Nueva presión judicial para Trump: cómo sigue la pulseada para regresar a cientos de venezolanos deportados a El Salvador
Juez Boasberg ordenó al gobierno de EE.UU. aclarar si financió el encarcelamiento de extranjeros en El Salvador o gestionó repatriaciones; esto se da en el marco del uso de la Ley de Enemigos Extranjeros
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LA NACION
Un juez federal en Washington D.C. exigió al equipo legal del presidente Donald Trump que, en una semana, identifique y brinde información sobre sus esfuerzos para repatriar a más de un centenar de migrantes venezolanos expulsados hacia El Salvador. La medida se convirtió en el capítulo más reciente de una serie de demandas que apuntan contra el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar la deportación de personas sin antecedentes penales, muchas de ellas bajo custodia estadounidense.
Una deportación masiva sin revisión judicial: los argumentos del juez contra Trump
El 15 de marzo, el gobierno de Trump ordenó el traslado aéreo de 261 personas desde suelo estadounidense hacia El Salvador. En total, se documentaron tres vuelos que partieron a pesar de una orden judicial que prohibía expresamente su despegue.
Entre los pasajeros se encontraban:
- 23 ciudadanos salvadoreños, incluido Kilmar Ábrego García, detenido previamente en Maryland.
- 238 migrantes venezolanos, acusados de, presuntamente, formar parte de la banda criminal conocida como Tren de Aragua.
De ese grupo, 137 venezolanos permanecen encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión salvadoreña de alta seguridad con condiciones extremas de reclusión.
Según The Washington Post, el juez James E. Boasberg, con sede en la capital estadounidense, exigió al gobierno de Trump que revele cualquier documento que describa los acuerdos establecidos entre Estados Unidos y El Salvador sobre la detención de estos ciudadanos.
El magistrado también solicitó que el presidente de Estados Unidos se indique si:
- EE.UU. solicitó formalmente la repatriación de los venezolanos detenidos.
- El gobierno estadounidense financió su encarcelamiento en el Cecot.
- El Salvador procesó penalmente o solicitó la deportación de alguno de los detenidos.
Venezolanos deportados a El Salvador: el rol central del habeas corpus y el control judicial
El eje de la disputa legal gira en torno al derecho de los migrantes a solicitar revisión judicial antes de su deportación, a través del mecanismo del habeas corpus. Aunque la Corte Suprema determinó recientemente que los acusados deben presentar sus reclamos en cortes federales cercanas al lugar de detención, no se resolvió la situación de quienes ya fueron expulsados.
Este vacío legal afecta directamente a los venezolanos enviados a El Salvador, quienes ahora buscan amparo judicial desde el exterior, algo que solo será posible si se demuestra que continúan bajo control estadounidense.
Según el medio citado, las organizaciones que representan a los migrantes, entre ellas la Democracy Forward Foundation, insistieron en que Estados Unidos conserva el control efectivo sobre los reclusos venezolanos. Para ello, citaron declaraciones como las del vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa, quien afirmó que su país ofrece un “servicio” al gobierno norteamericano al custodiar a los expulsados.
En paralelo, se puso en evidencia que el presidente Trump afirmó, durante una entrevista, que podría facilitar el regreso de Abrego García “si quisiera”, lo que, para los abogados de los demandantes, prueba la capacidad operativa del gobierno de EE.UU. para revertir las expulsiones.
La postura de Trump: acusaciones cruzadas y el velo del “secreto de Estado”
La defensa legal del gobierno de Trump insistió en que entregó una gran cantidad de documentos, pero evitó divulgar ciertos detalles. Para eso, se amparó en supuestos riesgos para la seguridad nacional. En sus alegatos, sostuvo que compartir información sobre las gestiones diplomáticas con El Salvador podría dañar la relación entre ambos países.
Sin embargo, los representantes de Ábrego García respondieron que no existe ninguna operación militar ni de inteligencia en curso, por lo que el argumento del “secreto de Estado” resulta infundado.
“El hecho de que el propio gobierno haya difundido públicamente detalles sobre el caso, en entrevistas, audiencias y redes sociales, demuestra que no se está protegiendo información sensible”, expusieron los abogados.
De acuerdo con los documentos judiciales, la expulsión de Ábrego García se originó en un “error administrativo”, reconocido por el propio Departamento de Justicia. No obstante, Trump y sus asesores se negaron sistemáticamente a facilitar su regreso, al sostener sin pruebas que se trata de un criminal violento.
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