Qué pasa si estoy embarazada y doy a luz en Estados Unidos: ¿mi hijo será ciudadano por nacimiento?

La orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que hace cambios en la ciudadanía por derecho de nacimiento, ha generado confusión e incertidumbre en las mujeres embarazadas que viven en Estados Unidos y no tienen un estatus legal. En medio del debate, surgen dudas con respecto a qué pasará con sus hijos y si ellos obtendrán la nacionalidad estadounidense.

En su primer día en el cargo, Trump emitió el decreto que busca poner fin a derecho respaldado por la Constitución y la 14ª Enmienda que precisa: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen”.

Qué dice la orden de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento

La orden ejecutiva indica que la 14ª Enmienda siempre ha excluido de la ciudadanía por derecho de nacimiento a las personas que no “están sujetas a su jurisdicción”. Asimismo, que esa categoría corresponde a cuando la madre está presente ilegalmente en el país o cuando la presencia de la madre es legal, pero temporal, y el padre no es ciudadano ni residente permanente legal.

También establece que las agencias federales no deben emitir documentos que reconozcan la ciudadanía estadounidense a niños nacidos de madres que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos o con un estatus legal temporal, como visas de trabajo o de estudiante, a menos que el padre sea titular de una green card o ciudadano.

Organizaciones y estados se oponen al decreto del presidente

A solo unos días de darse a conocer el decreto, 22 estados liderados por demócratas, junto con el Distrito de Columbia y la ciudad de San Francisco, presentaron demandas bajo el argumento de que Trump viola la Constitución de Estados Unidos. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), organizaciones de inmigrantes y una futura madre, también iniciaron una batalla judicial en contra de la nueva administración.

La oficina de la fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbel, explicó en un comunicado que si se permite que la orden siga en pie, negaría por primera vez el derecho a la ciudadanía a más de 150 mil niños nacidos anualmente en EE.UU.

Por su parte, la ACLU indicó: “Esta orden pretende repetir uno de los errores más graves de la historia estadounidense, al crear una subclase permanente de personas nacidas en Estados Unidos a las que se les niegan todos los derechos como estadounidenses”.

La organización sumó: “No permitiremos que este ataque contra los recién nacidos y las futuras generaciones de estadounidenses tenga éxito”. La organización también señaló que la orden estigmatizará y enviará un mensaje de exclusión no solo a los niños directamente afectados, sino a muchos otros cuya ciudadanía será cuestionada debido a su raza o a sus padres.

Un juez federal bloquea la orden de Trump

Este jueves, durante una audiencia en respuesta a una demanda presentada por cuatro estados (Washington, Arizona, Illinois y Oregon), el juez John C. Coughenour presentó un fallo temporal que bloquea la orden de Trump de cancelar la ciudadanía por derecho de nacimiento.

“Esta es una orden flagrantemente inconstitucional”, dijo el juez Coughenour, de acuerdo con Seattle Times. “Llevo en el banquillo más de cuatro décadas y no recuerdo otro caso en el que la cuestión planteada sea tan clara como en este”.

Qué pasará con las mujeres embarazadas y sus hijos

Si bien las agencias federales deberán cumplir con la orden del presidente, la ACLU advierte que solo las enmiendas constitucionales, no los decretos ejecutivos ni la legislación, pueden cambiar la Constitución. “Como ni siquiera el Congreso podría alterar el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento, un presidente ciertamente no puede hacerlo mediante una acción ejecutiva unilateral”, añaden.

De acuerdo con la organización, la 14ª enmienda garantiza que ningún político pueda decidir quién de los nacidos en EE.UU. es digno de obtener la ciudadanía. Desde su perspectiva, frente a las amenazas de la administración Trump, las protecciones constitucionales “siguen salvaguardando los derechos de todas las personas nacidas en este país”.

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