¿Trump puede eliminar la ciudadanía por nacimiento?: dos expertos explican por qué sería poco viable

La ciudadanía por nacimiento, consagrada en la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, es uno de los principios fundamentales del sistema legal estadounidense. Aprobada en 1868 tras la Guerra Civil, establece que “toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana”. Este principio fue ratificado en 1898 en el caso United States v. Wong Kim Ark, cuando la Corte Suprema decidió que un individuo nacido de padres extranjeros en Estados Unidos tiene derecho a la ciudadanía.

Sin embargo, con el correr de los años, fue objeto de debates políticos recurrentes, particularmente en el ámbito migratorio. El presidente Donald Trump reiteró su intención de eliminar este derecho mediante una acción ejecutiva, calificándolo de “absurdo”. Aunque su declaración generó controversia, expertos legales coinciden en que lograr este cambio requeriría enmendar la Constitución, un proceso complejo y prolongado.

Según consigna Telemundo, Donald Trump propuso recurrir a una acción ejecutiva para eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento. No obstante, según juristas como Joseph Malouf y Martin Gold, el presidente carece de la autoridad para modificar disposiciones constitucionales de manera unilateral. Mientras una orden ejecutiva tiene mayor peso legal, una acción ejecutiva no es suficiente para alterar principios establecidos por la Constitución.

Gold explicó que cualquier intento de cambio mediante acción ejecutiva probablemente generaría una controversia legal que acabaría siendo decidida por los tribunales. Aún así, hasta el momento, el precedente establecido por la Corte Suprema en 1898 sigue siendo válido.

Modificar la Constitución estadounidense es un proceso riguroso y requiere de apoyo significativo tanto a nivel federal como estatal. El Artículo 5 marca que se necesita la aprobación de dos tercios de la Cámara de Representantes y el Senado, además de la ratificación por tres cuartas partes de los legisladores estatales.

Malouf subrayó que un cambio de esta magnitud también requiere respaldo bipartidista, algo difícil de lograr en el contexto político actual. Añadió que la posibilidad de convocar una Convención Constitucional también es remota debido a las divisiones existentes en el Congreso y entre los estados.

Aunque la eliminación del derecho a la ciudadanía por nacimiento fue una promesa recurrente en discursos políticos, la realidad jurídica sugiere que es un objetivo poco viable. Incluso si se logra generar suficiente apoyo para enmendar la Constitución, el proceso tomaría años y enfrentaría numerosos desafíos legales y políticos.

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