Revés para el Uscis: nuevo fallo ordena reanudar solicitudes migratorias y podría marcar un precedente en EE.UU.
Una decisión judicial suspendió la aplicación de políticas que mantenían detenidos distintos trámites
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El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Ohio ordenó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) volver a procesar solicitudes migratorias que permanecían paralizadas por disposiciones administrativas. La resolución fue emitida el 6 de julio por el juez Algenon L. Marbley.
Qué cambia para las solicitudes migratorias
La medida judicial, que se dio en el marco del caso John Doe 1 v. Joseph B. Edlow, suspende de forma preliminar la aplicación de tres directrices internas utilizadas por la agencia para detener la resolución de beneficios migratorios. Esto impacta a los ciudadanos de países incluidos en las restricciones de viaje establecidas durante el gobierno de Donald Trump.

El magistrado concluyó que los demandantes demostraron suficientes fundamentos para sostener que esas políticas podrían ser incompatibles con la legislación federal que regula el funcionamiento de las agencias administrativas.
“Este tribunal determina que los demandantes probablemente tengan éxito en los méritos de sus reclamos bajo la Ley de Procedimiento Administrativo por retención ilegal y demora irrazonable, por falta de procedimientos de notificación y comentario, y por exceder la autoridad", dijo Marbley en el fallo.
Como parte de la orden, el Uscis deberá retomar el análisis de las solicitudes presentadas por los demandantes en:
- Residencia permanente (formulario I-485)
- Documentos de viaje (I-131).
Además, el tribunal fijó un plazo de 30 días para resolver los trámites de autorización de empleo (I-765) incluidos en la demanda. En los casos vinculados con programas de Capacitación Práctica Opcional, la agencia deberá ajustar la vigencia de los permisos para compensar el tiempo perdido durante la suspensión.
La resolución también ordenó entregar de inmediato un permiso de trabajo que ya había sido aprobado, pero permanecía retenido debido a la aplicación de las políticas cuestionadas.
Los argumentos del fallo contra las políticas del Uscis
El juez sostuvo que existe una probabilidad de que el Uscis haya incumplido la Ley de Procedimiento Administrativo al mantener suspendidos los expedientes durante un período indefinido. Entre los fundamentos, indicó que las agencias federales tienen la obligación de resolver los asuntos sometidos a su consideración dentro de un plazo razonable.
Además, señaló que una paralización sin fecha de finalización puede constituir una demora contraria a la ley.

El juez también cuestionó la relación entre las restricciones de ingreso al país norteamericano y la suspensión de beneficios para personas que ya se encontraban legalmente dentro de EE.UU. El magistrado criticó la forma en que la administración Trump se ampara en la seguridad pública para aplicar sus políticas restrictivas.
“La lógica de examinar a los nacionales extranjeros que están fuera del país no tiene sentido cuando se aplica de manera indiferenciada a los demandantes, que ya están en el país“, argumentó.
Cuáles son las políticas migratorias que quedaron bajo revisión
El litigio se centra en la Alerta de Política PA-2025-26 y en los memorandos PM-602-0192 y PM-602-0194, emitidos entre noviembre de 2025 y enero del presente año. Estas disposiciones instruían al personal del Uscis a detener la resolución de distintos beneficios migratorios para ciudadanos de determinados países alcanzados por proclamaciones presidenciales relacionadas con restricciones de viaje.

También las medidas establecían que la nacionalidad debía considerarse como un elemento de peso durante la evaluación de algunos trámites. Esto afectaba procedimientos como:
- Solicitudes de residencia permanente
- Documentos de viaje
- Permisos de trabajo
- Reemplazos de tarjetas de residencia
- Procesos de asilo
- Revisiones de beneficios previamente concedidos
La reciente decisión del tribunal de Ohio se suma a resoluciones similares dictadas por jueces federales en otros estados que también limitaron la aplicación de estas políticas migratorias.
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