Fin del TPS en USA: qué pasará con los más de 350 mil migrantes que pierden estatus y qué opciones les quedan
La resolución en el caso Mullin v. Doe determina que las decisiones del DHS son discrecionales y no están sujetas a revisión judicial
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LA NACION
La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos marca un cambio de gran alcance para cientos de miles de personas que vivían legalmente en ese país bajo el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). El fallo habilita al gobierno del presidente Donald Trump a poner fin a ese escudo para más de 350 mil haitianos y sirios, al tiempo que redefine el alcance de la revisión judicial.
TPS: qué resolvió la Corte Suprema y por qué afecta a más de 350 mil personas
La Corte Suprema de EE.UU. falló por seis votos contra tres a favor de la administración de Donald Trump en el caso Mullin v. Doe, una resolución que permite terminar el TPS para aproximadamente 350 mil ciudadanos de Haití y unos 4000 de Siria.
El programa de TPS fue creado por el Congreso de Estados Unidos en 1990 como un mecanismo de protección humanitaria destinado a ciudadanos extranjeros cuyos países atraviesan conflictos armados, desastres naturales u otras crisis extraordinarias.
Bajo esa figura, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) puede conceder permisos temporales para residir y trabajar legalmente en EE.UU. por períodos de seis, doce o dieciocho meses, con la posibilidad de renovarlos.
Según explicó Los Angeles Times, cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca, alrededor de 1,3 millones de personas de 17 países contaban con TPS. La decisión judicial sobre Haití y Siria podría terminar por afectar a la totalidad de ese universo, ya que sienta un precedente para futuras cancelaciones del programa.
Fin del programa: por qué el tribunal dio la razón al gobierno de Donald Trump
El eje de la disputa era determinar si los tribunales podían revisar la forma en que el Gobierno decidió cancelar las protecciones temporales. El American Immigration Council señala que tribunales inferiores frenaron previamente la eliminación del TPS al considerar que la administración no había seguido el procedimiento exigido por el Congreso.
Ese proceso contempla una evaluación entre distintas agencias federales para determinar si las condiciones en el país de origen realmente mejoraron antes de poner fin a la protección.
Sin embargo, la mayoría conservadora de la Corte Suprema concluyó que la ley limita la posibilidad de presentar demandas contra las “determinaciones” vinculadas al TPS, por lo que los jueces no pueden revisar si el secretario del DHS cumplió correctamente con esos procedimientos.
La resolución no afirma que el gobierno haya respetado todos los pasos previstos por la legislación. En cambio, sostiene que los tribunales carecen de competencia para analizar ese aspecto. En la práctica, esto significa que futuras decisiones para conceder o retirar el TPS quedarían prácticamente fuera del control judicial.
350 mil migrantes perderán protección: qué ocurrirá con su estatus migratorio
Una vez que la decisión entre en vigor durante los próximos días o semanas, muchos beneficiarios pasarán a estar en situación migratoria irregular por primera vez desde que ingresaron a EE.UU. Además, podrían perder la autorización de empleo que obtenían gracias al programa.
Entre los principales efectos previstos se encuentran:
- Pérdida del estatus legal otorgado por el TPS.
- Finalización del permiso para trabajar en EE.UU.
- Riesgo de quedar en condición migratoria irregular.
- Posibilidad de enfrentar procesos de deportación si no cuentan con otra vía legal para permanecer en el país.
La organización también sostiene que el fallo permitirá al gobierno volver a los tribunales federales para intentar revertir decisiones que anteriormente habían impedido cancelar el TPS para ciudadanos de países como Venezuela, Somalia y Etiopía.
Qué opciones quedan para los migrantes tras el fin del TPS
Salvo que el Congreso apruebe una legislación que otorgue un estatus migratorio permanente a los beneficiarios del TPS, cientos de miles de personas quedarán expuestas a perder tanto su autorización laboral como la protección frente a una eventual deportación.
El fallo tampoco impide que el gobierno evalúe otros países actualmente incluidos en el programa. Por el contrario, deja abierta la posibilidad de que la administración avance sobre nuevas cancelaciones sin que los tribunales puedan revisar si el procedimiento administrativo respetó todas las exigencias legales.
Todavía permanecen bajo TPS cerca de 300 mil personas cuya protección no expiró o aún no fue cancelada. Entre ellas figuran casi 200 mil ciudadanos de El Salvador, que mantienen ese beneficio desde hace más de 25 años, y alrededor de 50.000 ucranianos incorporados tras el inicio de la guerra con Rusia.
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