Freno a Donald Trump: la orden judicial que protege a un grupo de “migrantes invisibles” en los juicios de deportación

Un juez federal ordenó este lunes reinstaurar una política clave de protección legal para personas mentalmente incapacitadas en procesos de deportación en Estados Unidos. La decisión exige al gobierno de Donald Trump reactivar un programa que permitía designar abogados en casos donde los extranjeros detenidos no podían representarse por sí mismos. El fallo representa un freno a una de las medidas más controversiales de la actual administración en materia migratoria.

Trump: una orden judicial obliga a restituir asistencia legal para estos migrantes

El fallo del juez Amir Ali, del Tribunal del Distrito de Columbia, instruyó a la fiscal general Pam Bondi, a la secretaria Kristi Noem y a los Departamentos de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a implementar las acciones necesarias para restablecer el programa. La resolución apunta directamente contra la decisión tomada por la Casa Blanca en abril, cuando suspendió el mecanismo con una justificación ampliamente criticada por las organizaciones defensoras de los migrantes.

Según el magistrado, los funcionarios eliminaron la ayuda sin tener en cuenta su impacto en la administración de justicia ni en las personas detenidas que, por su estado mental, no pueden enfrentar por sí solas un proceso judicial complejo. En tanto, la reciente decisión judicial obliga al restablecimiento de la política que habilita a los tribunales de inmigración a asignar abogados calificados para representar a estos extranjeros en audiencias de fianza y deportación.

¿Quiénes quedan protegidos por esta medida?

La orden judicial beneficia a una población que suele quedar invisible dentro del sistema migratorio: personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), sin representación legal, que no están en condiciones mentales de comprender su situación ni defenderse. La medida busca garantizar que cuenten con una asistencia adecuada para ejercer sus derechos, incluso si no pueden pagar un abogado.

El programa que Donald Trump eliminó por “conveniencia”

Este programa fue creado en 2013 bajo el gobierno de Barack Obama. A pesar del consenso bipartidista que lo respaldó durante casi dos décadas, el gobierno de Trump anunció su finalización en abril de 2025.

En ese entonces, la administración alegó motivos de “conveniencia” para desmantelarlo, sin brindar detalles sobre cómo sería reemplazado. El DOJ canceló contratos en todo EE.UU. con las organizaciones que llevaban adelante las tareas de asistencia, lo que implicó que estos grupos no solo perdieran su financiación, sino que además se les impidiera acercarse a los inmigrantes detenidos. Estas entidades calificaron la acción como “arbitraria, caprichosa y contraria a la ley” y fueron las que impulsaron la demanda que derivó en el reciente fallo judicial.

Además de esta ayuda, el gobierno también puso fin en abril a otros programas de propósitos similares, como el Programa de Orientación Legal (LOP, por sus siglas en inglés), el Programa de Orientación Legal para Grupos Familiares, el Servicio de Ayuda del Tribunal de Inmigración y la Iniciativa de Asesoramiento para Niños.

Según informó en aquel entonces el DOJ, el objetivo era federalizar esos programas. Sin embargo, expertos advirtieron que eso implicaría que el mismo organismo que intenta deportar a las personas también sería el encargado de explicarles sus derechos, lo que generaría un conflicto de intereses.

El trabajo de estas organizaciones alivianaba la carga de los tribunales y permitía que muchos extranjeros comprendieran sus opciones antes de enfrentar una audiencia. Ahora, con la nueva orden del juez Ali, al menos uno de los programas eliminados por la Casa Blanca volverá a funcionar.

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