Revés para Noem: un juez anula su “memo secreto” y ordena al ICE permitir el ingreso de legisladores a los centros de dentención
El DHS había aprobado internamente una medida que exigía siete días de aviso previo para cualquier congresista que quisiera realizar tareas de control
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LA NACION
El intento de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por reinstalar una regla que limita las visitas de supervisión del Congreso a centros de detención migratoria sufrió un duro revés judicial. Una jueza federal de Washington suspendió de manera temporal el memorando emitido el 8 de enero de 2026, que, según la magistrada, vulnera una prohibición legal clara: el uso de fondos federales para impedir que legisladores ingresen a instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) con fines de control institucional.
El conflicto que vuelve a los tribunales: ingreso de los congresistas a centros de detención
La decisión fue firmada el 2 de febrero por la jueza federal Jia M. Cobb, del Tribunal de Distrito de Columbia, quien ya había bloqueado una versión previa de la misma política en diciembre de 2025. En esta oportunidad, la magistrada concedió una orden de restricción temporal a favor de 13 miembros de la Cámara de Representantes que demandaron al ICE y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) por exigirles un aviso mínimo de siete días antes de hacer visitas de supervisión a centros de detención de personas migrantes.
Según Democracy Foward, los 13 representantes, todos miembros del Partido Republicano, beneficiados por el fallo son:
- Jason Crow (Colorado)
- Joe Neguse (Colorado)
- Jamie Raskin (Maryland)
- Bennie G. Thompson (Mississippi)
- Veronica Escobar (Texas)
- Daniel S. Goldman (Nueva York)
- Adriano Espaillat (Nueva York)
- Jimmy Gómez (California)
- Raúl Ruiz (California)
- Norma Torres (California)
- Robert Garcia (California)
- Jpsé Luis “Lou” Correa (California)
- Kelly Morrison (Minnesota)
En su orden, la jueza dejó en claro que el nuevo intento del Ejecutivo no logra sortear los problemas legales ya identificados. Aunque el memorando de Noem buscó apoyarse en un cambio de fuente de financiamiento, el tribunal concluyó que, al menos de manera preliminar, la política sigue siendo aplicada con recursos sujetos a una restricción presupuestaria conocida como Sección 527, incluida en las leyes anuales de asignaciones del DHS.
Qué decía el memorando de Kristi Noem
El documento firmado por la secretaria de Seguridad Nacional el 8 de enero de 2026 intentaba “reinstituir” el requisito de aviso previo de siete días para los congresistas que quisieran ingresar a instalaciones del ICE.
Noem reconocía expresamente la existencia del fallo judicial de diciembre, pero sostenía que la nueva versión de la política sería implementada y aplicada exclusivamente con fondos provenientes de la llamada One Big Beautiful Bill Act, una ley de reconciliación presupuestaria aprobada en 2025 que no incluye la Sección 527.
Según esa argumentación, al cambiar la fuente de los recursos, el gobierno quedaría liberado de la prohibición que impide usar dinero federal para obstaculizar la supervisión legislativa. Sin embargo, la jueza Cobb consideró que esa afirmación no estaba respaldada por hechos concretos y que, en la práctica, resulta extremadamente difícil, si no imposible, separar el uso de fondos de manera tan precisa como plantea el Ejecutivo.
Qué le ordenó concretamente el tribunal a Noem
La resolución judicial establece una serie de medidas claras y de aplicación inmediata:
- Prohíbe temporalmente al ICE y al DHS exigir aviso previo a los 13 legisladores demandantes para hacer visitas de supervisión.
- Ordena permitir el ingreso inmediato de esos congresistas a cualquier instalación operada por o para el DHS que aloje personas migrantes.
- Fija un plazo máximo de 14 días para la vigencia de la orden, sujeto a una posible extensión o a nuevas decisiones del tribunal.
- Rechaza, por ahora, suspender la orden ante una eventual apelación del gobierno, al tratarse de una medida temporal no apelable.
El revés judicial no cierra la disputa con el DHS
Aunque la decisión representa un claro revés para Kristi Noem y la estrategia del gobierno, el conflicto está lejos de concluir. La jueza dejó pendiente el análisis de un pedido más amplio de suspensión de la política bajo la Ley de Procedimiento Administrativo, que podría derivar en una medida de mayor alcance.
Por ahora, el mensaje del tribunal es que cambiar la etiqueta del financiamiento no basta para eludir una prohibición legal expresa. Mientras tanto, los legisladores recuperaron la facultad de ingresar sin previo aviso a los centros del ICE, un punto central en la disputa sobre transparencia, supervisión y poder institucional en la política migratoria de Estados Unidos.
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