El condado que desafió a Kathy Hochul en Nueva York, colaboró con el ICE y ahora fue demandado
Nassau, bajo el liderazgo de un político republicano, tomó la decisión a principios del mandato de Donald Trump de adherirse al programa 287(g) que habilita a sus oficiales de policía a colaborar con las agencias federales
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LA NACION
Un acuerdo firmado entre el condado de Nassau, en Long Island, y la agencia federal de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) desencadenó una batalla legal y política en el estado de Nueva York. La decisión de este distrito, liderado por un republicano, de sumarse al controvertido programa 287(g) lo convirtió en el primero de la jurisdicción gobernada por Kathy Hochul en ir en contra de las políticas santuario asociarse oficialmente con la agencia federal desde la asunción de Donald Trump.
La demanda que desafía el acuerdo con el ICE: Nueva York contra Nassau
Un grupo de organizaciones comunitarias y de derechos civiles presentó el martes pasado una demanda contra el condado de Nassau y su Departamento de Policía, a los que acusó de extralimitarse en sus funciones al colaborar con el ICE, según informó The Washington Post. La denuncia fue radicada ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York y se convirtió en la primera que desafía legalmente un convenio de este tipo dentro del territorio estatal.
Entre los demandantes se encuentran el Centro de Refugiados Centroamericanos, la Diócesis Episcopal de Long Island y la organización Haitian-American Family of Long Island. Todas afirman que el acuerdo 287(g) permite a la Policía local actuar como agentes de inmigración, una función que, según argumentan, no les corresponde bajo la legislación vigente en Nueva York.
Además, sostienen que la aplicación del programa incrementó el temor entre las comunidades inmigrantes, lo que provocó que muchas personas eviten denunciar delitos o situaciones de abuso por miedo a ser detenidas y deportadas.
Melanie Creps, directora ejecutiva del Centro de Refugiados Centroamericanos, afirmó que “si los inmigrantes tienen miedo de llamar a la Policía, eso también pone en riesgo a los ciudadanos que viven al lado”.
Qué implica el programa 287(g): acuerdo entre Nassau y el ICE
El convenio entre Nassau y el ICE se firmó en febrero pasado y se enmarca dentro del programa federal 287(g), un mecanismo legal que habilita a agencias policiales locales a colaborar con la institución federal en tareas de identificación, detención y arresto de personas en situación migratoria irregular.
Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), este programa permite actuar a nivel local como un “multiplicador de fuerzas” en los operativos de control migratorio.
La portavoz de DHS, Tricia McLaughlin, defendió el acuerdo al asegurar que las acusaciones de perfilamiento racial son “repugnantes y categóricamente falsas”, y agregó que “el programa es fundamental para arrestar a inmigrantes ilegales con antecedentes delictivos en todo el país”.
La administración Trump promovió ampliamente esta herramienta como parte de su política de deportaciones masivas. Al dejar la presidencia Joe Biden, existían 135 convenios 287(g) vigentes en todo el país norteamericano. En los meses siguientes a la reelección, esa cifra escaló hasta los 719 acuerdos activos.
La respuesta del condado Nassau y la postura de Nueva York
Según informó el medio citado, el ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman, del Partido Republicano, respaldó firmemente el acuerdo. Su portavoz, Chris Boyle, sostuvo que el funcionario “confía en que todas las medidas tomadas para proteger a las comunidades del condado son legales y están debidamente autorizadas”.
La Policía del condado, señalada como codemandada en la denuncia, no emitió comentarios ante la consulta de los medios. Sin embargo, desde el gobierno estatal la reacción no fue tan favorable. Aunque la fiscal general de Nueva York, Letitia James, no intervino directamente en esta causa, su oficina publicó en su sitio web una advertencia sobre la legalidad de estos convenios.
Según la Procuraduría, “aún no está resuelto en la ley de Nueva York si los acuerdos permiten a las fuerzas estatales y locales efectuar detenciones migratorias”, y recomendó no adherirse a ellos.
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