Ganó Trump: qué datos de los migrantes puede compartir Medicaid con el ICE, tras el fallo de un juez
A pesar de dar el visto bueno, el magistrado puso la lupa sobre la información adicional que solicitó la agencia federal
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Un fallo judicial volvió a habilitar a la administración Donald Trump a utilizar información sensible para su política migratoria, aunque con límites precisos. Una decisión firmada por un juez federal de California permitió el intercambio de ciertos datos de Medicaid con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), después de meses de bloqueo judicial.
El ICE accederá a ciertos datos de Medicaid: qué establece este nuevo fallo
El juez federal Vince Chhabria, del Distrito Norte de California, resolvió que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) actuaron dentro de la ley al autorizar el intercambio de datos básicos de beneficiarios de Medicaid con fines de control migratorio.

La decisión, fechada el 29 de diciembre de 2025, rechazó en parte el pedido de los estados demandantes para frenar por completo esa práctica y habilitó al ICE a volver a utilizar información proveniente de programas de salud pública en investigaciones de inmigración a partir del 6 de enero de 2026.
El magistrado consideró que, en lo referido a ciertos datos elementales, las agencias federales explicaron de manera suficiente por qué modificaron su política previa, que durante años evitó usar información de Medicaid para tareas de inmigración.
Qué información básica de Medicaid quedó habilitada para el ICE
La resolución judicial delimitó con precisión qué datos pueden ser compartidos entre los organismos federales. Según el fallo, el intercambio permitido se restringió exclusivamente a información considerada básica, de identificación y contacto, siempre que corresponda a personas que se encuentren en Estados Unidos sin estatus migratorio legal y que reciban beneficios de Medicaid administrados por los estados.

Entre los datos que el juez autorizó a compartir se encuentran:
- Ciudadanía y estatus migratorio
- Dirección domiciliaria
- Número de teléfono
- Fecha de nacimiento
- Número de identificación de Medicaid
Chhabria explicó que este tipo de información ya es exigida por ley a los migrantes en distintos trámites ante el DHS, por lo que su utilización no implicó una expansión ilegítima del poder del gobierno federal.
Además, remarcó que existen normas específicas del Congreso que obligan a otras agencias a poner a disposición del DHS datos sobre identidad y localización de personas extranjeras cuando se solicita formalmente.
Qué información de Medicaid quedó expresamente prohibida compartir con el ICE
Aunque la decisión representó una victoria para la administración Trump, el juez también fijó límites estrictos. Chhabria concedió la medida cautelar solicitada por los estados en todo lo que exceda la información básica autorizada y cuestionó con dureza la vaguedad de las nuevas políticas federales.

En particular, el fallo bloqueó cualquier intento de compartir:
- Historiales médicos o datos clínicos sensibles
- Información no especificada o solicitada “caso por caso” sin criterios claros
- Datos de ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes
- Información de hogares con estatus migratorio mixto
El magistrado sostuvo que las políticas del ICE no explicaron de manera coherente por qué necesitarían acceder a información adicional ni cuáles serían los riesgos de compartirla. Incluso planteó que resultaba difícil imaginar un uso legítimo de datos médicos detallados para tareas de control migratorio.
Un triunfo parcial para Trump en materia migratoria
Desde la administración Trump celebraron la resolución como un respaldo a su política migratoria. Según destacó Politico, la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, calificó el fallo como “una victoria para el Estado de derecho y para los contribuyentes estadounidenses”, en línea con la postura de la Casa Blanca de ampliar las herramientas disponibles para las deportaciones.
La orden judicial permanecerá vigente hasta que concluya el proceso o hasta que el gobierno emita nuevas políticas que expliquen de manera detallada y justificada por qué necesitaría acceder a información adicional.
Hasta entonces, el alcance del intercambio de datos quedó limitado a un conjunto reducido de elementos.












