participante que compartió capturas o mensajes, la presencia de un informante, o el acceso a un dispositivo desbloqueado.

La agencia no detalló los mecanismos empleados. Dado el tipo de cifrado de la plataforma, la forma más probable de acceso implicaría la intervención directa de un miembro del grupo o la manipulación de sus equipos.

Las citas recogidas por el FBI provienen de una sesión virtual realizada a finales de mayo, donde los voluntarios discutieron la organización de observadores en tres tribunales migratorios de Manhattan. La conversación también aludió a la importancia de registrar imágenes de agentes y del interior de las instalaciones. Estas prácticas forman parte habitual de iniciativas de monitoreo público y se desarrollan dentro de los márgenes permitidos por las normas que rigen las audiencias de inmigración.

El informe obtenido por The Guardian añadió que un individuo habría instruido a participantes para recurrir a la violencia contra autoridades policiales. El texto no incluye material que sustente esta afirmación. La caracterización generó cuestionamientos entre especialistas en derechos civiles, que advirtieron el riesgo de atribuir “extremismo” a prácticas reconocidas como parte de la participación ciudadana.

El comunicado de Court Watch NYC sobre el espionaje del FBI

Court Watch NYC informó que comparte los enlaces a sus canales de Signal solo con personas capacitadas previamente y que mantiene acuerdos internos para no difundir información que identifique a las personas involucradas en los casos. “Nos solidarizamos con los grupos de vigilancia de los tribunales de inmigración afectados por esta infiltración y que han sido atacados por apoyar a nuestros vecinos ante la violencia perpetuada por el estado en los tribunales”, publicaron en Instagram.

La organización explicó que su presencia en tribunales busca dar seguimiento a prácticas institucionales y aportar registros de situaciones que afectan a comunidades migrantes. “Somos un grupo formado totalmente por voluntarios que lleva a los neoyorquinos a salas de tribunales de acceso público en toda la ciudad como testigos compasivos del daño que causa el estado carcelario”, agregaron.

Brad Lander, interventor de la ciudad de Nueva York y participante en actividades de observación judicial, vinculó la práctica a tácticas históricas de la agencia de inteligencia federal. Sostuvo que la intervención en grupos cívicos recuerda operaciones realizadas en décadas anteriores contra movimientos sociales.

“Observar las audiencias de los tribunales de inmigración es un acto legal y no violento, a diferencia de los secuestros por parte del ICE que hemos presenciado regularmente durante meses fuera de los tribunales”, dijo a The Guardian. “La vigilancia y la intimidación del corrupto Departamento de Justicia de Trump no nos impedirán estar presentes para proteger a nuestros vecinos y el Estado de derecho”, aseguró.

Otros analistas señalaron que el procedimiento del FBI se inscribe en una tendencia de catalogar actividades públicas como amenazas de seguridad. En este caso, la observación de procesos judiciales fue presentada como un riesgo pese a que se trata de audiencias abiertas, donde cualquier persona puede ingresar sin registro previo.

“La participación cívica básica no constituye una amenaza terrorista”, dijo Ryan Shapiro, director ejecutivo de Property of the People. “Que el FBI la trate como tal es otro ejemplo del profundo desprecio del régimen de Trump por incluso las libertades democráticas más elementales”, señaló.

Qué implica para los grupos proinmigrantes que el FBI acceda a chats cifrados

El uso de información de un chat cifrado con fines de vigilancia generó preocupación entre quienes trabajan en defensa de los derechos de las personas migrantes. La clasificación de los observadores como extremistas puede desalentar actividades fundamentales para el control ciudadano.

“Existe un riesgo significativo de enfriar y socavar este tipo de entornos de discusión privados”, aseguró Spencer Reynolds, defensor de las libertades civiles y exasesor principal de inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Reynolds señaló que estas operaciones pueden condicionar el ejercicio de derechos civiles.

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