Nueva ley de alquileres 2025 en Nueva York: lo que la comunidad latina debe saber antes de rentar una casa

Los alquileres en Nueva York sufrieron grandes cambios este año a raíz de la entrada en vigor de una ley que incluye protecciones para inquilinos y mayores responsabilidades para propietarios. A partir de esta normativa, que está vigente desde el 11 de junio, quienes compran una casa en el Estado Imperial deben atenerse a las nuevas reglas.

Con la entrada en vigor de la Ley de Equidad en los Gastos de Alquiler de Apartamentos (FARE, por sus siglas en inglés), los locadores tienen nuevas responsabilidades. La norma obliga a quienes compran un inmueble a informar sobre todos los honorarios y cargos que el arrendatario debe pagar en sus anuncios y contratos de alquiler.

Asimismo, la ley FARE prohíbe a los propietarios transferir a los posibles inquilinos los honorarios de sus agentes contratados. Sin embargo, no impide a los arrendadores cobrar comisiones a quienes deseen alquilar el inmueble por la verificación de antecedentes y crédito. En su sitio web oficial, el gobierno de Nueva York explica que los dueños de un departamento o una casa ahora son responsables en los siguientes casos:

• El agente del propietario cobra una tarifa a un locatario por rentar un apartamento.
• El agente de cotización cobra una comisión al inquilino por rentar un apartamento.

En ese sentido, las autoridades detallan que existe una presunción refutable de que un representante que publica un listado para el alquiler de un departamento lo hace con el permiso o autorización del dueño. El principal objetivo de la nueva legislación es aliviar la carga de las personas que desean rentar una vivienda.

Al margen de todas las responsabilidades especificadas anteriormente, la FARE también impone otras tareas para quienes poseen una casa. El gobierno estatal indica que los propietarios deben entregar una declaración detallada por escrito de todos los cargos que deben pagar los inquilinos.

Para avanzar con el alquiler, el interesado tiene que firmar la declaración antes de proseguir con el contrato. Por su parte, los arrendadores o sus agentes deben conservar el formulario firmado durante tres años y entregar una copia a la otra parte.

Si después de llevar a cabo una investigación, el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP) determina que un propietario infringió la ley, emitirá una citación. Una vez que esto sucede, el demandado tendrá la oportunidad de comparecer ante la Oficina de Juicios y Audiencias Administrativas de la Ciudad de Nueva York (OATH, por sus siglas en inglés) para defenderse de las acusaciones.

Las autoridades tendrán la tarea de confirmar los cargos o desestimar la denuncia. En caso de que lo encuentren culpable, el infractor recibirá una sanción civil y podrá ser obligado a pagar una restitución por cualquier tarifa ilegal cobrada al damnificado.

La ley crea también una causa de acción privada, que permite a las personas presentar una demanda en un tribunal civil. De este modo, cualquier ciudadano que considere que un propietario infringió la normativa al alquilarle el inmueble puede llevar a cabo una denuncia.

Además, las personas pueden presentar una queja en línea contra un arrendador o un agente inmobiliario a través de la plataforma del gobierno local.