Fue deportado a Guatemala, regresó a EE.UU. y vivió ilegalmente por 12 años: ahora el ICE lo detuvo en Nueva York
El hombre, arrestado en Airmont, tiene antecedentes penales que incluyen una condena por agresión en tercer grado, vandalismo y otra por actuar en perjuicio de un menor
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LA NACION
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo en Nueva York a Yoni Wilfredo Gregorio Ortiz, un ciudadano guatemalteco de 44 años que había sido deportado en 2013 y que reingresó ilegalmente a EE.UU., donde permaneció por 12 años. El arresto ocurrió el 23 de febrero en Airmont, según un comunicado de esa agencia federal.
Antecedentes penales del migrante deportado por el ICE
Gregorio Ortiz cuenta con condenas por distintos delitos. El 1° de septiembre de 2022, el Tribunal de la Villa de Spring Valley lo condenó por agresión en tercer grado. Más tarde, el 3 de junio de 2024, el Tribunal del Condado de Rockland lo declaró culpable de actuar en perjuicio de un menor y de vandalismo.
Al momento de su arresto, Gregorio Ortiz tenía una orden de detención pendiente por conducir en estado de ebriedad (DWI, por sus siglas en inglés). Actualmente, se encuentra bajo custodia en la cárcel del condado de Orange, en Goshen, Nueva York.
Deportación previa y reingreso ilegal a Estados Unidos
Ortiz ya había sido arrestado por la Patrulla Fronteriza el 10 de diciembre de 2012 tras ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Un día después, se ordenó su expulsión y fue deportado a Guatemala el 10 de enero de 2013. Sin embargo, volvió a entrar al país estadounidense sin ser inspeccionado por las autoridades migratorias.
“No solo Gregorio ha mostrado desprecio por nuestras leyes de inmigración al regresar ilegalmente tras haber sido deportado, sino que también ha demostrado un total desinterés por nuestras leyes penales”, remarcó William P. Joyce, director interino de ICE en Nueva York.
¿Cuál es la pena por reingresar ilegalmente a EE.UU.?
El reingreso ilegal a Estados Unidos puede acarrear sanciones severas, que van más allá de la simple deportación. Según la legislación federal, una persona que ingresa nuevamente a EE.UU. sin autorización enfrenta consecuencias que varían según su historial migratorio y penal.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. define la presencia ilegal como el tiempo que un individuo permanece en EE.UU. sin autorización o después de que expire su estadía permitida. En estos casos, se impone una prohibición de entre tres y diez años para solicitar una nueva visa. Sin embargo, cuando se reincide en la entrada ilegal, las sanciones se agravan con hasta dos años de prisión federal y multas económicas.
Si la persona ha sido condenada previamente por un delito grave en EE.UU. o acumula al menos tres condenas por delitos menores, la pena aumenta. En estos casos, puede recibir hasta 10 años de prisión, además de sanciones económicas.
Los modelos de colaboración del programa 287(g) entre ICE y las fuerzas estatales
El programa 287(g) permite que agencias estatales y locales trabajen junto al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en la aplicación de leyes migratorias. A través de acuerdos específicos, estas fuerzas pueden desempeñar funciones migratorias bajo la supervisión federal. Existen dos modalidades principales dentro del programa: los acuerdos de cárcel y los de Oficial de Servicio de Órdenes Administrativas (WSO, por sus siglas en inglés).
El modelo de cárcel capacita a los agentes locales y estatales para identificar a personas sin estatus migratorio regular en centros de detención. Además, pueden emitir órdenes de retención y coordinar su entrega a ICE. Hasta diciembre de 2024, 60 agencias policiales operaban bajo este esquema.
Por su parte, el modelo WSO otorga funciones más restringidas. En este caso, los oficiales solo pueden emitir órdenes administrativas de arresto y mantener bajo custodia a los detenidos hasta su transferencia a ICE, sin realizar arrestos migratorios directos. Actualmente, 75 agencias estatales y locales aplican este modelo.
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