Alerta migrantes en Nueva Jersey: la demanda del Gobierno contra Mikie Sherrill por limitar al ICE
El Departamento de Justicia de EE.UU. inició un proceso contra la gobernadora por no permitir arrestos en áreas no públicas
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LA NACION
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó una demanda contra el estado de Nueva Jersey y su gobernadora, Mikie Sherrill, luego de la firma de una orden ejecutiva que limita determinadas operaciones de agentes federales de inmigración (ICE) en instalaciones estatales. La acción legal marca un nuevo capítulo en el debate entre autoridades federales y estatales sobre el alcance de la aplicación de las leyes migratorias en Estados Unidos.
Por qué demandó el Departamento de Justicia a Nueva Jersey
Según el DOJ, la orden ejecutiva firmada por la mandataria estatal interfiere con la ejecución de las leyes federales de inmigración al restringir que oficiales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y otros funcionarios federales realicen arrestos en áreas no públicas, como centros penitenciarios y tribunales estatales.
La dependencia argumenta que este tipo de limitaciones obstaculiza operativos migratorios considerados legales bajo la normativa federal.
En un comunicado oficial, la fiscal general Pam Bondi sostuvo que el decreto estatal dificulta el trabajo de los agentes federales.
“Los agentes federales arriesgan sus vidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Nueva Jersey, y aun así, los líderes del estado implementan políticas diseñadas para obstruir y poner en peligro a las fuerzas del orden”, señaló.
La funcionaria agregó que los estados no pueden interferir deliberadamente con los esfuerzos del gobierno federal para detener y deportar a inmigrantes indocumentados que hayan cometido delitos.
De acuerdo con el documento judicial, la negativa de cooperación podría derivar en la liberación de personas condenadas por delitos graves que, en otras circunstancias, estarían sujetas a procesos de deportación.
Qué dice la orden ejecutiva de Nueva Jersey que limita al ICE
La Orden Ejecutiva No. 12, suscrita a mediados de febrero de 2026 por la gobernadora Sherrill, dispone que agentes del ICE no podrán utilizar propiedades estatales para llevar a cabo arrestos migratorios dentro de áreas no públicas, incluyendo centros penitenciarios administrados por el estado.
Además, la normativa contempla la creación de un portal digital para que residentes reporten interacciones con agentes federales. A través de este sistema, los ciudadanos pueden presentar denuncias o subir material audiovisual ante la Fiscalía General estatal.
El gobierno de Nueva Jersey también puso en marcha un sitio web informativo titulado “Conozca sus derechos”, disponible en 22 idiomas, que ofrece orientación sobre cómo actuar durante encuentros con autoridades migratorias. El portal incluye materiales descargables y recursos legales, sin importar el país de origen o el idioma del residente.
Qué dijo la gobernadora Mikie Sherrill sobre la demanda del DOJ
De acuerdo con Univision, la gobernadora defendió la legitimidad de la orden ejecutiva y cuestionó la decisión del gobierno federal de acudir a los tribunales. Sherrill afirmó que la medida busca establecer protocolos claros y estándares de seguridad cuando agentes federales operan en instalaciones estatales.
“El Gobierno federal debe centrarse en lo que ocurre ahora mismo, en lugar de atacar a estados como Nueva Jersey. Trabajar para mantener la seguridad de la gente”, expresó la mandataria.
Por su parte, el Departamento de Justicia informó que la fiscal general instruyó a la División Civil de la dependencia a identificar leyes, políticas y prácticas estatales o locales que, a su juicio, faciliten la violación de las leyes federales de inmigración o impidan operaciones migratorias autorizadas.
Dentro de esa revisión, la orden ejecutiva de Nueva Jersey fue incorporada a una lista de jurisdicciones consideradas “santuario” por el gobierno federal.
La disputa legal podría marcar un precedente relevante sobre los límites de la cooperación entre estados y autoridades federales en materia migratoria, un tema que continúa generando tensiones políticas y jurídicas en distintos puntos del país.
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